La historia de los jóvenes que lideraron la nacionalización del cobre de Salvador Allende: “Era como un salto al vacío”

El 11 de julio de 1971 una de las promesas presidenciales de campaña del socialista Salvador Allende se materializó: la nacionalización del cobre. En Chuquicamata, la mina a rajo abierto más grande del mundo, lanzaron fuegos artificiales por la noche en medio del árido desierto en el norte chileno para celebrar la toma de posesión de la industria cuprífera que durante el siglo XX había estado en manos de Anaconda y Kennecott, empresas estadounidenses. El campamento era una fiesta. Lo que pasó en el tras bambalinas de esta operación mayúscula liderada por una generación que rozaba los 30 años y que no tenía experiencia en gerenciar firmas de sendos tamaños, las dificultades que tuvieron que sortear y las trágicas consecuencias que vinieron después es lo que relata el libro Chuquicamata 1970-1973, la nacionalización del cobre (Debate), publicado recientemente por la periodista y escritora Pascale Bonnefoy (60 años, Santiago).

La historia de la hazaña trastocó la vida familiar de Bonnefoy, académica de la Universidad de Chile. Esa fue una de las razones por las que quiso investigar uno de los pocos pilares del programa de Allende que sobrevivió a su mandato, que terminó con el golpe de Estado de Augusto Pinochet el 11 de septiembre de 1973.

Su padre, Claudio Bonnnefoy, fallecido en 2021 producto del derrumbe del edificio donde residía en Miami, era un abogado experto en derecho internacional. Durante el Gobierno de la Unidad Popular trabajó en la Corfo, la agencia de desarrollo estatal que tenía a su cargo la nacionalización de las principales industrias y el principal comprador de materiales en Estados Unidos para abastecer al sector público chileno. Sus conocimientos de las consecuencias que podía tener la expropiación de inversiones estadounidenses en el extranjero sin indemnizaciones, hicieron que en agosto de 1971 lo enviaran como asesor jurídico a la embajada de Chile en Washington. Su familia lo seguiría después. En los primeros meses de 1972, Anaconda y Kennecott presentaron las primeras demandas judiciales en Nueva York y lograron que los tribunales embargaran los bienes de entidades públicas chilenas, incluyendo sus cuentas, inmuebles y hasta aviones de la estatal Línea Aérea Nacional (LAN) Chile.

Los apuntes que dejó el padre de la escritora sobre aquel periodo, la revista semanal de Chuquicamata, una cincuentena de entrevistas a ejecutivos, supervisores y mineros de aquella época y torres de archivos fueron el material base del que tiró la autora. La obra relata cómo una vez que se aprueba la nacionalización del cobre se produce una huida de cientos de ingenieros estadounidenses con información clave y la escasez de profesionales chilenos para reemplazarlos; la politización de la administración; la rebeldía de los sindicatos ante los nuevos ejecutivos aunque pertenecieran a los mismos partidos políticos; los paros incesantes; la caída del precio de la materia prima; y las maniobras de Washington para asfixiar la economía chilena, entre otros conflictos.

¿Cómo lograron que el proyecto no fracasara? “No tuvieron opción”, plantea Pascale Bonnefoy en una cafetería del residencial barrio del municipio de Ñuñoa, en Santiago. “Era como un salto al vacío muy valiente. No tenía los recursos ni el personal capacitado. Gran parte de los supervisores se fueron y los que no, les hicieron la vida imposible con actos de sabotaje. Y para reemplazar a esa gente, tenían que echar mano a ingenieros recién titulados. Jefes de turno, que era el eslabón más bajo del rol A de supervisor, de repente eran jefes de departamento a los 23 años. No sé si la actitud era arreglarlo en el camino, confiarse en que lo podían hacer o tal vez no prever todas las dificultades que implicaba, porque una cosa es el discurso y otra cosa es hacerse cargo, pero algo que tenía que hacerse”, sostiene.

La autora achaca a esa manada de jóvenes una visión más que política, de conciencia de que el desarrollo del país completo dependía de que el proyecto obrero popular no fracasara. “Era una mirada bastante desprendida de sus intereses personales y de servicio público, cosa que no existe hoy en día”, apunta Bonnefoy. “Por otro lado, creo que sí había capacidad y tenían que lanzarse a la piscina para ponerlas a prueba y lo hicieron bien, a pesar de la cantidad de obstáculos que enfrentaron. El hecho de que se haya mantenido la producción ya era un éxito”, añade.

El 23 de febrero de 1970 Salvador Allende lanzó su campaña presidencial en Chuquicamata, donde prometió la nacionalización del cobre. El socialista, sin embargo, perdió en ese enclave minero contra Jorge Alessandri, independiente apoyado por la derecha. Las mujeres fueron las que dieron su mayor respaldo a la opción conservadora. “Creo que ni siquiera por un sentido político, sino porque como eran pequeños enclaves bien aislados del resto del país, con sus propias costumbres, con una cultura minera implementada por la multinacional de Estados Unidos, creo que había un gran temor a perder los beneficios. Porque incluso cuando los hombres iban a huelga o paro, a las mujeres les seguía llegando la compensación y con eso alimentaban a la familia”, explica la autora.

Los mineros no pagaban agua ni luz, solo comida por un valor subsidiado y una serie de complementos. Vivían en condiciones precarias, sin establecimientos educacionales de enseñanza media ni universidades, a cambio de un trabajo duro en una zona remota del país. “Todos los gobiernos siempre quisieron cuidar al minero porque el cobre era el principal producto de exportación y de ingreso al país, entonces no había que enojarlos. A pesar de eso hubo paros permanentes y por cualquier cosa. En todos los gobiernos”, comenta Bonnefoy. Allende, cuenta la autora, presentó una propuesta de incentivo a la producción que tenía una lógica a nivel circular, pero los trabajadores “no soltaban el pliego de peticiones”. “Pedían de todo, intransigentes de todo, sentí que eran como niños mimados”, añade.

Tras el golpe de Estado, algunos tuvieron la fantasía de resistirse, pero luego desistieron. La jefatura de plaza de Chuquicamata emitió un listado con trabajadores que debían presentarse ante las nuevas autoridades militares. Llegaron miembros del Grupo de Amigos del Presidente (GAP), del Partido Socialista, del Partido Comunista y del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR). El libro relata que casi todos fueron apresados, torturados y encarcelados. En las primeras dos semanas, fueron despedidos 53 supervisores y 67 obreros y empleados por su “activismo político”. Con el paso del tiempo, esas cifras aumentaron.

El 19 de octubre, el general Sergio Arellano Stark aterrizó en Calama en calidad de “oficial delegado” de Pinochet para agilizar los procesos en contra de los prisioneros, episodio que por su crueldad se conoció como la Caravana de la Muerte: el militar recorrió Chile en un helicóptero Puma para asesinar opositores. Su comitiva retiró a 26 detenidos de un penal de Calama, todos vinculados a Cobrechuqui, la compañía de Cobre de Chuquicamata, o la Empresa Nacional de Explosivos (Enaex) –que también se nacionalizó durante la Unidad Popular–, salvo un estudiante. Los hombres de Arellano los interrogaron mientras mutilaban sus cuerpos antes de fusilarlos. Luego, los trasladaron a una quebrada y los enterraron en una fosa.

“Cuando se hablaba de la Caravana de la Muerte en Calama, yo siempre pensé que eran dirigentes políticos, sindicales, sociales de la cuidad, y no. De las 26 víctimas de Calama, al menos 24 tenían directa relación con CobreChuqui o Enaex, entonces era muy dirigido a gente que tenía que ver más con la minería que con otra cosa o con el rol que habían cumplido ahí. Fue un final muy trágico”, relata Bonnefoy. En 1976 los militares exhumaron los cuerpos de los 26 asesinados y ocultaron sus restos en bolsas en otro sitio. Dos semanas después de aquello, los volvieron a sacar, los subieron a un avión de la Fuerza Área y los lanzaron al mar.