‘Caso audios’: la justicia chilena ordena prisión preventiva para Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago determina que el penalista ingrese a la cárcel Santiago 1, mientras la abogada a un centro penitenciario femenino. Ambos están imputados por soborno, lavado de activos y delitos tributarios

Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos.EL PAÍS / CORTESÍA

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago ha resuelto este martes acoger una medida cautelar de prisión preventiva solicitada por la Fiscalía en contra del influyente penalista Luis Hermosilla y la abogada María Leonarda Villalobos, por los delitos tributarios que habrían provocado un perjuicio a las arcas fiscales de Chile de más de 1.000 millones de pesos (1.100.000 dólares), lavado de activos y sobornos en el marco del Caso audios. La defensa de los imputados va a apelar la decisión. Para Luis Ángulo, esposo de la abogada, se ha determinado arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional. El escándalo estalló en noviembre de 2023, cuando la grabación de una reunión privada realizada en junio de ese año –más tarde se supo que quien grabó fue Villalobos– fue revelada por el medio de comunicación Ciper Chile: en ella se les escucha hablar de pagos a funcionarios públicos, junto al excliente de ambos, el empresario Daniel Sauer, detenido desde abril por otra causa relacionada: el caso Factop.

Tras nueve meses desde el destape del caso y cinco jornadas de audiencias, la jueza Mariana Leyton ha determinado que el imputado Hermosilla deberá permanecer en la cárcel Santiago 1 y Villalobos en un centro penitenciario femenino en el municipio de San Miguel. El 12 de septiembre se desarrollará una audiencia para determinar lugar de reclusión de ambos imputados. “Lo trascendente es que el Ministerio Público dio por acreditados todos los delitos por los cuales se formalizó y en los mismos términos”, dijo a la salida la fiscal Lorena Parra. La justicia chilena también dictó la semana pasada arresto domiciliario por cohecho a los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII), Patricio Mejías, y de la Tesorería General de la República (TGR), Renato Robles, precisamente, dos instituciones públicas que eran mencionadas en el audio.

El caso ha remecido a Chile y a su élite. Estalló la tarde del 14 de noviembre con la publicación del artículo de Ciper Chile “Aquí estamos haciendo una huevá que es delito”: el audio en el que Luis Hermosilla menciona pagos a funcionarios del SII y la CMF”. En ese tiempo Sauer, dueño del factoring Factop, era investigado por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y Villalobos, entonces una desconocida abogada, era quien, junto al Hermosilla, asesoraba al empresario. En abril pasado, con la Fiscalía encima, ella confesó ser la autora de la grabación. Sauer está en prisión preventiva junto a su hermano Ariel, y exsocio de ambos Rodrigo Topelberg por el caso Factop, otro escándalo financiero.

En la grabación que comenzó a pesquisar la Fiscalía Metropolitana Oriente, que lidera la fiscal Parra, se escucha a Hermosilla, Daniel Sauer, y a Villalobos mencionar pagos a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y de la CMF para obtener información. Justo estas dos instituciones estaban indagando en los negocios de los hermanos Sauer, controladores del factoring Factop y de la corredora de bolsa STF, por anomalías en sus operaciones. “Esto es un delito y es la única manera de hacerlo”, decía el jurista en la grabación realizada en secreto por Villalobos.

El presidente Gabriel Boric ha celebrado la decisión de la justicia tras conocerse la prisión preventiva: “Creo que es importante decirle a todo el pueblo de Chile que tal como estamos enfrentando con firmeza la delincuencia, el crimen organizado, el narcotráfico, a la corrupción, al tráfico de influencias también hay que enfrentarlo con mucha dureza”. El mandatario chileno ha remarcado que “no puede haber ciudadanos de primera y segunda clase, y la justicia y la ley tiene que ser igual para todos, así que qué bueno que los que se creían poderosos vaya también a la cárcel”.

El penal Capitán Yáber, localizado en Santiago, donde se esperaba que fuesen enviados los imputados, es destinado a internos que, por lo general, están imputados por delitos económicos y de alta connotación pública. Allí ya están detenidos, en el marco del caso Factop, los hermanos Daniel y Ariel Sauer Adlerstein, y su exsocio Rodrigo Topelberg.

La abogada defensora de Villalobos, Alejandra Borda, sostuvo que una medida cautelar de menor intensidad sería suficiente para “garantizar los fines del procedimiento”; mientras que Juan Pablo Hermosilla, penalista defensor de su hermano Luis Hermosilla, calificó la medida de “excesiva” dado que todavía no existe una condena. “Si Luis hubiera querido arrancarse [fugarse], hubiera arrancado hace mucho rato”, expuso el lunes, en la cuarta jornada de formalización de cargos.

Tras la filtración, Hermosilla, el protagonista del audio, dijo el pasado noviembre, que fue “objeto de una maniobra siniestra cuyos alcances” se develarían en transcurso del tiempo. Sin embargo, la fiscal Lorena Parra ha indicado que Villalobos, Angulo y Hermosilla, quienes tenían “conocimiento que el dinero de Factop y STF Capital provenía directamente de actividades ilícitas”, recibieron grandes montos de dinero desde estas empresas, los que fueron usados con “ánimo de lucro”.

A raíz de esta trama judicial se ha abierto una caja de pandora que ha salpicado a abogados, jueces y políticos, pues la Fiscalía tienen en sus manos los mensajes de WhatsApp de Hermosilla. Por ejemplo, en marzo, Sergio Muñoz Yáñez fue destituido como director general de la Policía de Investigaciones (PDI) –estuvo en prisión preventiva y con con arresto domiciliario– dado que en el ejercicio de su cargo habría filtrado información reservada al penalista sobre causas policiales desde 2021. También se han conocido conversaciones del abogado con senadores, jueces y gestiones para influir nombramientos en el Poder Judicial.

Hermosilla es un conocido penalista chileno, con lazos políticos transversales. Durante décadas fue un abogado ampliamente requerido en Chile. En 2023, antes del escándalo de los audios, encabezó la defensa de Miguel Crispi, jefe de asesores del presidente Gabriel Boric, en el contexto de las investigaciones por el denominado caso Convenios, un escándalo que golpeó con dureza al oficialismo. En noviembre de 2019 también defendió a Andrés Chadwick, exministro del Interior del segundo gobierno del Sebastián Piñera, de la derecha tradicional (2010-2014, 2018-2022). Hermosilla y Chadwick son amigos desde que eran estudiantes de derecho en la Universidad Católica y luego compartieron oficina en una ‘comunidad de techo’, la que Chadwick abandonó cuando estalló el Caso audios.

El nombre de Chadwick ha aparecido durante el caso porque mientras era defendido de la acusación constitucional, Hermosilla pidió un informe en derecho al profesor alemán Kai Ambos. Sin embargo, señaló la Fiscalía, como a noviembre de 2019 el penalista “no mantenía fondos suficientes en sus cuentas bancarias para cubrir los costos de dichas gestiones”, pidió a Sauer “de manera urgente financiamiento”. Así, el empresario depositó desde la corredora de bolsa STF Capital 25.000 euros a la cuenta de Ambos a un banco alemán. Para la Fiscalía, esos dineros podrían provenir de lavado de activos, dado su origen, al ser transferidos desde la cuestionada corredora de Sauer.

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