Entre el cálculo y la manipulación electoral: la relativización del voto obligatorio

En lo político, las últimas tres semanas estuvieron marcadas por la controversia acerca del pago de la sanción que hace efectivo el voto obligatorio. Como ha sido destacado por especialistas y evidencias internacionales, aunque esté establecido legalmente el voto obligatorio queda reducido a lo nominativo si no se acompaña de una sanción a quienes no concurran a sufragar. Al igual como en cualquier otra falta e incumplimiento de compromisos –como no responder el Censo o no pagar impuestos–, la sanción debe ser alta. De otra forma, no es posible asegurar que la ciudadanía cumpla con uno de los compromisos más básicos: la de elegir a sus autoridades y hacerse cargo de sus decisiones. La misma ciudadanía que apela a derechos y que demanda al Estado servicios y otros beneficios sociales.

Convengamos que el sufragio universal fue una conquista histórica que, desde mediados del siglo XIX, motivó el accionar de una serie de movimientos sociales, como el obrero y el de las sufragistas. Fue también el resultado de ciertas élites y grupos ‘progresistas’ que vieron en la apertura del sistema político e integración de los sectores excluidos, la oportunidad para debilitar y desplazar del poder a las oligarquías tradicionales preocupadas de sus privilegios. Hoy en día, la alta participación ciudadana se considera fundamental para la calidad y la sostenibilidad del sistema democrático, así como la mayor expresión de ejercicio de la soberanía popular. Mientras más participa la ciudadanía, mayor legitimidad y respaldo reciben las decisiones y autoridades electas. Asimismo, la participación sigue siendo el piso mínimo de integración en la sociedad.

El tema de la obligatoriedad había quedado zanjado en nuestro país antes del plebiscito de salida del primer proceso constituyente efectuado el 4 de septiembre de 2022, siendo reiterada para el plebiscito de diciembre de 2023. Pese a lo anterior, el ánimo y las intenciones entre los parlamentarios tendieron a cambiar cuando hubo que discutir la propuesta del Servicio Electoral (SERVEL) para enfrentar la megaelección de gobernadores, consejeros regionales, alcaldes y concejales a celebrar en octubre del presente año. El SERVEL propuso realizar la megaelección en dos días, dado los problemas que podría generar la masiva concurrencia considerando la vigencia del voto obligatorio desde 2022. En vez de resolver con rapidez, los parlamentarios se enmarcaron en una discusión que terminó derivando hacia el cuestionamiento de la obligatoriedad o no del voto y las condiciones para la participación de los extranjeros.

Las indicaciones introducidas en la Cámara de Diputados llevaron a los parlamentarios del Frente Amplio (FA) y del Partido Comunista (PC) a votar en bloque en contra de la sanción, iniciativa que contó con el respaldo de otros representantes del Socialismo Democrático y de díscolos que surgieron a última hora. En el Senado se volvió a reiterar la tendencia anterior. En medio de la controversia, el ministro Secretario General de la Presidencia, el socialista Álvaro Elizalde, añadió otras aristas –distinguir entre ‘ciudadanos’ y ‘votantes’ para los extranjeros residentes– generando con ello un verdadero enredo, que no pocos analistas consideraron intencional.

La decisión quedó en manos de una comisión mixta que repuso la idea de restablecer la sanción, sin definir un monto claro y sin resolver la condición de los extranjeros residentes. Al final se recurrió al veto del presidente de la República, quien redujo de manera considerable el monto de la sanción, al punto de transformarla en algo nominativo que, más que promover la participación, produce lo contrario. A todas luces, el veto denota una decisión errática por parte del gobierno, falta de convicciones sobre el significado de la participación y una medida populista que busca contrarrestar los efectos del alza del pago de la luz.

La controversia por la multa y el voto obligatorio, y en especial las posiciones adoptadas por parlamentarios del FA, del PC y del PS, pusieron en evidencia una serie de comportamientos que revisten especial preocupación. Por un lado, considerando la necesidad de enfrentar reformas al sistema político, que el gobierno ha ido postergando al priorizar en otros temas. Por otro, dada la importancia que los dirigentes de esos partidos –supuestamente– suelen dar a la participación ciudadana y a la ampliación de espacios de participación y de deliberación democrática.

1. Existe una experiencia en nuestro país respecto al impacto que trajo consigo el voto voluntario. Entre 2012 y 2021, la vigencia del voto voluntario acentuó los problemas de desafección con el sistema político y, al mismo tiempo, generó una clara segregación social entre los votantes. Las comunas de más altos ingresos registraron siempre mayores niveles de participación que aquellas de ingresos medio-bajo y bajo. El hecho de no contar con sanción efectiva trae la misma consecuencia que el del voto voluntario. Antes del 2012, existían evidencias internacionales y la advertencia que especialistas sobre los efectos del voto voluntario que no fueron tomadas en cuenta.

2. Para justificar el voto voluntario, previo a 2012, el progresismo liberal de la exConcertación, entre los que se contaban varios dirigentes socialistas en la actualidad en el Gobierno y en el Congreso Nacional, decían que sufragar debía ser un derecho que el Estado debía respetar sin imponer coacción alguna. Además, argumentaban que la participación voluntaria estimulaba la competencia, al obligar a los partidos a movilizar a los votantes y a generar propuestas programáticas alternativas. Nada de eso ocurrió. Por el contrario, aumentó la influencia del dinero en la política, como quedó evidenciado en las situaciones de corrupción denunciadas a partir de 2015. Varios especialistas advirtieron que, en relación a la competencia política y electoral, lo que realmente la estimulaba era una alta participación, el financiamiento público de las campañas y un mayor acceso a la información.

3. Las declaraciones de algunos personeros del oficialismo, entre ellos el diputado Gonzalo Winter del Frente Amplio, o el senador José Miguel Insulza del PS, dejaron relucir una suerte de ‘temor a los subordinados’. El mismo temor que antes era atribuido a los sectores oligárquicos, reaccionarios, o simplemente defensores de sus privilegios, ahora es manifestado por parlamentarios del PC, del FA, del PS y en menor grado por otros representantes del oficialismo. Ese ‘temor a los subordinados’ se reconoce al evitar una masiva participación de los sectores populares y, en especial, por el efecto que puede traer el voto de los inmigrantes.

4. La izquierda chilena –el PS antes de la primera mitad de los noventa, así como el PC y el FA en los últimos trece años– aprendió en el terreno universitario lo que significa controlar y manipular la participación en pos de sus propios intereses. Lo ha hecho en las federaciones y organizaciones estudiantiles, al controlar los quorum de elecciones y al imponer prácticas autoritarias en asambleas y otros espacios de deliberación directa. No por casualidad esa misma izquierda, en su momento, ha sido responsable de haber desincentivado la participación, junto con haber hecho sucumbir a las federaciones y demás orgánicas estudiantiles. Trasladar esas prácticas y malas experiencias al ámbito del sistema político y democrático, puede traer nefastas consecuencias para todo el país.

La apuesta del Gobierno respecto al voto, y del grueso de los partidos que conforman las dos coaliciones oficialistas, es riesgosa pensando en la necesidad de mejorar el sistema político. Al relativizar el voto obligatorio, se corre el riesgo de reproducir un esquema de exclusión y desafección ciudadana similar al experimentado por nuestro país entre 2012 y 2021.

En las últimas semanas se ha dicho que la discusión y las posiciones fueron asumidas con la calculadora en la mano. En realidad, ello es inherente a cualquier discusión sobre reforma y modificación de las instituciones democráticas, o de las fórmulas electorales y de distribución de cargos. Basta recordar lo sucedido con las reformas electorales aprobadas entre 1958 y 1962. Por el contrario, lo ocurrido en las últimas semanas saca a relucir otro hecho más preocupante aún, relacionado con la manipulación electoral. La literatura especializada en procesos electorales pone el acento en la importancia que reviste la trasparencia, la información y la ecuanimidad por parte del gobierno para de ese modo evitar la manipulación. Pero a su vez, también indica que es una forma (directa o indirecta) de manipulación el no disponer de normas claras –o que se alteren ad portas de una elección– en lo que atañe a la participación.

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