Ante ola de crímenes, Boric suspende su viaje a los Juegos Olímpicos y anuncia una nueva cárcel para el crimen organizado

La crisis de seguridad en Chile, desnudada tras 16 asesinatos en 48 horas, empuja al presidente chileno a tomar nuevas medidas contra la violencia

Elementos de la policía hacen guardia afuera del palacio presidencial de La Moneda en Santiago, Chile, en de agosto de 2023.Esteban Felix (AP)
Santiago de Chile -

El presidente chileno Gabriel Boric ha anunciado este jueves desde La Moneda, ante la ola de asesinatos ocurridos en Chile –16 homicidios en 48 horas, dos de ellos múltiples, que sumaron nueve muertos–, que ha suspendido su viaje a la inauguración de los Juegos Olímpicos en Francia, y ha anunciado la construcción de una nueva cárcel de alta seguridad, especialmente para líderes de bandas de crimen de organizado.

“He instruido la construcción de un nuevo recinto especial de alta y máxima seguridad, concretando lo que se venía trabajando desde hace tiempo por parte del Ministerio de Justicia” que lidera el abogado Luis Cordero, dijo Boric. El penal, explicó, estará destinado a “el control efectivo de los criminales líderes de las bandas organizadas”, aumentará en 500 las plazas actuales y tendrá un costo aproximado a los $90 mil millones (aproximadamente unos 96.000.000 de dólares).

La crisis de seguridad en el país sudamericano se ha agudizado ante la ocurrencia de asesinatos especialmente violentos que se han concentrado en la Región Metropolitana de Santiago, zona en la que el miércoles Boric reconoció que “existe un problema grave”. La ola de crímenes empezó el fin de semana, cuando cuatro adolescentes, que tenían entre 13 y 17 años, fueron acribillados en una plaza en Quilicura, en la zona centro norte de la capital chilena: recibieron más de 40 disparos desde un automóvil, que luego la policía encontró abandonado e incendiado. Y, el mediodía del martes, cinco extranjeros –cuatro hombres y una mujer –, murieron por impactos de balas en una fiesta de la comuna de Lampa.

Ejemplo de la gravedad de la situación es que el presidente ha debido referirse a los homicidios, de Lampa y Quilicura, en tres ocasiones: entre la tarde del martes, poco antes de abordar un avión a una visita oficial a Paraguay; el miércoles, desde ese país y luego al regresar a Chile. Los nuevos anuncios, que se suman a las otras medidas que su Administración comunicó hace 24 horas, Boric los ha realizado esta mañana de este jueves, después de encabezar una reunión del Gabinete Pro Seguridad, que se efectuó en La Moneda a las 07.00 horas de la mañana, y en la que participaron sus ministros de Interior, Hacienda, Justicia y Defensa.

“Como presidente de la República me he propuesto como meta reducir los homicidios que han venido en alza en nuestro país desde el año 2016 y, durante nuestro Gobierno, frenar y desarticular el ingreso y articulación de bandas de crimen organizado en nuestro país”, dijo. “El trabajo que se ha hecho hasta ahora no ha sido en vano”, agregó, y destacó que en 2023, los homicidios se redujeron en un 6%. “Sin embargo, esto no es suficiente, en particular, en la Región Metropolitana. Mientras exista una familia sufriendo producto de la delincuencia y el crimen organizado, como Gobierno no podemos estar tranquilos. Acá hay sentido de urgencia y responsabilidad”.

“Nuestro modelo no es el salvadoreño”

Chile tiene un penal con medidas restrictivas, el Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (REPAS), ubicado en el barrio del Centro de Justicia en Santiago, que fue reinaugurado por Boric en marzo del año pasado. Pero, en junio, enfrentó cuatro violentos e inéditos episodios de desórdenes y destrucción de sus dependencias protagonizados por 18 internos, gran parte de ellos son miembros de el Tren de Aragua, la banda transnacional del crimen organizado de origen venezolano que opera aproximadamente desde 2022 en el país sudamericano.

La idea de la construcción de un nuevo penal de extrema seguridad se venía fraguando hace meses, y el fiscal nacional, Ángel Valencia, había señalado en varias ocasiones que era necesario implementar un penal especial. Incluso, en marzo pasado, ante la crisis de seguridad, viajó a Italia para observar el modelo antimafia italiano.

En abril, en una entrevista con EL PAÍS, el ministro de Justicia de Boric, Luis Cordero, había señalado que, cuando se cerró el actual penal REPAS para su remodelación, “había un tipo de delitos, pero cuando la reabrimos el año pasado, había otros. Por eso hoy su foco es el crimen organizado. Hoy la mayor concentración de personas que hay allí son líderes de bandas, y el 60% son extranjeros”. Y, ante la pregunta de si se era factible levantar un nuevo penal, dijo: “El Gobierno es partidario de avanzar en este tipos de cárceles de máxima seguridad y régimen penitenciario para crimen organizado, y la evidencia hoy lo justifica. Pero requiere no sólo infraestructura, sino también de una regulación precisa”.

La zona donde podría, eventualmente, levantarse la nueva cárcel especial, es la misma que concentra a otros cuatro penales, en el sector de avenida Pedro Montt en el municipio de Santiago, donde hay un amplio paño de terreno. Allí están ubicadas, además del REPAS, la antigua Penitenciaría, la cárcel Santiago l y el anexo Capitán Yáber, que alberga principalmente a internos imputados por delitos económicos. En la misma área está situado el Centro de Justicia, un conjunto arquitectónico que alberga a tribunales penales, la Fiscalía Metropolitana Centro Norte y a la Defensoría Penal.

Tras el anuncio del mandatario, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, fue consultada por detalles del nuevo penal. “Nuestro modelo no es el modelo salvadoreño, pero es el modelo de alta seguridad que está internacionalmente validado y que creemos que nos puede dar mejores resultados”, señaló.

Y añadió que el modelo que se proyecta “hace referencia a las mejores experiencias de alta seguridad que hay en el mundo, que se conocen, están fundamentalmente en Europa, donde se ha logrando inhibir la articulación o la coordinación de quienes están cumpliendo penas para la comisión de delitos”. Y, también, “inhibir la posibilidad de que [los internos] puedan tomar control de esos penales, como lamentablemente sucedió en muchos lugares”.

Otras medidas de seguridad

La Administración de izquierdas también anunció otras medidas para reforzar la seguridad. Entre ellas, destaca la constitución de la fuerza de tarea especial para la Región Metropolitana de Santiago. Esta unidad de acción y seguridad se conformará mañana, viernes 19 de julio, y será convocada regularmente tres veces a la semana, mientras sea necesario, y en la que participarán el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Carabineros de Chile, PDI, el Ministerio Público, la Asociación Nacional de Inteligencia (ANI) y Gendarmería. También está previsto el reforzamiento de las cárceles de alta seguridad del país sudamericano, que consiste en sumar 100 plazas en la cárcel La Laguna, en la región de Maule, y otro centenar en Antofagasta. Este es un plan de infraestructura carcelaria que se desarrollará hasta el año 2030.

Adicionalmente, Boric anunció la creación de una fuerza especial en Gendarmería, que trabajará en las cárceles de alta seguridad bajo un régimen especial. Sus facultades especiales necesitarán de la aprobación del Congreso. Por último, el mandatario pidió al poder Legislativo la discusión inmediata de dos proyectos contra el crimen organizado; uno de inteligencia económica, para facilitar la ruta del dinero procedente de actividades ilícitas, y el otro destinado a fortalecer el sistema de inteligencia del Estado.

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