La Corte Suprema chilena suspende el juicio contra Los Gallegos, el brazo operativo del Tren de Aragua

La Corte Suprema de Chile ha ordenado este lunes la suspensión del juicio oral en contra de los supuestos integrantes de la banda de Los Gallegos, uno de los brazos operativos de la megabanda de origen venezolano Tren de Aragua, el que había comenzado durante esta misma jornada en la ciudad de Arica, en el extremo norte del país, a 1.600 kilómetros de Santiago. El proceso legal, que coronaba una extenso trabajo investigativo realizado por la Fiscalía y la policía, era considerado por las autoridades como uno de los más importantes en el combate contra el crimen organizado.

El máximo tribunal chileno ha confirmado de manera parcial una resolución de la Corte de Apelaciones de Arica, que el pasado miércoles acogió un recurso de protección en donde se solicitó la presencia de 19 de los acusados en la sala del Tribunal Oral en lo Penal de Arica para que pudieran mantener una comunicación fluida con sus abogados defensores. La medida había sido rechazada por la Fiscalía, que alertó sobre el riesgo que implicaría el traslado de los reos, los que están repartidos en prisiones de diversos puntos de Chile —uno de ellos está detenido en Puerto Montt, una ciudad ubicada a más de 3.000 kilómetros de Arica—, y que podrían aprovechar el operativo para darse a la fuga.

Durante el pasado viernes, la Corte Suprema acogió una orden de no innovar que autorizaba que, al menos, la primera jornada del juicio se desarrollara en la modalidad híbrida, con un grupo de imputados conectados de forma telemática. Este lunes, la Segunda Sala del mismo tribunal —integrada por los ministros Leopoldo Llanos, Jean Pierre Matus, la ministra María Cristina Gajardo, la abogada integrante Leonor Etcheberry y el abogado integrante Juan Carlos Ferrada— revisó el caso y consideró que en este primer día del proceso legal “se vulneraron las garantías de los imputados al no entregarse en la audiencia de factibilidad técnica a las defensas, la información sobre los motivos para realizar las audiencias de manera remota y sin la presencia de todos los imputados”.

En su pronunciamiento —que contó con los votos en contra del ministro Matus y del abogado Ferrada— se ha ordenado la realización de una nueva audiencia de factibilidad técnica, en donde revisen las solicitudes de la defensa. El fallo ha puntualizado los problemas de conexión y comunicación con los imputados, especialmente los que se encuentran recluidos en la Cárcel de Valparaíso. De acuerdo a la resolución, Gendarmería de Chile, el servicio a cargo de administrar las prisiones chilenas, deberá tomar las acciones para resolver estas dificultades.

El fiscal regional de Arica, Mario Carrera, ha explicado que en la nueva audiencia se analizará el informe entregado por los gendarmes, que recomendaba evitar el traslado de los reos para su participación presencial en el juicio. “Nosotros como Ministerio Público estamos y nos mantenemos en condiciones de realizar la audiencia y de presentar nuestras pruebas, como lo hemos estado haciendo desde hace bastante tiempo cuando presentamos la acusación”, ha declarado el persecutor.

Los 38 imputados —34 venezolanos y cuatro chilenos— son sindicados por múltiples delitos como secuestros, homicidios, trata de personas, tráfico de drogas, lavado de activos y porte de munición. La investigación al clan ha sido realizada por la Unidad de Análisis Criminal de la Fiscalía de Arica y la Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado de la Policía de Investigaciones (PDI). En la indagatoria se determinó que sus integrantes operaban en el Cerro Chuño, en Arica, un sector donde hay tomas de terrenos, es decir, ocupaciones ilegales. En ese mismo lugar, en mayo de 2023 se encontraron los cuerpos de dos hombres, los que fueron enterrados vivos.

En la acusación, el fiscal Carrera esperaba exponer antecedentes como los peritajes al armamento encontrado en los allanamientos realizados en la ciudad y los datos proporcionados por el libro contable que manejaba el grupo criminal. El persecutor ha pedido 11 presidios perpetuos, además de otras penas que suman más de 200 años de cárcel para 33 integrantes de la banda.

Durante la mañana de este lunes, el ministro de Justicia, Luis Cordero, había resaltado que este proceso legal era clave en la lucha iniciada por el Gobierno de izquierdas del presidente Gabriel Boric contra las organizaciones criminales. “Por las características que tiene, es probablemente el juicio más importante que ha abordado temas de crimen organizado en Chile. El despliegue y la forma en que realizó la investigación el Ministerio Público creo que es bien notable”, dijo la autoridad en una entrevista a ADN Radio.

Uno de los puntos más destacados de la primera jornada del suspendido juicio oral fue la designación de las defensas de los acusados. Dieciséis de los 38 imputados han recurrido al abogado privado Claudio Cofré, un exintegrante de Carabineros, la policía uniformada de Chile, que ya ha asumido la representación de otros integrantes del Tren de Aragua como Hernán Landaeta Garlotti, alias Satanás; Carlos González Vaca, alias Estrella; Zeus Velásquez Aquino, alias Zeuz; Juan Trejo Varguilla, alias Águila, y Daniel Elías Azuaje.

El desarrollo del juicio contra Los Gallegos había alertado a las autoridades locales de la región de Arica y Parinacota, quienes exigieron un reforzamiento en las medidas de seguridad. Carabineros instaló anillos para restringir la circulación de peatones y vehículos en los alrededores del penal ariqueño, e intensificó la vigilancia en el traslado de los imputados para evitar el peligro de fuga.

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