“La dictadura de Pinochet llegó a decir al mundo que Víctor Jara fue muerto por francotiradores”

El 28 de agosto, en la víspera de que Chile conmemore el 11 de septiembre los 50 años del golpe de Estado que derrocó al presidente socialista Salvador Allende (1970-1973), un fallo de la Corte Suprema ha provocado impacto internacional: siete militares en retiro del Ejército fueron condenados com...

El 28 de agosto, en la víspera de que Chile conmemore el 11 de septiembre los 50 años del golpe de Estado que derrocó al presidente socialista Salvador Allende (1970-1973), un fallo de la Corte Suprema ha provocado impacto internacional: siete militares en retiro del Ejército fueron condenados como autores del secuestro y homicidio del cantautor y referente de la música latinoamericana Víctor Jara, asesinado a golpes y balas en el Estadio Chile, en Santiago, cinco días después del bombardeo al palacio de La Moneda que derivó en la dictadura de 17 años de Augusto Pinochet (1973-1990). Aún hay más de 1.000 personas desaparecidas.

Ha sido una sentencia que los tribunales chilenos han emitido 50 años después del asesinato de Víctor Jara y del exdirector de Prisiones de Allende Littré Quiroga, y que cayó sobre sus autores —que no presentaban condenas previas— cuando tenían entre 73 y 86 años. Uno de ellos, el de mayor edad, el brigadier en retiro Hernán Chacón, se suicidó al día siguiente, cuando la policía le fue a notificar para que entrara a prisión. “Me parece terrible, muy lamentable por la familia. Es dramático. Me golpeó mucho cuando me enteré”, dice a EL PAÍS Nelson Caucoto, que desde 1999 ha sido abogado de la familia del autor de composiciones como Te recuerdo Amanda y El derecho de vivir en paz. Fue cuando la causa se reactivó después de estar cerrada por más de dos décadas, un derrotero judicial que se repitió en todas los casos de violaciones a los derechos humanos en Chile perpetradas tras el golpe.

Nelson Caucoto (Iquique, Chile, 1951) ha dedicado 47 años a representar a víctimas de violaciones a los derechos humanos de la dictadura de Pinochet: toda su carrera profesional. Por ello, ha sido tanto testigo como protagonista de la historia judicial de este tipo de casos desde 1976, cuando asumió su primera causa recién titulado en la Universidad de Concepción por la detención de Nicomedes Toro Bravo, quien se encuentra desaparecido hasta hoy. En 2023, prácticamente todas las semanas ha alegado ante la Corte Suprema las decenas de procesos que siguen abiertos y que han llegado a su etapa final. Además del crimen de Víctor Jara, ha sido querellante en cientos de casos, entre ellos el degollamiento en 1985 de tres militantes comunistas, las desapariciones de la Operación Colombo y el asesinato del diplomático español, Carmelo Soria.

Pero para llegar a este momento, en que los tribunales superiores han empezado a ratificar gran parte de las condenas a los exagentes de Pinochet, como muchos abogados de su área Caucoto debió perder durante tres décadas todos sus recursos judiciales. Esto, porque en los años 70, 80 y buena parte de los 90, cuando ya había llegado la democracia, una generación de jueces distinta a la actual o amnistiaba los casos o la justicia militar los pedía y sobreseía. Es lo que explica que aún existan muchos procesos vigentes, que fueron reabiertos después de 1998 cuando se presentaron cientos de querellas contra Pinochet tras su detención en Londres por orden de la justicia española por delitos de lesa humanidad.

De esos tiempos duros Caucoto tiene vivo el recuerdo de cuando partió, a los 26 años, en la Vicaría de la Solidaridad (1973-1990). Era un emblemático organismo que prestó asesoría a las familias de las víctimas en los años más cruentos de la dictadura y que ante las cortes de apelaciones chilenas sus abogados perdieron, “por lo bajo, más de 10.000 recursos de amparo” que interponían por las detenciones y desapariciones de partidarios de Allende. “Aprendí a leer los labios de los ministros [que integraban entonces las cortes de apelaciones]: ‘Ya viene este tal por cual a alegar puras tonteras’”, dice.

Ante las derrotas, recuerda, que el clima en la Vicaría era clave para sobrellevarlas. “Había espíritu de amistad, solidario, de acogida”, señala. “Yo perdí todo. Pero en derechos humanos tienes que tener una convicción distinta y al final puedes lograr cosas”. “Hay que tener una paciencia de santo”, dice el abogado.

Sin embargo, una vez Caucoto perdió esa “paciencia de santo”. Y fue precisamente en el caso de Víctor Jara, en el que representa a la viuda del cantante, Joan Jara y sus hijas Amanda y Manuela. “Lo primero que traté de buscar fue la información que el Estado de Chile entregó a la Comisión Interamericana [en 1974]: informó que Víctor Jara fue muerto por francotiradores. Y no era de un murmullo: ¡era del Estado de Chile a la Comisión Interamericana!”.

Agotado de oficiar a las Fuerzas Armadas para averiguar quién estaba al mando del Estadio Chile, donde junto al cantautor hubo más de 5.000 detenidos, en 2004 hizo un llamamiento público para obtener información y osó anunciar que pediría que se citara a declarar a la Junta Militar cuando Pinochet todavía estaba vivo (murió en 2006).

Aunque parece operado de los nervios, Nelson Caucoto eleva en un tono su voz al recordar, con una pasión que evoca la impotencia de esos años, cuánto costó que el crimen de Víctor Jara avanzara. “Fue tan difícil”, comenta. “Ni Carabineros, ni el Ejército, ni la Marina, ni la Aviación. Nadie tenía a su cargo el Estadio Chile... ¿Y qué informó el Estado Mayor del Ejército? Que era imposible determinar quién era el encargado, porque decían que hubo un mando rotativo de todos los días, de manera que no se sabía quién fue. Insistimos tanto y nunca nos dieron la información”.

Recuerda que se preguntaba, abrumado: “Si aquí hubo 5.000 presos, ¿cómo no vamos a tener testigos?”. Al final, rememora, tras ese llamamiento fueron surgiendo datos, lentamente, de exprisioneros políticos y luego de exconscriptos que estuvieron en ese recinto. “Llegaron los testigos por bandadas. Llamaron un montón de personas. Mandé una lista al juez y ahí comenzó la historia”.

Sobre los casos de derechos humanos en Chile, Caucoto dice: “Yo creo que la historia hay que escribirla diciendo que hubo 30 años en que no se investigó nada [entre 1973 y 1997 aproximadamente]. Salvo casos muy excepcionales, como la condena en el caso degollados en 1995 y la del asesinato del transportista Mario Fernández en 1997″.

Pregunta: Recientemente han salido muchos fallos que han coincidido también con los 50 años del Golpe. ¿En Chile puede hablar de impunidad?

Respuesta. En Chile no hay impunidad. Pero la hubo por 30 años, sin lugar a dudas. En los últimos 20 años el Poder Judicial se puso las pilas. Y cumplió la función que es su base fundacional: proteger los derechos humanos. Si los tribunales no protegen los derechos humanos no sirven para nada.

Caucoto dice que ha sido la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado la que ha vuelto a poner en la agenda en estos casos, pero que durante varios años han seguido tramitándose y avanzando. Y destaca que solo en julio pasado la Corte Suprema condenó a 33 exagentes del Estado por cinco personas desaparecidas en 1987, una causa de la que también es querellante.

Pero el camino ha sido largo. Muy largo. Y 2004, recuerda el abogado, fue un año clave, pues hubo una causa, en la que también fue uno de los querellantes, que puso a prueba a la justicia chilena en materia de derechos humanos: la desaparición del sastre y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), Miguel Ángel Sandoval Rodríguez, detenido el 7 de enero de 1975 en la vía pública por agentes del Estado. Tenía 26 años.

La investigación del caso de Sandoval la realizó el juez Alejandro Solís, quien determinó que la cúpula de la policía secreta de Pinochet, la DINA, liderada por su director, el general en retiro Manuel Contreras (fallecido en 2015), fue la responsable de su desaparición. Fue una sentencia que ratificó la Corte de Apelaciones de Santiago, pero que a fines de 2004 llegó a la Corte Suprema para su revisión. Para los abogados de derechos humanos era un caso clave, pues sería un fallo que marcaría la pauta en lo que vendría en adelante: por primera vez el máximo tribunal se pronunciaría si la ley de amnistía, que la dictadura impulsó para que los delitos cometidos entre 1973 y 1978 no se investigaran, era aplicable en una condena.

Ese momento de tensión previo al fallo, Caucoto lo recuerda así: “Pensaba: tremenda responsabilidad que estoy asumiendo. Si no salgo de esta se acaban todas las causas. Porque si la Corte Suprema hubiera dicho se sobresee por amnistía o por prescripción, se acababa todo lo demás. Nos jugábamos que operara o no el derecho internacional”.

Finalmente, la sentencia fue confirmada en 2005 en votación unánime por la Corte Suprema, y se convirtió en un precedente jurídico que opera hasta hoy.

Fue un período fundamental, dice Caucoto, porque ese mismo año también fue condenado —a pena perpetua por el juez Hugo Dolmestch—, además de Contreras, el general en retiro Hugo Salas Wenzel, quien fue director de la CNI, el organismo de Pinochet que reemplazó a la DINA, acusado de los homicidios en 1987 de 12 exmiembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR). “Yo no sé en qué otro país se puede ver que caigan presos los dos jefes de los aparatos de inteligencia”, dice Caucoto, quien también fue querellante en esa causa.