El Consejo Constitucional chileno debuta en un fuerte contraste con el frustrado proceso anterior

Chile ha dado inicio a la última etapa del proceso por cambiar la Carta Magna nacida en 1980 en la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), en una ceremonia en la que los 50 integrantes del Consejo Constitucional, un órgano electo de 25 mujeres y 25 hombres y en el que las derechas tienen mayoría, aceptaron sus cargos. Es una segunda oportunidad para el país sudamericano, pues en septiembre de 2022 la ciudadanía rechazó por un 62% la propuesta que entregó la Conve...

Chile ha dado inicio a la última etapa del proceso por cambiar la Carta Magna nacida en 1980 en la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), en una ceremonia en la que los 50 integrantes del Consejo Constitucional, un órgano electo de 25 mujeres y 25 hombres y en el que las derechas tienen mayoría, aceptaron sus cargos. Es una segunda oportunidad para el país sudamericano, pues en septiembre de 2022 la ciudadanía rechazó por un 62% la propuesta que entregó la Convención Constitucional, que contenía normas que cambiaban profundamente la institucionalidad chilena.

Ha sido un acto solemne, al que asistió el presidente de izquierdas Gabriel Boric, algo que no hizo ninguna autoridad de Gobierno en la ceremonia del primer intento de cambiar la Constitución el 4 de julio de 2021. “Quienes pensamos distinto podemos ponernos de acuerdo cuando por el bien de la Patria se requiere. Esto es lo que la ciudadanía espera hoy, un proceso de colaboración en donde las distintas partes sean capaces de ceder cuando es necesario y de encontrar los puntos comunes en búsqueda de lo mejor para Chile”, dijo en su discurso. “Estoy convencido que a nuestro país le hará bien cerrar este ciclo y espero y confío que durante estos meses de intenso trabajo que les esperan, piensen en esas personas que se han comprometido a representar, en sus necesidades, en sus sueños, en sus angustias y esperanzas y que esta propuesta logre contenerlos e incluirlos, porque por ellas y ellos, por nuestro pueblo es este trabajo y es a quienes nos debemos”.

Tras el fracaso del proyecto anterior, Chile emprendió este año uno nuevo y totalmente distinto, en el que los partidos políticos y el Parlamento han tenido un papel clave y al que se le han puestos bordes constitucionales para evitar la experiencia anterior. La primera fase empezó en marzo con la instalación de una comisión experta de 24 integrantes, la mayoría juristas, que elaboró durante tres meses un anteproyecto de ley de leyes que entregó este 7 de junio al Consejo Constitucional. Si bien no es un texto vinculante, sí es una base con contenidos innovadores para Chile, pero moderados, que servirá para el trabajo de los 50 nuevos redactores. Entre ellos, la consagración de que Chile se organiza en un Estado social y democrático de derecho, una aspiración histórica de la centroizquierda pero que, en esta versión 2023, tiene también la mirada de la oposición para que el sector privado mantenga una presencia importante.

Tras la experiencia anterior, para algunos chilenos ha sido difícil no comparar este segundo proceso con el primero. Si en julio de 2021 la Convención Constitucional -que tenía 154 miembros, incluidos 17 escaños reservados para los pueblos indígenas y una mayoría de independientes de movimientos sociales de izquierda- asumió en una accidentada ceremonia, con protestas y gritos tanto dentro como fuera del antiguo edificio del Congreso Nacional en Santiago, esta vez el tono ha sido la sobriedad y solemnidad. Eso en las formas, aunque en el fondo político también hay diferencias. Por ejemplo, si en 2021 se eligió como presidenta a una mujer mapuche, Elisa Loncon, hoy ha sido electa como líder Beatriz Hevia, militante del Partido Republicano, de la extrema derecha.

Los respaldos que obtuvo Hevia como presidenta, 33 votos, reflejan la composición mayoritaria que tienen las derechas en el Consejo Constitucional. Y es una cifra que puede graficar cómo serán las votaciones de las normas. Justamente, esos 33 apoyos a la abogada equivalen al número de asientos que sacó la oposición al presidente Boric en las elecciones del 7 de mayo pasado. De ellos, 22 corresponden al Partido Republicano y 11 a Chile Vamos, conglomerado de derecha tradicional. En cambio, las izquierdas sumaron en esos comicios 17 votos, los mismos con los que resultó electo como vicepresidente de la mesa directiva del consejo, el independiente por el Partido Socialista, Aldo Valle. Uno de ellos fue del consejero mapuche Alihuen Antileo.

Las primeras palabras de Beatriz Hevia, de 30 años, reflejaron rápidamente el papel que cumplirá Republicanos. Si bien señaló que espera que “este proceso pueda ser un punto de encuentro para construir en conjunto el futuro” y que si actúan más allá de sus diferencias “puede ser exitoso y contribuir a terminar con la incertidumbre e inestabilidad que ha marcado el devenir de nuestro país en los últimos años”, también tuvo palabras críticas sobre el rumbo que cree que tiene el país. “Chile no está bien. Como representante del sur de Chile, de la ciudad y del mundo rural, y hoy también de las regiones del norte y del centro, doy fe de la crisis profunda que vive nuestro país. Una crisis económica, política, pero sobre todo, social”.

No es todo. Para la abogada, además, “Chile vive una profunda crisis moral” que, según ella, “se manifiesta en la descomposición de la vida familiar, en el desprecio por la autoridad, las normas y el estado de derecho”.

Aldo Valle, el vicepresidente y exrector de la Universidad de Valparaíso, tuvo un tono distinto en un discurso que, a diferencia de Hevia, improvisó. Dijo que la impronta del Consejo “debe ser siempre escucharnos y dejarnos persuadir por el mejor argumento”. Y fue insistente en recalcar que el órgano es diverso y plural, como Chile. “Debe ser una deliberación edificante, respetando las ideas, creencias y propósitos distintos” y que “es preferible tener la paz, a tener la razón”.

Luego de la ceremonia en la que los 50 consejeros tomaron posesión de sus cargos –eran 51 en total, pero no tomó posesión un consejero republicano que fue acusado de abuso sexual–, la presidenta y el vicepresidente de la comisión experta, Verónica Undurraga y Sebastián Soto, entregaron al nuevo órgano el borrador en el que trabajaron entre marzo y junio. Es un anteproyecto de Constitución que, aunque recatado, tiene varias diferencias con la Carta Magna actual que nació en la dictadura militar y que ha tenido 64 reformas en democracia (los últimos grandes cambios en el Gobierno del expresidente socialista Ricardo Lagos, 2000-2006, que terminó con los enclaves autoritarios de Pinochet).

El borrador que ahora tienen en sus manos los consejeros cuenta con algunas novedades con respecto al texto actual, entre ellas la consagración del Estado social y el reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas. Es una propuesta que mantiene en general la tradición constitucional chilena y que no solo conserva, sino que intensifica, el sistema presidencial. También amplía el catálogo de derechos sociales. Por ejemplo, se consagró por primera vez el derecho a la vivienda adecuada.

Y ante la fragmentación política que tiene el Congreso chileno, donde hay 21 fuerzas, en el anteproyecto se estableció un umbral electoral del 5% de los votos para que los partidos puedan acceder a escaños a la Cámara de Diputadas y Diputados. Además, se propuso una norma antidíscolos para que los parlamentarios que han sido electos por un partido y renuncien, pierdan su escaño. Otra medida ha sido la incorporación de una norma -que deberá ser regulada por ley- para que los órganos directivos de un partido político puedan dar órdenes a sus afiliados parlamentarios.

En adelante, la comisión experta se sumará al trabajo del Consejo Constitucional, pero solo con derecho a voz. Los 50 redactores, en tanto, si bien escribirán sus propias normas, también tendrán a la vista el borrador del anteproyecto, que tiene 14 capítulos. Y, frente a este texto, tienen varias posibilidades, que van desde aprobar a rechazar sus artículos, así como también modificarlos.

El proceso terminará el 17 de diciembre, cuando la ciudadanía decidirá en un referéndum si aprueba o rechaza la nueva propuesta. Es una última oportunidad para el país de cambiar la Constitución que tiene su origen en la dictadura de Pinochet, al menos durante el periodo de Boric. Esto, porque el propio mandatario hace unos días se puso en el escenario de que la propuesta fuera rechazada: “Yo creo que durante nuestro Gobierno no habría condiciones para llevar adelante un nuevo proceso”.

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