La ministra de Salud de Chile ante la crisis del sistema privado: “Si la aplicación del fallo no es universal, se abrirá la vía a la judicialización”

Eran pasadas las diez de la noche del sábado recién pasado cuando la ministra de Salud chilena, Ximena Aguilera, abrió la aplicación del diario La Tercera, donde se adelantaba la edición dominical de ese periódico, y se encontró con la sorpresa. En una entrevista a dos páginas, la presidenta subrogante de la sala constitucional de la Corte Suprema, la magistrada Ángela Vivanco, entregaba una nueva interpretación sobre la sentencia de noviembre de 2022 que obliga a las aseguradoras privadas de salud –las isapres, como se les conoce en Chile– a devolver cobros en exceso a sus afiliados. A...

Eran pasadas las diez de la noche del sábado recién pasado cuando la ministra de Salud chilena, Ximena Aguilera, abrió la aplicación del diario La Tercera, donde se adelantaba la edición dominical de ese periódico, y se encontró con la sorpresa. En una entrevista a dos páginas, la presidenta subrogante de la sala constitucional de la Corte Suprema, la magistrada Ángela Vivanco, entregaba una nueva interpretación sobre la sentencia de noviembre de 2022 que obliga a las aseguradoras privadas de salud –las isapres, como se les conoce en Chile– a devolver cobros en exceso a sus afiliados. Aunque la discusión política por semanas se desarrolló sobre la base de que las instituciones deberían compensar al universo de afectados –los cálculos del Gobierno apuntaban a unos 1.400 millones de dólares en total–, Vivanco dio vuelta el tablero al afirmar que “los excedentes que las isapres tienen que devolver son a quienes demandaron”.

La palabras de la ministra de la Suprema desataron un torbellino, porque –inesperadamente– abrieron una vía de salida a una industria en crisis que atiende a tres millones de personas de ingresos medios y altos y que, según las propias empresas, estaba en riesgo de colapso tras el fallo del máximo tribunal.

Tras leer las declaraciones de Vivanco, la ministra Ximena Aguilera (Colbún, 58 años) envió la entrevista al chat que tiene con los ministros que componen la fuerza de tarea que, desde que se conoció el fallo, trabaja para dar una solución a la crisis y buscar mecanismos para que las isapres puedan devolver los dineros adeudados. En ese grupo, además de ella, están el ministro de Hacienda, Mario Marcel; el Secretario General de Gobierno, Álvaro Elizalde; la ministra del Trabajo, Jeannette Jara y el de Justicia, Luis Cordero. Este lunes, tras numerosas reuniones, el Gobierno decidió presentar, a través de la Superintendencia de Salud, un recurso de aclaración para que la Corte Suprema explique las repercusiones de la sentencia, quiénes serían los beneficiados y así terminar con la incertidumbre provocada por las palabras de Vivanco. La jueza, por la tarde, como para complejizar todavía más un problema de máxima relevancia para el Gobierno, matizó sus declaraciones: aclaró que “no hay ningún cambio de criterio” y recalcó que la interpretación correcta del fallo le corresponde darla a la sala constitucional de la Corte Suprema y no a ella, aunque la compone.

Es una mañana de lunes ajetreada. La ministra de Salud sale de una reunión con varios de sus asesores y recibe a EL PAÍS. En su oficina del tercer piso del ministerio, en el centro de Santiago, intenta dilucidar las consecuencias del terremoto del fin de semana.

Pregunta. ¿Cómo toma usted esta nueva interpretación del fallo?

Respuesta. La ministra Vivanco en su entrevista agrega elementos nuevos, como, por ejemplo, que solo habría devoluciones para quienes presentaron los recursos ante la justicia. Y eso hace necesario hacer una precisión mayor formal y lo ideal es que lo aclaren lo antes posible.

P. ¿Las palabras de la jueza complican el proyecto de ley corta del Gobierno, que busca la aplicación del fallo de la Corte Suprema?

R. Desde el punto de vista del proyecto de ley, no nos afecta tanto. El proyecto plantea los elementos que son parte de la sentencia y la gradualidad de su aplicación, pero ni en el mensaje ni en el articulado habla de los montos.

P. ¿Por qué no se incluyó en el proyecto el cálculo de los 1.400 millones de dólares que hizo la Superintendencia de Salud?

R. Porque las isapres, por ejemplo, tenían una interpretación distinta, a pesar de que nunca la han hecho pública. A mí sí me la hicieron en la mesa de trabajo.

P. ¿Y cuál era esa interpretación?

R. Ellos tenían un planteamiento de que, en realidad, los contratos afectos eran aquellos que habían movido cargas entre el 2020 y ahora, no todos los contratos. Nosotros evaluamos eso, pero después, desde el punto de vista jurídico, los abogados aquí lo descartaron porque dijeron que, por los fallos anteriores de la Corte Suprema, no había mucho espacio para esa lectura y que, en todo caso, las isapres tendrían que presentar un recurso de aclaración a la Corte Suprema.

P. Y las isapres nunca pidieron esa aclaración a la Suprema para confirmar si su interpretación era la correcta...

R. Desde que apareció el fallo, les he pedido varias veces a las isapres –porque ellos son los primeros afectados–, que hagan un recurso de aclaración. Los primeros que levantaron la alerta fueron ellos y dieron montos y después se replegaron. En las mesas de trabajo con nosotros dieron montos, enormes, muy similares a los de la Superintendencia de Salud en una primera instancia. Después, cuando entraron en un análisis más profundo, hicieron estas otras interpretaciones. Les insistí varias veces que hicieran un recurso de aclaración. Ahora queda claro de que es importante esa aclaración, tras las palabras de la ministra Vivanco, y que la Corte Suprema precise esos dichos. Porque los tribunales hablan a través de sus sentencias, no de entrevistas.

P. Hay diputados que plantean que, en vista de lo ocurrido, la ley corta es un esfuerzo inútil.

R. No es inútil, porque lo que queremos es que haya una aplicación responsable de la sentencia. Y vamos a tener que aclarar a qué se refiere exactamente. De todas maneras, el efecto prospectivo de la aplicación de la tabla de factores también hay que aclarar si es universal o no. Y la idea de la ley es, justamente, tener un tratamiento más homogéneo.

P. ¿Por qué?

R. Si la aplicación del fallo no es universal, se abrirá paso nuevamente a la judicialización. El proyecto de ley permite, efectivamente, dar más certidumbre, por lo que se justificaría más incluso si el fallo fuera solamente parcial. La idea es que sea una discusión más abierta, donde participen todos los sectores.

P. El fallo fue a finales de noviembre. ¿Por qué el Gobierno no aclaró antes este punto? La ministra Vivanco dice que ustedes nunca se acercaron para aclarar los temas de fondo del fallo.

R. Ella no menciona nunca al ministerio. La sentencia mandata a la Superintendencia de Salud a aplicar el fallo. La superintendencia hizo un recurso de aclaración en enero donde preguntaba por la fecha y otros temas y, en ese recurso, podría la Corte haber aclarado a quiénes afectaba este fallo. Para los abogados, la verdad, es que la sentencia era clara. Y no sólo para los de la Superintendencia, sino que para casi todos los abogados. Hay un grupo de senadores que presentaron un proyecto de ley, los exsuperintendentes, Espacio Público [un centro de pensamiento progresista], entre muchos otros. Y todos entendían que había una interpretación universal clara.

P. La ministra Vivanco dijo en marzo que el fallo era de efecto general.

R. Claro, en esa entrevista habló que era de efecto general, por lo tanto, no había muchas dudas respecto a eso. Y, además, se les pidió un planteamiento sobre el proyecto de ley corta, que dieron la semana pasada, y donde se explicaba cuál era el enfoque que tenía y donde también podría haber habido una oportunidad de aclaración. Pero bueno, ahora la Corte tendrá que aclararlo.

P. Para algunos, es un error que el Ministerio de Salud no haya hecho el trabajo de preguntar mucho más claramente. Hay diputados que incluso han pedido su renuncia. ¿Qué le parece?

R. Yo no soy la institución que tiene que calcular esos temas, sino que es la Superintendencia. Pero creo que cada uno tiene la libertad de pedir lo que crea. De todas maneras, hay que entender que en todo el mundo que ha estado involucrado en este tema, había un entendimiento bastante consensuado de que el fallo tenía un alcance mayor.

P. Si la Corte Suprema ahora aclara que efectivamente el fallo solo afecta a quienes demandaron, ¿se sabe cuántas personas son?

R. La ministra Vivanco habló de que el año pasado recurrieron sobre 600.000 personas, pero recurrieron por distintas causas. Y el buscador del Poder Judicial permite saber que recurrieron sobre la isapre, pero no sobre qué aspecto. Y son tres elementos distintos: uno es el alza de planes, el otro es el alza de la prima GES y el tercero es la tabla de factores. Entonces, saber cuántos son por tabla de factores [el objeto del fallo] para nosotros no es tan fácil.

P. ¿Eso debería pedirse dentro del recurso de aclaración a la Corte Suprema?

R. Sí, no hay otra fuente para saber cuántas son las personas que recurrieron por esta causal.

P. Detrás de esta crisis subyace la crítica de que el Gobierno de Boric está intentado empujar el fin de las isapres. ¿Hay algo de eso?

R. No, y lo he dicho muchas veces. Ninguna reforma puede acabar con los seguros privados de salud de esta manera, nunca se ha planteado. Esos son planteamientos de gente que le gusta polarizar. Nuestro interés es generar una estabilidad para los asegurados y nos interesa tener un ambiente estable para luego poder plantear nuestra propuesta de reforma a la salud que sea consensuada entre todos los sectores.