Ángela Vivanco, la locuaz y conservadora jueza que tiene a Chile de cabeza por las aseguradoras privadas de salud
La ministra de la Corte Suprema –que hoy renunció a la vocería– ha tenido un papel relevante durante un año, pero sus opiniones sobre un fallo las han puesto en una compleja situación. Es magistrada desde 2018 y, pese a que viene del mundo de la política y llegó al tribunal apoyada por la derecha, ha sorprendido con sus sentencias
Hasta el domingo pasado, la jueza chilena Ángela Vivanco era una muy bien valorada portavoz de la Corte Suprema, con habilidades comunicacionales potenciadas por una carrera política en partidos de centroderecha en la década de los noventa, por su trayectoria como académica en la escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica, una de las más prestigiosas instituciones del país, y por su papel preponderante en la comisió...
Hasta el domingo pasado, la jueza chilena Ángela Vivanco era una muy bien valorada portavoz de la Corte Suprema, con habilidades comunicacionales potenciadas por una carrera política en partidos de centroderecha en la década de los noventa, por su trayectoria como académica en la escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica, una de las más prestigiosas instituciones del país, y por su papel preponderante en la comisión de lenguaje claro del Poder Judicial. Además, durante el fallido proceso constitucional chileno de 2022, fue una voz influyente en las críticas al borrador que tenía la judicatura, que temía que afectara la independencia de los tribunales.
Hace unos días, sin embargo, entregó un punto de vista que la ha puesto en el foco de cuestionamientos, pues abrió una serie de interrogantes que podrían cambiar el rumbo de la crisis del sistema de salud privado que vive Chile. Ese día se publicó una entrevista suya en el periódico La Tercera en la que, al precisar los alcances de un fallo que dictó la sala constitucional, que ella integra, entregó una nueva interpretación a la sentencia de noviembre de 2022 que obligaba a las aseguradoras, las isapres, a devolver cobros en exceso a sus cotizantes y ajustar sus planes a una tabla única de factores de riesgo.
Antes de sus dichos, tanto el Gobierno del presidente de izquierdas Gabriel Boric como varios abogados especialistas, habían entendido que el tenor del fallo era de alcance para todos los cotizantes y no solo para quienes interpusieron recursos de protección. Tanto fue así que el oficialismo presentó un proyecto de ley para implementar el fallo y se calculó que el monto adeudado por las aseguradoras era de 1.400 millones de dólares. Pero la jueza, que habló para el periódico chileno en calidad de presidenta subrogante de la tercera sala –el magistrado Sergio Muñoz estaba de vacaciones–, dijo que los excedentes que las aseguradoras tienen que restituir era solo a las personas que demandaron. Al achicar ese universo provocó un torbellino, pues en marzo pasado, en otra intervención, Vivanco había dicho que la sentencia era de “efectos generales para todos aquellos que han sido afectados por la imposición de tablas de factores que no correspondían”.
Este nuevo enfoque fue, de inmediato, relevado por el Gobierno de Boric, que decidió presentar ante la Corte Suprema un recurso de aclaración. “Aquí lo que importa es lo que dice una sentencia judicial. Hoy existe un nuevo criterio que nace a partir de la entrevista de la ministra Vivanco y por lo tanto lo responsable y razonable es solicitar esa aclaración en base a esta nueva declaración”, fue la primera reacción del ministro de Justicia, Luis Cordero, que como académico de derecho se ha especializado en el estudio de la jurisprudencia de la tercera sala. Las isapres –como se les llama en Chile a las aseguradoras privadas de salud– siguieron la misma vía judicial de la aclaración, en contraste con la estrategia judicial seguida desde el fallo de noviembre, cuando optaron por la pasividad frente a los tribunales. Las compañías, sin embargo, durante estos siete meses han llevado a cabo una fuerte ofensiva comunicacional: han advertido que, dados los cálculos que ha hecho la Superintendencia de Salud de las devoluciones ($1.400 millones de dólares), podrían cerrar. Y si ello ocurre, tres millones de chilenos afiliados a la salud privada, podrían quedar a la deriva.
Tras los dichos de la jueza Vivanco el domingo, el presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes, dijo que fueron “opiniones personales” y que es la tercera sala la que debe pronunciarse cuando analice las aclaraciones que han sido presentadas. Vivanco, muy cercana a Fuentes, a su vez, señaló: “Solo di de mi visión”. “No puedo decir que es una interpretación correcta del fallo; la interpretación la da la sala, no yo”.
Varios ministros de la Corte Suprema pidieron que se debía reconsiderar su papel como portavoz, algo sin precedentes en el Poder Judicial chileno. Hoy, miércoles, Vivanco anunció su renuncia como portavoz del máximo tribunal. “No me retracto de nada”, añadió.
Provida, pero no “ultraconservadora”
Ángela Vivanco fue propuesta en la Corte Suprema en 2018 por el expresidente Sebastián Piñera (2018-2022), de derecha moderada, y luego fue ratificada por el Senado. Ocupa uno de los cinco puestos, de un total de 21 integrantes, que tiene el máximo tribunal para abogados externos, sin carrera judicial.
Llegó directo a la tercera sala constitucional de la Corte Suprema, considerado el tribunal más influyente de Chile, pues allí llegan causas ciudadanas, como los recursos de protección en contra de las isapres por el alza unilateral en el precio de los planes o la aplicación de tablas de factores de riesgo por discriminación por sexo y edad, que es precisamente el caso que se falló en noviembre y que hoy es objeto de debate nacional. Pese a que fue esta última sentencia la que provocó el torbellino, la sala a la que pertenece Vivanco lleva más de una década fallando en contra de las aseguradoras de salud, al punto que entre 2010 y 2022 ha sentenciado más de dos millones de recursos en favor de los afiliados. Y esta fue la razón por la que en 2022 el tribunal decidió sentar una jurisprudencia.
“Hay varias razones para zanjar. Una, cuando son situaciones masivas y te das cuenta que el país tiene una necesidad de resolución, porque estos no son casos aislados; hay una problemática general. Otra, porque se busca bajar la judicialización. Eso es indispensable, porque baja los costos tanto para los que reclaman como para los reclamados”, dijo Vivanco en una entrevista con EL PAÍS a comienzos de mayo.
Cuando fue nominada en la Suprema, sectores de la derecha chilena que la propusieron especulaban que, en la sala constitucional, Vivanco le haría contrapeso al influyente juez Sergio Muñoz, que preside la sala. Sin embargo, rápidamente la magistrada mostró señales en sus fallos que sintonizaban con el criterio de Muñoz, mayoritario en el tribunal, y cuyas sentencias suelen dar dolores de cabeza a los empresarios y los gobiernos de turno. Por ejemplo, en casos medioambientales.
Parte de esas expectativas sobre la magistrada tenían que ver con su pasado, pues en los 90 militó en el desaparecido Partido Unión de Centro Centro (UCC), que fundó el empresario Francisco Javier Errázuriz, y en 1997 fue candidata a diputada por Renovación Nacional, de la derecha moderada. Pero, además, cuando en 2018 postulaba a la Corte Suprema, se le tildó de ultraconservadora pues en 2017, como abogada, alegó ante el Tribunal Constitucional en contra del proyecto de ley aborto tres causales, que entonces se tramitaba en Chile y finalmente fue aprobado.
Entonces, el Partido Socialista se opuso a que llegara a la Suprema. “Las mujeres del país han levantado la voz para pedir lo que en justicia merecen, por más derechos y mayor igualdad. Ángela Vivanco va en la línea contraria. Nos piden que votemos en contra nuestras convicciones. Por ello, la bancada PS vota en contra”, dijo en 2018 el senador socialista Álvaro Elizalde, hoy ministro de la Secretaría General de la Presidencia de Boric.
Ya en la Suprema, sin embargo, Ángela Vivanco comenzó a sorprender al sector que la propuso con varios de sus fallos. Entre ellos, los recursos en contra de las isapres. Pero también en uno de 2019 de corte progresista, cuando la jueza fue parte del voto unánime de la tercera sala que acogió un recurso de casación que presentó una persona trans y ordenó el cambio de sexo registral, una novedad en esos tiempos.
“Que una persona sea provida, no significa que sea necesariamente de derecha y ultraconservadora”, dijo en una entrevista cuando cumplía un año en la Suprema. “Milité en política hace muchos y estuve más de 20 años libre de política justamente para ser libre académicamente. Entonces, cuando te dicen ‘usted es ultraconservadora’ o ‘usted es una persona que defiende tal cosa o tal otra’, significa que no te conocen y que se han ceñido a un estereotipo”, contó. “Yo no soy una persona ultraconservadora ni en contra de los derechos de las mujeres. No soy alguien que vaya discriminando por la vida. Nunca he considerado estar al servicio de empresas. Y si bien he tenido de clientes empresas, y he estimado a veces que tal empresa X, Z o S puede tener razón, nunca he estado al servicio de alguna operativa”, agregó.
Este martes, la revista Ya, suplemento sobre mujeres del periódico El Mercurio, publicó una entrevista de Vivanco titulada “La democracia siempre está puesta a prueba”. Ha sido una coincidencia, pues aún no se desataban las controversias por el caso las isapres. “Ser la voz del máximo tribunal es una gran responsabilidad y un honor. Por supuesto, no es fácil, porque deben combinarse prudencia (en muchas materias no corresponde pronunciarnos) y carácter (en las que sí). Ha sido un año de tremendo trabajo y también muchas satisfacciones, y en los meses que me quedan de servir el cargo espero seguir sintiéndome tan apoyada como hasta ahora por mis compañeros”.
Fue su última reflexión pública sobre un cargo al que tuvo que renunciar.