El Gobierno de Boric cumple un año con militares en la zona roja de La Araucanía

Como diputado, Gabriel Boric se opuso al decreto de Estado de Excepción constitucional para que los militares resguardaran La Araucanía y zonas cercanas, zona histórica del reclamo de tierras ancestrales del pueblo mapuche, donde el conflicto se ha complejizado en los últimos años con delitos como el robo de madera y el narcotráfico. En su campaña presidencial, el entonces candidato de la izquierda adelantó que, de llegar a La Moneda, no aplicaría la medi...

Como diputado, Gabriel Boric se opuso al decreto de Estado de Excepción constitucional para que los militares resguardaran La Araucanía y zonas cercanas, zona histórica del reclamo de tierras ancestrales del pueblo mapuche, donde el conflicto se ha complejizado en los últimos años con delitos como el robo de madera y el narcotráfico. En su campaña presidencial, el entonces candidato de la izquierda adelantó que, de llegar a La Moneda, no aplicaría la medida de la que echó mano el Gobierno de Sebastián Piñera. La escalada de violencia en la zona, sin embargo, lo obligó a cambiar de estrategia y este miércoles se ha cumplido un año con los militares desplegados en la zona roja del conflicto.

El Ejecutivo ha solicitado cada 15 días prorrogar la medida excepcional “acotada” que, en la práctica, le permite a los uniformados controlar los caminos. El Congreso ha aprobado el miércoles la solicitud por vigésima cuarta vez. Históricamente, el apoyo a la medida ha sido transversal y contundente. Pero varios parlamentarios del partido de la derecha UDI votaron en contra con el fin de presionar al Ejecutivo a que decrete estado de sitio en la Macrozona Sur, que comprende La Araucanía y otras zonas aledañas. El estado de sitio se decreta en situación de “guerras internas” o “grave conmoción interior” y, al igual que el de emergencia, permite restringir la movilidad y el derecho a reunión.

La ministra del Interior del Gobierno, Carolina Tohá, descartó que el estado de sitio aporte una “herramienta adicional” y aclaró que Chile no está en condición de guerra. “La condición que tenemos es que hay grupos que ejercen acciones armadas y que generan daño y temor en la población y tenemos que actuar contra ellos”, afirmó la secretaria de Estado.

El 2021 se registraron 1.070 “eventos de violencia rural” denunciados en La Araucanía, la cifra más alta desde 2017, según cifras del Gobierno. De 2021 a 2022 se produjo una caída del 43%. En lo que va del año, se han producido la misma cantidad de eventos en comparación al mismo periodo de 2022. Los hechos de mayor connotación social, sin embargo, han aumentado un 17% (de 62 a 73), según el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido.

Tohá, que este martes fue interpelada por la derecha en el Congreso para dar cuenta de los avances de su cartera en materia de seguridad, defendió que las herramientas que otorga el estado de excepción “son suficientes”. “El problema son las capacidades institucionales, las capacidades de dotación, de equipamiento que tenemos para sacar el máximo partido de esas atribuciones que nos entrega la ley”, sostuvo. Y añadió: “Hagamos cosas que sirven para el problema que tenemos y no cosas para, simplemente, tratar de meter en problemas al Gobierno, porque el problema de esto no es el Gobierno. El problema es una historia acumulada de largo tiempo en que el Estado no ha estado a la altura”.

La jornada de este miércoles ha estado marcadas por una seguidilla de hechos violentos en La Araucanía, los que dejaron tres heridos y dos camiones quemados. La semana pasada, la violencia alcanzó al consejero constitucional recién electo Héctor Urban, del Partido Republicano, de extrema derecha. Primero dispararon a la camioneta de su padre y por la noche su casa. El partido de José Antonio Kast, con su discurso basado en la mano dura, se ha hecho fuerte en esta zona: en la segunda vuelta presidencial de 2021 obtuvo un 60% de los apoyos (20 puntos más que Boric) y fue la fuerza más votada en las elecciones a consejeros constitucionales del pasado 7 de mayo.

Tras los ataques a Urban, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, dijo: “Muchos no se explican que habiendo un estado de excepción se sigan produciendo hechos de violencia, lo que muestra nuevamente la complejidad del desafío que el Estado chileno tiene para garantizar la paz. Hay grupos organizados que no están dispuestos a respetar ni la institucionalidad ni la vida de las personas y hacen uso de las armas de fuego para agredir y eventualmente asesinar”. El día de la elección de consejeros también se vio empañado por un motín en la cárcel de la ciudad de Angol, en La Araucanía, donde un grupo de comuneros mapuche tomó como rehenes a tres gendarmes por más de una hora. Tras lo ocurrido, Gendarmería trasladó a seis comuneros a recintos penales en diferentes ciudades del país. La Fiscalía de alta complejidad de La Araucanía está investigando 16 ataques realizados entre el 9 y el 17 de este mes que podrían estar vinculados a las medidas adoptadas después del motín.

Junto con la demanda indígena por las tierras, la zona al sur de Chile padece atentados, robo de madera, narcotráfico, brotes de grupos de seguridad paralelos y enfrentamientos con la policía. En determinadas zonas el Estado no puede ingresar. Es lo que quedó demostrado cuando la primera ministra del Interior de Boric, Izkia Siches, llegó en marzo de 2022 a la zona y trató de ingresar a la comunidad mapuche Temucuicui. Fue recibida con balazos y la comitiva tuvo que retroceder. Es un lugar donde “no se puede vivir en paz”, dijo Boric el pasado noviembre, cuando visitó por primera vez la zona en calidad de presidente, donde anunció la creación de una comisión para determinar la demanda de tierras de las comunidades mapuche y proponer mecanismos con plazos para “saldar la deuda” que el Estado tiene con el pueblo indígena.

En la antesala del primer año con la medida excepcional, Boric convocó a parlamentarios de La Araucanía y el Biobío a la residencia presidencial de Cerro Castillo, en Viña del Mar. El mandatario la noche del martes se enfocó en conocer los avances de la comisión para la restitución de las tierras y el Plan Buen Vivir, que contempla la compra de tierra para comunidades indígenas y construcciones de camino. Pero el Jefe de Estado no quiso abordar la crisis de seguridad en la zona, argumentando que habrá una segunda reunión para discutir el tema, según han reclamado los parlamentarios públicamente. El encuentro tendrá lugar después de la Cuenta Pública anual ante el Congreso el 1 de junio, donde los presidentes acostumbran a dar cuenta de su gestión al país.