Milei facilita por decreto el acceso de los jóvenes argentinos a las armas de fuego

A tono con la prédica de la ultraderecha global, el Gobierno de Javier Milei avanza en la desregulación del acceso a las armas de fuego en Argentina. El presidente decretó el pasado lunes una reducción en la edad mínima para poder ser usuario: sin debate ni participación del Congreso, Milei resolvió que el requisito baje de 21 a 18 años. Mientras altos funcionarios se muestran en redes sociales practicando tiro o se fotografían con pistolas y rifles, el Ejec...

A tono con la prédica de la ultraderecha global, el Gobierno de Javier Milei avanza en la desregulación del acceso a las armas de fuego en Argentina. El presidente decretó el pasado lunes una reducción en la edad mínima para poder ser usuario: sin debate ni participación del Congreso, Milei resolvió que el requisito baje de 21 a 18 años. Mientras altos funcionarios se muestran en redes sociales practicando tiro o se fotografían con pistolas y rifles, el Ejecutivo impulsa también una ley para “promover y facilitar” la tenencia de armas, entre otras medidas que flexibilizan los controles vigentes. Desde la Red Argentina para el Desarme advierten que el discurso y las decisiones del Gobierno proponen a la violencia como solución a los conflictos y generan mayores riesgos para las personas.

En Argentina, con una población de 46 millones de personas, hay poco más de un millón de usuarios de armas registrados, con 1,7 millones de armas autorizadas. Los expertos en seguridad estiman, no obstante, que las armas no registradas duplican ese universo.

El principal argumento del Gobierno para modificar la edad mínima del acceso a armas de fuego es que, desde 2009, en Argentina la mayoría de edad se alcanza a los 18 años y ya no a los 21. “A partir de ahora, los mayores de 18 años pueden ser legítimos usuarios de armas”, celebró la ministra de Seguridad de Milei, Patricia Bullrich, al conocerse el decreto presidencial. “A los 16 años tienen derecho a votar. A los 18 pueden ir a la guerra, formar una familia o ser miembros de una fuerza de seguridad. Y, aunque parezca increíble, a cualquier edad pueden elegir un cambio de sexo que los marcará de por vida. Entonces, ¿por qué a los 18 años no podrían ser legítimos usuarios o portadores de un arma?”, planteó Bullrich, quien, por otra parte, impulsa bajar la imputabilidad penal hasta los 13 años.

“Si bien la medida tiene concordancia con el cambio en la mayoría de edad, a la vez es un mensaje simbólico muy peligroso”, dice María Pia Devoto, coordinadora de la Red de Seguridad Humana en América Latina y el Caribe y directora de la Asociación para el Análisis de Políticas Públicas. “En un momento en que el discurso público en redes sociales y en medios de comunicación es un discurso crispado, dominado por la agresividad y que desprecia al que piensa diferente, con esta medida muchas personas se pueden sentir habilitadas para ejercer la violencia”, agrega. “Por otro lado, es una decisión contradictoria con las estadísticas, que muestran que las personas que más mueren víctimas de armas de fuego son varones y muy jóvenes”.

Julián Alfie, miembro de la Red Argentina para el Desarme, señala que la restricción etaria para usar armas no debería vincularse “con mayoría o no de edad, sino con la prevención de riesgos. No es casual que en países como Brasil la edad mínima para acceder a un arma de fuego sea de 25 años. O que en algunos estados de Estados Unidos la hayan elevado a 21 años”, detalla. “La decisión de ampliar el acceso a jóvenes de 18, 19 y 20 años no tiene en cuenta cuestiones específicas de este grupo etario, como el mayor riesgo de suicidio y de accidentes o la toma de decisiones impulsivas”. Devoto coincide: “A los 18 años, los jóvenes siguen siendo adolescentes y tienen un grado de vulnerabilidad muy alto”.

Hacia la “desregulación del mercado legal”

El decreto de Milei no fue una medida aislada. Cuando aún era diputado nacional, él mismo explicitaba su postura “a favor de la libre portación de armas”. Aunque durante la campaña electoral del año pasado intentó disimularlo, la plataforma de La Libertad Avanza, su partido, proponía “la desregulación del mercado legal” de armas de fuego, en la misma senda recorrida por otros políticos ultras, como Donald Trump en Estados Unidos o Jair Bolsonaro en Brasil. Su vicepresidenta, Victoria Villarruel, ha publicitado que es “legítima usuaria” de armas y ha reclamado que “el ciudadano de bien se pueda defender” ante un delito. El mes pasado, Villarruel visitó la principal fábrica privada de armas de Argentina, Bersa, y se fotografió empuñando un rifle. Antes de enemistarse, Milei y Villarruel se mostraron a bordo de un tanque de guerra durante un desfile militar.

La exhibición de armas de fuego es habitual entre los integrantes del Gobierno, sus legisladores y militantes. El principal asesor de Milei, Santiago Caputo, se dejó ver en redes sociales tomando clases de tiro. También es pública la afición por las armas del secretario de Culto, Nahuel Sotelo, y, entre otros, del dirigente libertario Daniel Parisini, el líder que hace pocas semanas lanzó la agrupación Las fuerzas del cielo y la definió como “el brazo armado”, “la guardia pretoriana del presidente Javier Milei”.

Junto con la eliminación de algunos controles sobre los solicitantes de permisos para tener armas y sobre quienes renuevan sus licencias, hasta ahora la principal iniciativa del Gobierno en el área había sido un proyecto de ley para “promover y facilitar el acceso legal y legítimo a la tenencia de armas de fuego”, según informó el Ministerio de Seguridad.

La propuesta, que ya se aprobó en la Cámara de Diputados y espera ser tratada en el Senado, incluye dos objetivos. Por un lado, prorroga un plan de entrega voluntaria de armas para su destrucción, vigente en el país desde 2007 y suspendido desde diciembre pasado. Por otro, en cambio, pretende regularizar indiscriminadamente las armas de uso civil que no fueron registradas o cuyo registro caducó. El fiscal Gabriel González Da Silva, a cargo de la Unidad Especializada en la Investigación de Ilícitos Relacionados con Armas de Fuego, advirtió que el proyecto implicaba “una suerte de blanqueo y técnicamente de una amnistía penal” para “cualquier persona que procure ‘blanquear’ armas de fuego en la Argentina”.

“Las decisiones del Gobierno son preocupantes porque se dan en un marco de flexibilización del acceso a las armas de fuego”, concluye Alfie, director del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales. “Argentina ha tenido una política restrictiva de acceso a las armas, nuestra sociedad siempre ha comprendido que la mayor circulación de armas aumenta los niveles de violencia y el riesgo de que cualquier conflicto termine con una muerte o lesiones graves. Hoy vemos un Gobierno que promociona el acceso a las armas, cuando el rol del Estado debería ser comunicar y concientizar sobre sus riesgos. Lo que están promoviendo es una sociedad más violenta”.

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