Querellantes argentinos reclaman la captura internacional de Maduro por crímenes de lesa humanidad
El Foro argentino por la democracia en la región presenta una ampliación de la denuncia contra el presidente de Venezuela ante el juez que tiene a su cargo la causa abierta bajo jurisdicción universal en Buenos Aires
La represión violenta de las protestas postelectorales que estallaron en Venezuela esta semana, con un saldo de al menos once muertos, ha dado nuevos argumentos a quienes pelean por llevar a Nicolás Maduro ante la Justicia. Querellantes en la causa abierta en Argentina por presuntos crímenes de lesa humanidad contra el presidente venezolano e integrantes de las fuerzas de seguridad han solicitado este jueves a la justicia que dicte la “inmediata orden de detención internacional” contra Maduro y los demás acusados y han ampliado la denuncia contra ellos. Los consideran responsables de “la sistemática ejecución de desapariciones forzadas, amenazas con armas de fuego, lesiones y ejecuciones en la vía pública”, según el texto presentado ante el juez al que ha tenido acceso EL PAÍS.
La ampliación de la denuncia ha sido realizada en representación del Foro Argentino por la Democracia en la Región (FADER) y FADD, dos de las organizaciones querellantes en esta causa abierta en Argentina bajo el principio de jurisdicción universal, que permite juzgar los crímenes más graves con independencia del lugar donde se hayan cometido y de la nacionalidad del autor o de la víctima.
“En estos días hemos visto homicidios, desaparición de estudiantes, de dos dirigentes políticos y de manifestantes. Todo eso lo hemos incluido en la denuncia”, señala el abogado Tomás Farini Duggan. Entre los hechos denunciados está la presunta desaparición forzada de Rafael Siberia, coordinador juvenil en Caracas de la organización La Causa RVE y del dirigente opositor Freddy Superlano. Pasadas más de 40 horas desde la detención de ambos, sus familias aseguran no saber dónde se encuentran y temen que sean víctimas de torturas. Los querellantes también los acusan por la detención de cientos de manifestantes que participaron en las protestas contra los cuestionados resultados electorales del domingo. El Consejo Nacional Electoral dio como vencedor a Maduro con el 51,4% de los votos frente al 44,2% del opositor Edmundo González Urrutia, pero gran parte de la comunidad internacional pone en duda ese resultado y exige una verificación imparcial.
Según los denunciantes, los crímenes documentados han sido ejecutados por los órganos de seguridad del Estado venezolano “o por organizaciones paramilitares también armadas y dirigidas por el Estado que encabeza Nicolás Maduro” e incumplen los hechos relatados incumplen tanto el Código Penal como la Convención interamericana sobre desaparición forzosa de personas.
Las nuevas acusaciones se suman a las denunciadas desde la primera presentación judicial, dos años atrás, en las que se recogen testimonios de presuntas torturas, desapariciones forzosas, ejecuciones extrajudiciales y abusos sexuales perpetrados desde 2014 y documentados en tres informes de la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, una fuerza de observación de Naciones Unidas.
Dos días atrás, Farini Duggan solicitó al juez que cite a declaración indagatoria a Maduro para responder por las violaciones graves de los derechos humanos de las que es acusado. El abogado se muestra convencido de que las evidencias recogidas en el expediente son suficientes para dar por probados los cargos contra el presidente de Venezuela y los mandos acusados de las fuerzas de seguridad.
La causa unifica dos querellas: la presentada por FADER y FAD a principios de 2023 y la que sumó unos meses después la Fundación Clooney para la Justicia.
Esta última busca probar la existencia de un plan sistemático de represión orquestado por las fuerzas que responden al Gobierno de Maduro y que se juzgue a los responsables del asesinato de dos manifestantes durante las protestas de Venezuela en 2014.
Más de una decena de testigos han pasado frente al juez Ramos y se han solicitado distintas medidas de prueba desde el pasado abril, cuando la Justicia argentina reabrió una causa que inicialmente había archivado.
Las citadas organizaciones acudieron a la Justicia argentina frente a la parálisis de los tribunales venezolanos y para tener una segunda opción además de la causa paralela en la Corte Penal Internacional.
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