Diputados del partido de Milei visitan a represores presos por crímenes de lesa humanidad

Lo llamaban Ángel rubio, también Ángel de la muerte. Hoy, a los 73 años, es un símbolo de los crímenes cometidos durante la última dictadura militar en Argentina (1976-1983). Alfredo Astiz cumple condena a prisión perpetua por secuestros, torturas y asesinatos. Entre sus víctimas están tres Madres de Plaza de Mayo que en 1977 buscaban a sus hijos desaparecidos; también las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet. Sus días de encierro en la cárcel federal de Ezeiza, así como los de otros criminales de lesa humanidad, fueron matizados la última semana por la visita de diputados nacionales de La Libertad Avanza, el partido del presidente Javier Milei. El encuentro fue repudiado por la oposición política y por organismos de derechos humanos. Incluso generó tensión dentro del oficialismo.

En el día de la independencia argentina, el 9 de julio pasado, Milei y la vicepresidenta, Victoria Villarruel, desfilaron con las fuerzas armadas y se mostraron a bordo de un tanque de guerra. Ambos son portavoces de un discurso negacionista del terrorismo de Estado perpetrado por la dictadura, del que Villarruel, hija y nieta de militares, es una activa militante.

Dos días después, seis legisladores “libertarios” viajaron hasta el penal de Ezeiza, en el conurbano bonaerense. La delegación estuvo encabezada —según reveló este miércoles el portal La Política Online— por Beltrán Benedit y participaron también Lourdes Arrieta, Alida Ferreyra, María Fernanda Araujo Guillermo Montenegro y Rocío Bonacci, diputados del partido de Gobierno. Además de Astiz, el encuentro habría incluido a otros criminales que actuaron en el centro clandestino de la Escuela de Mecánica de la Armada, como Adolfo Donda, Antonio Pernías y Carlos Suárez Mason.

La difusión de la reunión en la cárcel alimentó las diferencias internas dentro de La Libertad Avanza. En un mensaje para defenderse de esas críticas, el diputado Benedit justificó lo que denominó una “visita humanitaria” y negó haberse reunido con represores: “Fuimos a ver a excombatientes que libraron batallas contra la subversión marxista”, dijo. Su argumento ensayó la excusa de los delitos de la dictadura como parte de una guerra civil, contra los fallos judiciales que señalan la represión ilegal desde el Estado de la lucha armada en los años 70. Benedit sostuvo que el propósito es difundir un escrito señalando que “no se cumplen los derechos humanos, porque quienes fueron parte (terroristas) hoy se erigen en jueces y fallan en función de la venganza, la ideología y el negocio”. Afirmó que hay “héroes de [la guerra de] Malvinas” detenidos y que “hay presos desde hace más de 20 años sin condena firme”.

Un reclamo insistente de los sectores que se oponen al juzgamiento de los delitos del terrorismo de Estado es que los presos puedan salir de las cárceles y cumplir condena en sus casas. Los últimos datos oficiales, elaborados por la Procuraduría de crímenes contra la humanidad y fechados en marzo pasado, detallan que desde el inicio de los juicios hace 17 años fueron investigadas 3746 personas y fueron juzgadas 1359. Las condenas alcanzaron a 1176 y las absoluciones, a 183. Del universo total de involucrados, hay 661 detenidos, 1491 en libertad y 36 prófugos. Entre los detenidos, 508 obtuvieron el arresto domiciliario, mientras que 91 están en establecimientos penitenciarios y 62 en otro tipo de dependencias.

Alarma y preocupación

“Nos alarma y preocupa el gesto de algunos diputados de la Libertad Avanza que fueron a visitar a criminales de lesa humanidad, detenidos con todas sus garantías en la cárcel de Ezeiza, a la vez que su Gobierno vacía las políticas de memoria construidas durante 40 años de democracia para consolidar el proceso de memoria, verdad y justicia”, advirtieron las Abuelas de Plaza de Mayo. “Alfredo Astiz, Carlos Suárez Mason, Raúl Guglielminetti, Antonio Pernías y Adolfo Donda, entre otros de los genocidas que participaron de la reunión, fueron juzgados entre otros crímenes por la apropiación de nuestros nietos, jamás mostraron arrepentimiento sobre sus crímenes ni brindaron información alguna sobre el paradero de nuestros hijos e hijas, ni sobre los 300 nietos y nietas que estamos buscando. Sería bueno que los diputados exigieran a los detenidos información tan valiosa para llegar a la verdad que buscamos hace 46 años.”

El senador kirchnerista Eduardo De Pedro, hijo de desaparecidos durante la dictadura, destacó que los juicios por crímenes de lesa humanidad realizados en el país “son reconocidos en todo el mundo, pero Javier Milei y Victoria Villarruel pretenden deshacer los consensos democráticos de la Argentina”, mientras “el Gobierno no oculta su simpatía por los genocidas”. Los diputados peronistas de Unión por la Patria, principal bloque opositor en el Congreso, repudiaron la visita de legisladores “a militares y miembros de fuerzas de seguridad condenados por crímenes de lesa humanidad” y ratificaron su “compromiso con el respeto por la democracia”.

También la Unión Cívica Radical —partido opositor que ha apoyado algunas medidas del Gobierno de Milei— publicitó su rechazo a “la visita que realizaron diputados de La Libertad Avanza a un grupo de represores condenados por hechos aberrantes. Deberían tener conciencia de que visitar a genocidas y la charla amena con quienes violentaron los derechos más básicos de la ciudadanía es una afrenta a víctimas, familiares y a todo el pueblo argentino”.

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