Milei busca revancha en el Congreso para su ley de desguace del Estado argentino

El Congreso argentino vota por segunda vez el proyecto de ley de desguace del Estado impulsado por el Gobierno ultraderechista de Javier Milei. Mientras organizaciones sociales y de izquierda se manifiestan en contra en la calle, los diputados debaten desde el mediodía del martes la nueva versión de la bautizada como Proyecto de ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos. Tras una sesión maratónica de 20 horas, el miércoles...

El Congreso argentino vota por segunda vez el proyecto de ley de desguace del Estado impulsado por el Gobierno ultraderechista de Javier Milei. Mientras organizaciones sociales y de izquierda se manifiestan en contra en la calle, los diputados debaten desde el mediodía del martes la nueva versión de la bautizada como Proyecto de ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos. Tras una sesión maratónica de 20 horas, el miércoles por la mañana la iniciativa oficialista fue aprobada en general con 142 votos a favor, 106 en contra y cinco abstenciones. El debate continúa porque los legisladores deben votar todavía capítulo por capítulo, dadas las objeciones de algunos opositores a los puntos más polémicos.

El proyecto de ley ha sido podado, modificado y dividido en dos en busca de apoyos suficientes para evitar un fiasco como el del pasado febrero, que desató la ira presidencial. Pese a los cambios, la ley con la que Milei busca su primer triunfo legislativo en casi cinco meses de mandato mantiene el mismo espíritu que la primera: dar vía libre al Gobierno para reducir el tamaño del Estado y su intervención en la economía, desregular precios y atraer grandes inversiones privadas —en especial en la explotación de recursos naturales— a cambio de ingentes beneficios económicos y un mercado laboral más flexible. En el paquete fiscal, que se vota por separado, se propone una polémica amnistía para evasores, un aumento de impuestos para trabajadores con sueldos altos y una reducción de los mismos para las grandes fortunas.

El bloque oficialista, La Libertad Avanza (LLA), tiene sólo 38 de los 257 diputados, pero ha negociado hasta el último minuto con los sectores opositores dialoguistas para asegurarse los votos positivos a ambas normativas. La oposición más dura, en cambio, ataca con fuerza un proyecto de ley que considera aún peor que el primero, en especial por las consecuencias que tendrá para las pymes y para los trabajadores. Se prevé una sesión maratónica que se extienda, como mínimo, hasta la tarde de este miércoles. De aprobarse, pasaría al Senado, donde el Gobierno está en franca minoría ante el peronismo opositor.

“Queremos un país normal, sacarle la pata del Estado a los contribuyentes, ayudar a que regularicen su situación tributaria, para que puedan poner sus esfuerzos en sus actividades productivas, comerciales, en generar empleo y riqueza”, defendió la ley la diputada de LLA Juliana Santillán. “Ojalá que vengan inversiones para poner en marcha la minería en la Argentina”, subrayó Miguel Ángel Pichetto, aliado del Gobierno. Por el contrario, la diputada peronista Natalia Zaracho denunció que las nuevas normativas sólo benefician a los más poderosos: “No es para la libertad de los argentinos, sino que es para la libertad del 1% más rico y las multinacionales. Por eso yo la llamaría Ley de Bases para el saqueo de nuestro país y la pérdida de todos nuestros derechos”.

En la votación en particular, entre los capítulos más polémicos se destaca la delegación de facultades legislativas al presidente en materia administrativa, económica, financiera y energética por un año, la autorización para privatizar empresas públicas y cerrar organismos estatales, la reforma laboral, el fin de las jubilaciones para quienes aportaron menos de 30 años a la seguridad social y los beneficios a las grandes empresas privadas que las pymes consideran competencia desleal. El blanqueo de capitales hasta 100.000 dólares ha sido objeto también de duras críticas por la falta de garantías para evitar que se convierta en una fuente de lavado de dinero.

Privatizaciones

El proyecto de ley autoriza la privatización de casi una decena de empresas estatales, entre las que destacan Aerolíneas Argentinas, Ferrocarriles Argentinos y la Radio y Televisión pública. El Gobierno sacó de la lista otras compañías del Estado emblemáticas, como la petrolera YPF y el Banco Nación por el rechazo de muchos legisladores. Respecto a los organismos estatales, la normativa es más confusa. El texto sólo prohíbe la disolución explícita de trece, así que deja en manos del Gobierno la opción de cerrar todos los demás. Entre ellos está el Banco de Datos Genético, en el que se conservan los perfiles genéticos de muchos familiares de desaparecidos en la dictadura —y de los bebés que dieron a luz en cautiverio— que son buscados por Abuelas y Madres de Plaza de Mayo.

Argentina es un país productor de petróleo y gas, con grandes reservas de hidrocarburos no convencionales en la formación de Vaca Muerta. El Gobierno de Milei cree que es uno de los sectores con mayor potencial de crecimiento y el proyecto de ley dedica 60 artículos a modificar la legislación vigente en materia energética. El nuevo texto elimina el autoabastecimiento energético como un objetivo prioritario, habilita la libre exportación de los hidrocarburos extraídos en territorio argentino y prohíbe la intervención estatal en el precio de los combustibles locales.

El corazón del proyecto es el Régimen de incentivos para las grandes inversiones (RIGI). Ofrece a las compañías beneficios aduaneros y fiscales por 30 años y da vía libre para la importación de bienes de capital e insumos. En caso de haber desacuerdos, no se resolverán en tribunales locales sino en el CIADI. “Hay una renuncia implícita a la soberanía legal sobre nuestros recursos”, denuncia la fundación Fundar, quien critica también que el régimen impida la aplicación de “políticas industriales para el desarrollo de sectores locales”. Las pymes argentinas vinculadas al sector energético temen que la nueva normativa sea una sentencia de muerte para ellas.

Reforma laboral

Milei intentó aplicar una reforma laboral sin debate legislativo a través del decreto de necesidad y urgencia con el que comenzó su mandato el 10 de diciembre, pero la Justicia lo frenó. La reforma laboral vuelve ahora camuflada dentro de la ley de bases, con artículos que extienden el período de prueba a seis meses, la posibilidad de que las empresas reemplacen las costosas indemnizaciones por despido por un fondo de cese de pagos y la reducción del castigo a quienes empleaban a trabajadores sin contrato.

Uno de los puntos más polémicos tiene que ver con las jubilaciones. Sólo podrán recibir una pensión jubilatoria quienes hayan aportado durante al menos 30 años a la seguridad social. En Argentina, donde el 44% de la población trabaja en el sector informal, se trata de un requisito que incumplen muchos de los trabajadores mayores de 65 años. Hasta ahora, esas personas podían acceder a una jubilación mínima, pero el proyecto contempla que pasen a cobrar una ayuda que será del 80% de esa jubilación mínima e incompatible con otra pensión, por ejemplo, de viudedad.

Subida de impuestos

Aunque Milei prometió en campaña que no aumentaría impuestos, ya subió varios en el decreto de necesidad y urgencia y ahora contempla gravar con el impuesto a la renta (conocido en Argentina como impuesto a las Ganancias) a los trabajadores con salarios brutos mensuales a partir de 1,8 millones de pesos (equivalentes hoy a 2.000 dólares al cambio oficial). Este gravamen supondrá una fuente extra de ingresos a las provincias, que recibirán parte de lo recaudado, lo que lo ha convertido en una herramienta de negociación del oficialismo con los gobernadores provinciales: la votación del paquete fiscal está sujeta a la aprobación previa del proyecto de Ley bases.

La nueva normativa fiscal reduce impuestos a quienes más tienen. Aquellos que posean un capital superior a los cien millones de pesos (equivalentes a unos 110.000 dólares, sin incluir la vivienda familiar) verán reducido el impuesto de bienes personales que pagaban hasta ahora y más aún si optan por pagar la cuota por adelantado para los próximos cinco años. El proyecto de ley también contempla también una amnistía fiscal para los evasores que tengan dólares no declarados sin importar el origen de los mismos, una maniobra que despierta muchas dudas en un momento en el que el narcotráfico se extiende por el país, en especial en las provincias de Santa Fe y Buenos Aires.

El debate legislativo se prolongará durante toda la madrugada y buena parte del miércoles, mientras Milei lo supervisa desde la residencia presidencial de Olivos, a las afueras de Buenos Aires. El mandatario mantiene sus ataques verbales a los legisladores —a los que ha calificado de casta, extorsionadores, traidores y ratas— pero en silencio habilita las negociaciones. Aunque lo niega en público, necesita esa ley.

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