La primera semana en la Argentina de Javier Milei: precios disparados, amenazas de represión y calma en los mercados

Buenos Aires, martes, cinco de la tarde. Paola Orellana, peluquera de 51 años, tiñe el pelo de la única clienta en el local. Encendió el televisor que tiene en un rincón, subió el volumen y ahora avisa a la segunda clienta que entra: “La prendí para escuchar los anuncios”. Argentina está en vilo esperando el paquete de medidas que comunicará el nuevo Gobierno de Javier Milei dos días después de llegar a la Casa Rosada. Desde las escalinatas del Congreso el dí...

Buenos Aires, martes, cinco de la tarde. Paola Orellana, peluquera de 51 años, tiñe el pelo de la única clienta en el local. Encendió el televisor que tiene en un rincón, subió el volumen y ahora avisa a la segunda clienta que entra: “La prendí para escuchar los anuncios”. Argentina está en vilo esperando el paquete de medidas que comunicará el nuevo Gobierno de Javier Milei dos días después de llegar a la Casa Rosada. Desde las escalinatas del Congreso el día de su asunción, el ultraderechista dijo que con él comenzaba una “nueva era” en el país y muchos quieren saber cómo será esa Argentina que les prometieron. La transformación que pretende arrancó esta semana con una devaluación de la moneda que disparó los precios, pero no alteró los mercados, y un protocolo para reprimir las protestas que los sindicatos ya han empezado a anunciar.

La primera semana de Milei como presidente empezó con algo de retraso. El ultraliberal llegó el lunes a la Casa Rosada para su primera reunión de Gabinete. Ese día no se hicieron anuncios económicos de calado y el Banco Central decidió un virtual festivo cambiario. Después, Milei participó de la celebración judía de Jánuca y fue el único momento de toda la semana en el que habló en público. “Sabemos que las fuerzas del cielo van a apoyar a Argentina y a Israel en este momento”, dijo el nuevo presidente, que es católico, pero estudia desde hace años la Torá y ha mostrado su alineación con el Estado judío.

El plan tampoco llegó el martes a las cinco de la tarde como estaba previsto. El ministro de Economía, Luis Caputo, apareció dos horas más tarde en un mensaje grabado para comunicar las 10 primeras medidas económicas del nuevo Gobierno. Algunas de las directrices: devaluación de la moneda en un 50%, paralización de la obra pública, reducción de subsidios de energía y transporte, recorte en la plantilla del Estado, aumento de las retenciones a las exportaciones… El decálogo propone un fuerte ajuste y la subida de impuestos que, según el pronóstico del Gobierno, ubicarán la inflación en un 20 o 30% mensual. No contempla compensaciones en los ingresos y mejora solo dos ayudas sociales que alcanzan a una parte del 40% de la población que vive en la pobreza.

Las consecuencias más visibles empezaron a verse 24 horas después del anuncio. Los mercados respondieron con tranquilidad. El riesgo país cayó y el dólar blue, que circula de forma ilegal y es un termómetro para la economía local, cotizó a 1.070 pesos por unidad estadounidense, solo 7% más que el día anterior. Con los días, la divisa paralela siguió bajando y la brecha cambiaria se redujo hasta el 25%. Pero los precios se dispararon. Los comerciantes en todo el país empezaron a recibir mensajes de sus proveedores que les anunciaban aumentos de precios de hasta 175% en algunos casos; los corralones de material para las obras dejaron de vender insumos; el kilo de carne pasó a costar un 40% más; la petrolera Shell subió el precio del combustible un 37%; Aerolíneas Argentinas, la línea aérea de bandera, ajustó un 100% el precio de los pasajes.

En las calles de Buenos Aires, los precios monopolizaron las conversaciones. Un hombre enviaba el jueves, 48 horas después de los anuncios, un mensaje de audio a su esposa: “Hasta la tarde no hay precios”. Dos mujeres, en la acera, no se ponían de acuerdo sobre los valores de los bienes. “Compré un pan dulce, dos leches, un aceite, una bolsita de garrapiñada y un alfajor, y gasté 5.000 pesos”, decía una y la otra le replicaba: “No me parece tanto comparado con lo que gasté en la perfumería”. Una mujer se desahogaba con un comerciante: “Es un abuso, es angustiante”.

Los diarios provinciales se hacían eco de las noticias también. En Río Negro, en la Patagonia, se informaba de que dejarían de construirse “1.230 viviendas y 26 escuelas programadas”. En Misiones, en el noreste tropical del país, se contaba que el sector del turismo, uno de los más importantes de la provincia, se mantenía “en alerta” ante las medidas anunciadas. En Córdoba o Santa Fe, en el centro del territorio, los empresarios agropecuarios se dividían entre la crítica y el apoyo.

El ministro de Economía, coronado por los medios como el personaje de la semana, dio su primera entrevista televisiva para ofrecer algunos detalles sobre el paquete, porque faltaban —y aún faltan— precisiones. En los días siguientes avisó también de que la dolarización y el cierre del Banco Central “siguen siendo banderas”. El resto del Gobierno permaneció prácticamente en silencio. Milei continuó sin decir palabra en público, aunque compartió en redes sociales las reacciones positivas a las directrices. La ministra Sandra Pettovello, titular del Ministerio de Capital Humano, tampoco se pronunció cuando aparecieron los primeros cuestionamientos al ajuste. Ella es la única ministra que tendrá “billetera abierta” para “dar contención [apoyo] a los caídos”, según dijo Milei en campaña.

Entre la preocupación y la esperanza

Milei avisó durante la campaña de que si llegaba al Gobierno haría un fuerte ajuste y el domingo se lo recordó a los seguidores que escuchaban en silencio su discurso de asunción. Ese día, zanjó el relato con el que justifica sus decisiones: Argentina se encamina a una “catástrofe” inflacionaria y “no hay solución alternativa al ajuste y al shock”. Por eso, muchos están prevenidos.

“Estamos esperanzados de que se termine de consolidar una idea clara de adónde vamos porque hasta ahora no íbamos a ningún lado”, decía Fernando, un comerciante de 53 años, tras los anuncios. “Será difícil, no será placentero, pero estamos contentos aunque tengamos que apretarnos”, aseguraba. Otros mostraban más preocupación. Como Luis, jubilado de 70 años, que explicaba que el ahorro, en su casa, empezará por la comida. La pensión que recibe ronda los 130.000 pesos —la mitad del valor de una canasta básica (unos 150 dólares)— y no sabe cuánto recibirá este mes. O Silvia, empleada, de 37 años, a quien le preocupa el aumento “abismal” en el costo de vida porque su sueldo “no va acorde”. Uno de los mayores impactos, cree, lo notará en el precio del trasporte público cuando desaparezcan los subsidios estatales a partir de enero, como anticipó el Gobierno.

Entre los economistas entrevistados por EL PAÍS hay consenso en que la situación es crítica. Pero advierten del impacto que las medidas tomadas por el Gobierno tendrán en la población. “Esto es un ajuste clásico que lo único que hace es bajar salarios y no estabiliza”, critica Florencia Medici, investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet). Leandro Mora Alfonsín, economista y profesor de la Universidad de Buenos Aires, apunta también la “ausencia total de una calibración de la política de ingresos”: “Las perspectivas para la economía real son malas y para el ordenamiento de las variables macroeconómicas estamos en signo de pregunta”.

Los sindicatos y movimientos sociales también advirtieron de que el rumbo elegido arruinará a los argentinos. La Central General de Trabajadores (CGT), la principal organización obrera de Argentina, se reunió de urgencia y difundió un comunicado en el que alertaba de que “el ajuste lo paga el pueblo” y añadía que “no se quedará de brazos cruzados”. Las organizaciones piqueteras de izquierda llamaron a un paro y a una concentración “masiva” en Plaza de Mayo el 20 de diciembre.

“Que sepan que si se toman las calles, habrá consecuencias”, fue la respuesta del Gobierno. La nueva ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció un plan de mano dura contra las protestas y se convirtió, después de Caputo, en otra protagonista de la semana. El nuevo protocolo contra las manifestaciones tiene previsto convocar a las cuatro fuerzas de Seguridad que dependen del Ministerio de Seguridad —la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria— para disolver manifestaciones que bloqueen calles y rutas. “Emplearán la fuerza necesaria y suficiente, que será graduada en proporción a la resistencia”, avisó Bullrich.

La nueva ministra derogó para ello las reglas de actuación de la policía impulsadas durante el Gobierno de Cristina Kirchner para limitar la represión tras las muertes de dos personas durante un operativo policial en 2010. “Ahora, más que una limitación del uso de la fuerza policial hay una habilitación para ejercer violencia contra los manifestantes”, criticó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). La reacción también llegó desde movimientos sociales y algunos sectores de la oposición. La diputada izquierdista Myriam Bregman, que consideró que la decisión “es absolutamente inconstitucional”, fue atacada por su postura. “Cárcel o bala”, la amenazó el diputado liberal José Luis Espert, exaliado de Milei, en redes sociales.

Mientras tanto, se siguieron conociendo parte de los planes del nuevo Gobierno, como la inminente publicación de un decreto de necesidad y urgencia para desregular la economía; la reducción de la flota de coches del Estado; la puesta en venta de dos aviones de la petrolera estatal YPF; la intención de hacer un blanqueo de capitales; la renovación de embajadores... El oficialismo, además, logró designar al presidente provisional del Senado, en contra de la intención del peronismo, en la primera sesión de Victoria Villarruel como presidenta de la Cámara alta.

El portavoz presidencial, Manuel Adorni, insistió en las ruedas de prensa matutinas que ha instaurado para dirigirse a los medios que las medidas de esta semana han sido solo “el telón de fondo” de otras que darán a conocer “en las próximas semanas” y que serán “realmente profundas”. Mieli continuó sin hablar en público, aunque participó en todas las reuniones de Gabinete, según el último comunicado del Gobierno, que destaca tres puntos: que Milei reiteró su apoyo al decálogo de Caputo, que respaldó el protocolo antimanifestaciones de Bullrich y que este viernes sortearía su último sueldo como diputado.

Buenos Aires, viernes 15 de diciembre, al mediodía. El presidente graba un video en vivo en Instagram desde su despacho. Están su hermana, Karina Milei, ahora secretaria general de la Presidencia, un escribano y un séquito de jóvenes con teléfonos en alto. Más de 115.000 espectadores lo siguen en vivo. Milei muestra el puño del bastón presidencial con los rostros de sus perros; cuenta que trabaja en esta mesa y no en aquella; dice que la mujer del fondo es su mejor amiga. Firma también el acta del sorteo de su último sueldo como diputado de La Libertad Avanza, una iniciativa que empezó dos años atrás para entregar su dieta como funcionario. “Ahora me conseguí otro trabajo”, avisa Milei. Desde hace una semana, el ultraderechista se sienta en el sillón de los presidentes.

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