Argentina autoriza a 12 de los tripulantes del avión venezolano incautado a abandonar el país

A lo largo de tres meses y una semana, 19 tripulantes (14 venezolanos y cinco iraníes) de un avión incautado por la justicia argentina a pedido de la estadounidense han permanecido recluidos en un hotel de Buenos Aires bajo la sospecha de que mantenían vínculos con el terrorismo. Doce tripulantes abandonaron anoche Argentina después de que un tribunal ordena...

A lo largo de tres meses y una semana, 19 tripulantes (14 venezolanos y cinco iraníes) de un avión incautado por la justicia argentina a pedido de la estadounidense han permanecido recluidos en un hotel de Buenos Aires bajo la sospecha de que mantenían vínculos con el terrorismo. Doce tripulantes abandonaron anoche Argentina después de que un tribunal ordenase su liberación y la devolución de los pasaportes retenidos. Los otros siete deben permanecer en Buenos Aires, pero su situación procesal debe quedar definida en el plazo de diez días, según el fallo de un tribunal de segunda instancia.

Entre quienes siguen en el país está el piloto iraní Gholamreza Ghasemi Abbas, a quien los servicios de inteligencia de Paraguay acusaron de ser miembro de Al Quds, un brazo paramilitar de élite del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC). Otros tres iraníes y tres venezolanos continúan también retenidos en el hotel.

La novela “del avión venezolano-iraní”, como la llama la prensa local, comenzó el pasado 6 de junio. Ese día, un Boeing 747-300 de la empresa venezolana Emtrasur llegó al aeropuerto bonaerense de Ezeiza desde México con sus bodegas llenas de autopartes. Dos días después, el avión de carga partió hacia Uruguay, pero le denegaron el aterrizaje y regresó a Buenos Aires. La negativa uruguaya llamó la atención de las autoridades argentinas y la oposición solicitó abrir una investigación. Los 14 tripulantes de nacionalidad venezolana y los cinco iraníes fueron retenidos en un hotel, mientras se revisaba la carga del avión y la documentación con la que los extranjeros habían ingresado al país.

A partir de ese momento, la trama comenzó a complicarse. Lo primero que atrajo la atención fue el avión: había sido incorporado a la flota venezolana seis meses atrás, pero durante los 15 años previos voló para la aerolínea iraní Mahan Air, sancionada por Estados Unidos por sus presuntos vínculos con Al Quds. Estados Unidos considera a Al Quds grupo terrorista y pidió al país sudamericano que retuviera el Boeing. A su vez, anunció represalias para cualquier compañía que le prestase asistencia logística. Debido a la advertencia, ninguna petrolera local quiso venderle combustible y el avión quedó varado en Ezeiza.

Según la hoja de ruta del avión de Emtrasur, en su último mes en actividad voló a Paraguay, Bielorrusia, Irán y Moscú. La justicia argentina investiga, con la colaboración de otros países, si fue utilizado para realizar actividades ilícitas. Investiga también por qué la tripulación era muy superior a la requerida y en ella había cinco ciudadanos iraníes.

A pedido de Washington, la aeronave está embargada. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, expresó hace un mes su indignación por lo que califica de “robo”. “Se nos quiere embargar un avión en Argentina por una decisión de un tribunal de La Florida. O sea que a partir de ahora un tribunal de La Florida o Nueva York decide quitarle un barco, un avión o cualquier propiedad a Venezuela o a cualquier país y puede hacerlo”, afirmó Maduro. “¿No hay respeto a la ley internacional o es que en Argentina mandan los tribunales de Estados Unidos?”, se cuestionó durante un discurso público.

Las sospechas se extendieron también a la tripulación, que en un primer momento no había llamado la atención. El ministro de Interior, Aníbal Fernández, admitió que organismos extranjeros habían enviado información que vinculaba a algunos de ellos con empresas relacionadas con la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán. Argentina acusa a miembros de Al Quds de estar detrás del peor atentado de la historia del país, el perpetrado contra la sede de la mutual judía AMIA en 1994 que causó la muerte de 85 personas.

El 1 de agosto, el juez a cargo del caso, Federico Villena, había decidido levantar la prohibición de salida del país de 12 de los 19 ocupantes del avión, pero la medida fue apelada por la fiscal. La Cámara Federal de Apelaciones ratificó su liberación seis semanas más tarde.

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