La voracidad minera de China arrasa con comunidades indígenas en Nicaragua

Francis vio que los hombres uniformados con chalecos anaranjados entraron a su comunidad acompañados con policías armados con fusiles del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Era finales de enero y los uniformados, sin orden judicial, les dijeron a los vecinos del Barrio 19 de Julio, en el municipio caribeño de Rosita — uno de los grandes di...

Francis vio que los hombres uniformados con chalecos anaranjados entraron a su comunidad acompañados con policías armados con fusiles del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Era finales de enero y los uniformados, sin orden judicial, les dijeron a los vecinos del Barrio 19 de Julio, en el municipio caribeño de Rosita — uno de los grandes distritos mineros de Nicaragua— que parte de sus tierras le pertenecen ahora a la empresa Santa Rita Mining Company, una minera china beneficiada con una concesión de 3.356 hectáreas para explotar oro. “Entraron a arrancar unos cercos, clavaron unas varillas, pusieron unos mojones rojos y nos dijeron que esta tierra ya no es de nosotros, que está bajo concesión”, relata Francis, un hombre de 35 años y perteneciente a la etnia miskita. La concesión forma parte del auge de las mineras chinas que avanzan en territorios indígenas con la venia del régimen de Ortega.

Se trata de un lote llamado “Rosita D”, cuyo tamaño equivale a más de la mitad de la isla de Manhattan, en Nueva York, y que se extiende sobre buena parte del casco urbano de Rosita y el territorio indígena Mayangna Tuahka. “Claro que nos molesta porque es nuestra tierrita, ¿pero qué vas a reclamar cuando andan con esos policías? Nada. Pero bueno, así están las cosas en este país: ahora tienen más derechos que nosotros, que somos nativos”, lamenta Francis.

Su enojo es compartido por centenares de locales afectados por la concesión entregada a la empresa china. La explotación minera no es una novedad en Rosita, que junto con Bonanza y Siuna conforman el llamado Triángulo Minero de Nicaragua. Desde el siglo XIX y comienzos del XX, cuando compañías extranjeras comenzaron a explotar el oro en la zona, convirtieron a estos municipios en enclaves extractivos que, con distintas banderas y distintos dueños, nunca han dejado de operar.

De modo que la explotación de recursos y la falta de consultas previas a comunidades indígenas, dueñas de territorios ancestrales protegidos por la Ley 445, siempre han sido motivo de conflicto en el Caribe nicaragüense. Sin embargo, la novedad, desde finales de 2021, es el nuevo actor minero que ha irrumpido con celeridad en Nicaragua en los últimos cuatro años: la República Popular de China, tras el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre el régimen sandinista y el gigante asiático en 2021.

La relación con China no ha supuesto la transformación económica que la propaganda del régimen ha prometido para Nicaragua, pero sí ha habilitado un mercado reducido y selectivo para capitales chinos que, amparados en instrumentos como el Tratado de Libre Comercio firmado entre Managua y Pekín en 2024, operan bajo condiciones ventajosas, con escasa sujeción a marcos regulatorios y resguardo policial, como ocurre en barrios de Rosita.

El sector minero ilustra con claridad esa dinámica: más de 30 concesiones fueron adjudicadas en apenas tres años, entre 2023 y 2025, configurando un reparto territorial de 919.825 hectáreas, equivalente a casi el 7% del territorio del país centroamericano, del que se benefician principalmente ocho empresas chinas.

Entre las principales beneficiarias de ese reparto figuran Thomas Metal S.A., Zhong Fu Development S.A., Brother Metal S.A., Waslala Mine S.A., Nicaragua XinXin Linze Minería Group S.A., Three Gold Coins Company S.A., Linze Excelente Minería S.A. y Northern Mining Company S.A., sociedades vinculadas a capital chino que concentran buena parte de las concesiones otorgadas en este período de expansión en el que los chinos se han alzado como el nuevo gran actor minero, desplazando a transnacionales canadienses y estadounidenses.

El oro se ha consolidado como uno de los principales salvavidas económicos del régimen Ortega-Murillo. Datos preliminares del Banco Central muestran que en 2025 Nicaragua exportó más de 1,8 millones de dólares en este metal, convirtiéndolo en el producto estrella de su canasta exportadora. En paralelo, el negocio aurífero ha sido reconfigurado para sortear sanciones internacionales, abriendo espacio a nuevos socios y estructuras comerciales en las que participan estas empresas chinas.

Ese rediseño no ha pasado desapercibido en Washington, ya que el 29 de enero de 2026, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos avaló el proyecto de ley S. 3496, que busca combatir la minería ilícita de oro en el Hemisferio Occidental y menciona expresamente a Nicaragua, con el objetivo de interrumpir el comercio vinculado al régimen.

Afectaciones a territorios indígenas

La Fundación del Río, dirigida por el ambientalista Amaru Ruiz, lleva un inventario de las concesiones entregadas a empresas de origen chino y ha identificado que 25 concesiones de explotación aurífera afectan a 17 territorios indígenas y afrodescendientes debidamente titulados, así como a cuatro territorios indígenas en proceso de titulación.

Las investigaciones de la organización revelan un patrón en estas operaciones: las concesiones han sido otorgadas a empresas chinas sin procesos de Consulta Previa, Libre e Informada (CPLI) y consentimiento, en contravención de la Ley 445, el Convenio 169 de la OIT y otros compromisos internacionales asumidos por Nicaragua de cara los pueblos indígenas y sus territorios ancestrales.

Antes de la llegada de las empresas asiáticas tampoco se cumplían plenamente los principios de consulta previa en favor de mineras canadienses y colombianas, pero al menos existía un ejercicio algo más real de participación comunitaria, explica Dixon, líder miskito y exintegrante del Consejo Regional Autónomo de la Costa Caribe Norte, quien debió huir de su territorio por represalias políticas y solicita no ser identificado.

En Nicaragua, los mecanismos de consulta previa e informada que antes operaban en los territorios indígenas se han desmantelado progresivamente desde el regreso Ortega al poder en 2007. Hasta entonces, las comunidades participaban en procesos formales que incluían consultas locales, revisión municipal y aprobación del Consejo Regional Autónomo, con evaluaciones técnicas y Estudios de Impacto Ambiental de carácter público. Con el paso de los años, esos procedimientos dejaron de cumplirse y, según líderes comunitarios, la laxitud es hoy absoluta, especialmente en proyectos vinculados a capital chino.

Esa tendencia se consolidó el 6 de mayo de 2025, cuando el régimen reformó el marco ambiental mediante la Ley No. 1248 de Áreas de Conservación Ambiental y Desarrollo Sostenible, eliminando la exigencia obligatoria de Estudios de Impacto Ambiental previos en determinadas actividades dentro de áreas protegidas. La norma flexibilizó los controles sobre la explotación de recursos y debilitó los mecanismos de consulta y evaluación independientes, reduciendo salvaguardas históricas y facilitando el avance de concesiones mineras incluso en territorios indígenas y zonas antes estrictamente resguardadas.

Para demostrar las consultas exprés a los pueblos indígenas, la Fundación del Río tiene varias actas sobre la aceptación de la explotación minera en sus territorios. Una de ellas es la de la comunidad Sumu Kaat, fechada el 17 de septiembre de 2025, mediante la cual se otorga aval a Nicaragua XinXin Linze Minería Group S.A. para operar en territorio Rama y Kriol.

El documento invoca la Constitución, la Ley 445 y el Convenio 169 de la OIT, pero no consigna hectáreas, coordenadas ni número de lote; tampoco adjunta Estudio de Impacto Ambiental, mapas técnicos del polígono, detalles sobre el tipo y duración de la explotación, impactos sobre fuentes hídricas y bosque o información económica sobre regalías y beneficios para la comunidad, elementos esenciales para una consulta informada.

La compañía, una de las piezas clave del entramado minero chino, recibió además el 9 de febrero de 2026 otras 39.946 hectáreas por 25 años en los lotes Victoria y La Diabla–Cerro Kum, elevando a 12 los lotes bajo su control y acercando el total concesionado a empresas asiáticas al millón de hectáreas, en un esquema de consultas que en la práctica se reduce a asambleas concentradas y expedientes incompletos.

Más allá de los vacíos legales y las reformas administrativas, el temor en las comunidades es ambiental y existencial. “La expansión minera no solo erosiona el régimen de autonomía y las normas que protegen los territorios indígenas, sino que transforma de manera irreversible su entorno y su forma de vida: ríos que disminuyen su caudal, pesca cada vez más escasa, caza desplazada y bosques arrasados por el despale”, dice Dixon. “Y no sabemos con qué extraen oro los chinos, si con mercurio u otra cosa tóxica”, alerta el líder indígena.