Noboa convoca una polémica consulta popular para una Asamblea constituyente

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha dado un paso más en su confrontación abierta con la Corte Constitucional al convocar una consulta popular para instalar una Asamblea Constituyente sin someter previamente la iniciativa al control del máximo tribunal, como exige la legislación ecuatoriana. Lo hace sin el dictamen que debe garantizar la constitucionalidad de la pregunta planteada y de los argumentos que la sustentan. Un paso que abre un nuevo frente de tensión con la Corte, que ya había bloqueado cinco de las ocho preguntas de una anterior propuesta de consulta popular presentada por el Ejecutivo.

El mandatario, que asumió el poder hace casi dos años y fue reelecto en los últimos comicios, busca reescribir las reglas del juego institucional.“Es una afrenta al Estado de derecho”, advierte el abogado constitucionalista André Benavides. “Es muy grave, porque mañana cualquier persona, con las firmas necesarias, podría iniciar un proceso constituyente. Esto genera una fuerte incertidumbre institucional”, sostiene.

La solicitud fue enviada directamente al Consejo Nacional Electoral, que todavía no responde si cumplirán con la normativa y preguntarán primero a la Corte si procede o no. El mismo organismo, en los comicios anteriores, permitió que Noboa hiciera campaña mientras ejercía la presidencia, una decisión que contradice la normativa electoral vigente, según expertos.

Para Noboa la Constitución vigente -redactada en 2008 por una mayoría de asambleístas afín al partido del expresidente Rafael Correa-, “ha quedado rezagada” y no responde con las herramientas necesarias para las realidades emergentes. El principal argumento es la crisis de seguridad, que se ha agravado desde que llegó al poder. El año 2025 se perfila como el más violento en la historia del país, con al menos 6.000 homicidios de lo que va el año. Noboa también menciona otros factores que considera estructurales para justificar necesitar una nueva Constitución, como la crisis climática, la transición energética, la revolución tecnológica y digital, y las nuevas dinámicas migratorias. “La crisis integral de Ecuador no puede atenderse con cambios puntuales, sino que requiere una reconfiguración total del Estado”, afirma el documento oficial que acompaña la convocatoria a la consulta.

Noboa, además, ha firmado otros dos decretos para convocar a referéndum para preguntar a la ciudadanía si está de acuerdo con permitir la presencia de bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano, una medida que, según el Gobierno, ayudará en la lucha contra el crimen organizado transnacional. Y otra sobre eliminar la obligación del Estado de asignar recursos a las organizaciones políticas, para que ellos se financien por sí solos. Ambas preguntas pasaron el control y aprobación de la Corte.

Los jueces de la Corte Constitucional se han convertido en el principal contrapeso institucional del presidente. Noboa los ha acusado de frenar sus decretos de estado de excepción, mecanismo que ha utilizado reiteradamente desde que asumió el poder para militarizar la seguridad interna. En un tono cada vez más beligerante, el Gobierno ha llegado a calificar a los magistrados como “enemigos del pueblo”.

La decisión del mandatario ocurre mientras en las calles crece el malestar social. LA tarde del jueves la Confederación de Nacionalidades Indígenas, Conaie, anunció un paro nacional, tras la sorpresiva eliminación del subsidio del diésel, una medida impopular que encendió algunas protestas de los transportistas pero que el Gobierno había conseguido contener ofreciendo aumentar los valores de los bonos económicos y ampliando el cupo de los beneficiarios.

Pero desde este jueves amenaza con volverse masiva por la resolución de la Conaie, que ya ha sido protagonista de dos grandes levantamientos sociales en la última década. El Gobierno es consciente de ese precedente y ha reaccionado de forma preventiva. Amplió el estado de excepción a siete provincias y decretó toque de queda nocturno en cinco de ellas, restringiendo la libre circulación entre las 22.00 y las 05.00. Aunque por ahora las movilizaciones se mantienen contenidas mientras las comunidades organizan su respuesta.

Noboa no ha dudado en subir el tono contra el movimiento indígena. Ha tildado a sus dirigentes de “revoltosos” y los ha declarado “personas no gratas” en todo el territorio nacional y ha advertido que quienes “presionen” a los agricultores para sumarse a las protestas podrían ser procesados por terrorismo. “Serán denunciados por terrorismo y se irán 30 años presos a la cárcel, cualquiera de esos que les quite el agua a alguno de ustedes”, afirmó el mandatario durante un acto público en la provincia andina de Chimborazo, donde entregaba tractores y bonos a pequeños productores.

En menos de dos año en el poder, Daniel Noboa ha consolidado un estilo de gobierno confrontacional y centralizado, apoyado en la fuerza militar y policial. Ahora, busca legitimarse en las urnas sin pasar por el filtro constitucional.