A una adolescente discapacitada la violaron y la obligaron a dar a luz: su madre está acusada de negligencia y el violador, libre

Su madre lo notó en julio. Percibió un pequeño bulto en el abdomen de su hija Luz (nombre ficticio) que la preocupó. Fueron a urgencias y recibieron una noticia que doña Flor ni siquiera había sospechado: su hija de apenas 14 años estaba embarazada de cuatro meses. Dada la condición de discapacidad cognitiva severa de Luz, que no le permite hablar ni moverse por sí misma, el único escenario posible era la violación. Tras denunciarlo, no solo no encontraron justicia, sino que la menor fue institucionalizada y alejada de su madre. El Estado de República Dominicana la acusa de negligencia, ya que considera que la adolescente “fue abusada sexualmente estando bajo responsabilidad de la madre”. Luz también fue obligada a dar a luz a pesar de que los doctores auguraban un embarazo de alto riesgo y actualmente está hospitalizada tras sufrir una preclampsia que la tuvo incluso en cuidados intensivos. El violador sigue libre.

El 21 de agosto pasado, un juez decidió aplicar una orden de protección y remisión de la adolescente para que comenzara a vivir en las instalaciones del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani). Ingresó el 4 de septiembre, con seis meses de embarazo, ninguna cara conocida dentro y sin apenas visitas de su madre, a pesar de que la sentencia dictaba dos visitas al mes. La señora Flor pasó un mes sin siquiera conocer el paradero de su hija y su nieta, y apenas pudo hacer dos visitas en tres meses, según informa su abogada. Tampoco le dieron parte del estado de salud de su hija, ni información sobre cómo avanzaba el embarazo, ni el día de la programación de la cesárea, de acuerdo con el seguimiento de Estefanny Molina, directora legal para América Latina y el Caribe de Women’s Link Worldwide, litigante de un proceso penal en curso.

“Este caso es una cadena enorme de negligencias y fallos del Estado”, señala la abogada. “Es un caso puro y duro de violencia obstétrica en el que se han violado repetidamente los derechos de la menor y su autonomía reproductiva. Nos recuerda mucho al caso de Esperancita”, cuenta. Esperancita fue una adolescente que murió con 16 años porque los doctores primaron el embarazo antes que su leucemia. Su madre, doña Rosa, lleva más de una década repitendo lo mismo: “A mi hija la mató el Estado dominicano”. Su caso está en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Tanto Luz como Flor (también nombre ficticio para proteger la identidad de la madre) encarnan varios de los males que sufren las mujeres en un país en el que el aborto está prohibido bajo cualquier circunstancia. Según datos de la Oficina Nacional de Estadística y el Ministerio de la Mujer del año 2018, en el país caribeño una de cada dos mujeres ha sido víctima de violencia a lo largo de su vida y el 29% de las supervivientes de delitos sexuales reportados son menores de edad.

La tendencia es que estas cifras se disparan cuando las víctimas de violencia tienen algún tipo de discapacidad. Sin embargo, el país no recoge datos segregados por esta condición. Esto supone para Cristina Francisco, directora del Círculo de Mujeres con Discapacidad (Cimudis), “otra dificultad más”: “Sin datos es muy difícil que hagan políticas públicas para las mujeres con discapacidad. Y las que ya existen, no se cumplen”, cuenta en alusión a la Ley 0513. Esta norma contempla la obligación del Estado de proteger de violencias a las mujeres y niñas específicamente. Sin embargo, no existen lineamientos claros.

Para Flor, este proceso ha sido un martirio. Al dolor de las violencias hacia su hija se ha sumado a lo que considera una revictimización en los tribunales y al señalamiento público de muchos medios locales quienes, como el jurado, la han culpado a ella. El enfoque amarillista y la publicación de nombres reales y datos personales de su familia está siendo “muy difícil de soportar”, cuenta Molina, quien habla en su nombre tras su negativa de aparecer en más medios.

Otra de las voces más críticas e injustas ha sido la del director del centro en el que está ingresada su hija, el Hospital Regional Presidente Estrella Ureña de Santiago, quien ha dado varias declaraciones a la prensa local hablando de la “estabilidad” de Luz y dando fechas de alta que nunca llegan. “Hasta ahora está muy estable, posiblemente hoy o mañana se egrese”, dijo el martes 17 de diciembre. Ortega explicó que las “complicaciones” que ha tenido se deben a su propio cuadro médico, y no por el embarazo de riesgo en una niña. Él asegura que el deteriorado estado de salud —por el que ha estado incluso en coma— se debe a un proceso normal de cualquier cesárea.

No obstante, de acuerdo con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa), las niñas y adolescentes embarazadas tienen mayores probabilidades de sufrir complicaciones relacionadas con el embarazo y el parto. En las adolescentes menores de 15 años, el riesgo de morir por causas relacionadas con el embarazo es hasta tres veces más que en partos de mujeres mayores de 20 años.

Este caso está siendo también muy vigilado por los grupos antiabortistas del país. “Ellos también le están echando la culpa a la mamá de la violencia sexual que sufrió Luz”, explica Molina. “Nosotras hemos dicho por activa y por pasiva que el único responsable es el violador”. Si bien hay medios locales que han dado nombres y apellidos del supuesto perpetrador, tanto la familia como la abogada prefieren no dar declaraciones al respecto “para que la investigación siga su curso”. Pero confirman que sospechan de alguien del entorno próximo a la menor, como sucede en la inmensa mayoría de casos de abuso a menores en los que los violadores son parte del círculo más cercano de la víctima: padre, padrastro, abuelo o hermano.

“Antes que ser personas con discapacidad, somos mujeres”

Francisco considera que el caso de Luz ha sido expuesto a tantas violencias precisamente por ser el espejo de la interseccionalidad. Además de ser niña, viene de un entorno rural, con condiciones empobrecidas y tiene una discapacidad. “Es por eso que se han vulnerado mucho más sus derechos”, zanja. Para la activista, el tabú sobre la sexualidad de las mujeres con discapacidad también ha creado “percepciones equivocadas” muy dañinas. “Piensan que no nos enamoramos, no tenemos relaciones o nunca decidiríamos abortar. Es errado. Nosotras reclamamos nuestros derechos sexuales y reproductivos como cualquier otra mujer”, explica por teléfono. “Antes que ser personas con discapacidad, somos mujeres”.

Sin embargo, República Dominicana priva al 50% de su población a decidir sobre su propio cuerpo. La isla es uno de los cinco países latinoamericanos (junto a Nicaragua, Honduras, Haití y El Salvador) que prohíben la interrupción del embarazo bajo cualquier causal. Las penalizaciones para quienes aborten van de seis meses a 20 años en prisión, además de castigar a los profesionales de la salud que practican el procedimiento. Ni una violación o incesto, ni que el feto tenga una enfermedad incompatible con la vida, ni el riesgo a que la madre muera son suficientes en el país para interrumpir un embarazo.

Mientras la principal lucha del movimiento feminista del país es la despenalización del aborto por estas tres causales, se siguen muriendo niñas y mujeres mientras que el Senado impide una y otra vez la actualización de un Código Penal vigente desde 1884. “En el caso de Luz, como en el de Esperancita y tantos otros, lo único que le preocupó al Estado fue que el embarazo se llevara a término”, lamenta Molina. “Luz les dio igual”.