La amenaza de la persecución judicial persiste en Guatemala

Las Cortes de justicia de Guatemala cambiaron de autoridades, pero la preocupación por la independencia judicial y la estabilidad democrática en el país centroamericano todavía persiste. La mayoría de los magistrados que presidirán la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y algunos de la Corte de Apelaciones figuraron en un famoso caso de corrupción, conocido como Comisiones Paralelas. Además, llegaron a los cargos juristas apadrinados por viejos operadores políticos, quienes estuvieron presos por amañar la elección de Cortes en 2014 y 2019, o por diputados cuestionados.

Esos antecedentes han generado críticas, desconfianza, descontento y preocupación entre diferentes grupos de sociedad civil y en organizaciones de derechos humanos locales e internacionales. “Es importante señalar que preocupa el futuro de la justicia y la estabilidad democrática del país. Existen dudas sobre si los nuevos magistrados (as) seguirán la misma línea que los anteriores o tomarán una nueva posición”, señaló Impunity Watch en el informe Lecciones aprendidas de la elección de Cortes en Guatemala, publicado el miércoles.

El documento concluyó que es necesario retomar la lucha contra la impunidad y la corrupción en el país y frenar la criminalización que se desató con los últimos dos Gobiernos contra defensores de derechos humanos, periodistas, exoperadores de justicia, miembros del partido oficial e incluso contra el actual presidente de la nación centroamericana.

Nuevo proceso, mismos vicios

El pasado domingo fueron juramentados los 13 nuevos magistrados de la CSJ y los 260 jueces que integrarán la Corte de Apelaciones (CA) para el periodo 2024-2029. El objetivo era que las Cortes quedaran integradas para el 13 de octubre y contra todo pronóstico eso se cumplió.

Pero el proceso resultó complejo y quedó marcado más por críticas que por halagos. Debido a los antecedentes que dejó el Caso Comisiones Paralelas I y II y a la cooptación de los poderes judiciales que heredaron los dos gobiernos pasados, el presidente, Bernardo Arévalo, solicitó a la Organización de Estados Americanos (OEA) una misión de observación para acompañar la elección.

A pesar de la observación internacional las sesiones de las comisiones de postulación, conformadas para evaluar a los aspirantes, estuvieron varadas por dos semanas debido a una disputa por cambiar la sede de las reuniones. Tras definir que permanecerían en el mismo lugar, los comisionados, entre los que ya había bandos establecidos, cambiaron algunas reglas como la manera de calificar y omitir las entrevistas.

Los días de recepción de expedientes se presentaron cientos de postulantes entre los que destacaron varios personajes incluidos en la lista Engel de Estados Unidos por sus actos corruptos o sus intentos de “socavar la democracia”. “Sin duda alguna esto repercute en la calidad de las personas que al final pasaron a formar estas nóminas. En la Corte Suprema de Justicia sí tenemos por lo menos tres o cuatro perfiles que llenan los requisitos al menos de no tener señalamientos públicos [...] y en el caso de Cortes de Apelaciones [...] en esa lista no hubo tanto filtro y no se lograron los mejores perfiles”, comentó a EL PAÍS Marielos Fuentes, directora ejecutiva de Guatemala Visible, una de las organizaciones que monitoreó todo el proceso.

Durante la calificación de los candidatos, grupos indígenas, estudiantiles y de derechos humanos presentaron señalamientos contra varios candidatos, pero ninguno fue aceptado por los comisionados, quienes advirtieron que no tomarían en cuenta nada que no tuviera sentencia firme. En ese momento la OEA lamentó la decisión de los comisionados y recomendó priorizar la idoneidad, honorabilidad y capacidad de los aspirantes que integrarían las nóminas.

Al final, muchos de los candidatos famosos por sus vínculos con la corrupción no clasificaron, pero otros de bajo perfil sí. A finales de septiembre, cumpliendo el cronograma establecido, las comisiones de postulación entregaron al Congreso de la República las nóminas de cada Corte para que se continuara con la votación. En Guatemala es el Legislativo el que escoge a los jueces y magistrados a partir de la lista depurada que reciben de las postuladoras. Los diputados en dos sesiones por ambos listados en un proceso comandado por alianzas políticas en las que predominaron los opositores del gobierno, aunque los parlamentarios del oficialismo votaron con ellos.

“Preocupa lo ocurrido en la votación que se dio en el Congreso porque sin que hubiese sido producto de consenso dentro de las bancadas lograron votos suficientes para ser electos cuatro magistrados que forman parte del grupo mayoritario en la CSJ [...] preocupan por ser evidentemente magistrados que siguen una corriente no democrática y con agenda proimpunidad”, explicó Carmen Aida Ibarra, directora ejecutiva del Movimiento Pro Justicia, otra organización que fiscalizó todo el proceso.

En relación con la Corte de Apelaciones, Ibarra comentó que hay personajes vinculados a actores corruptos y condenados internacionalmente ahora a cargo de las principales Salas de lo Penal y las Salas de Mayor Riesgo (los que llevan casos de alto impacto). Según los informes de Pro Justicia, en esta elección operaron los mismos políticos y empresarios que estuvieron presos por el caso Comisiones Paralelas I y II. Incluso en fotografías de medios locales, esas figuras asistieron a la toma de posesión de los magistrados y conversaron sonrientes entre ellos.

Un proceso frustrante

Los problemas no terminaron con la elección. El día de la juramentación, 13 de octubre, uno de los magistrados electos para Corte de Apelaciones y que fungió como registrador de ciudadanos en el Tribunal Supremo Electoral fue capturado a primeras horas. Mientras, las actividades programadas para la toma de posesión se retrasaron debido a que ese día los nuevos magistrados de la CSJ tenían que elegir presidente, pero no llegaron a ningún consenso. Por eso, decidieron nombrar a Carlos Rodimiro Lucero, vocal I, como presidente en funciones de la CSJ.

En la votación del Congreso Lucero obtuvo 159 votos de 160 diputados. En 2018, el nuevo presidente de la CSJ fue acusado de cohecho pasivo por la extinta comisión anticorrupción de la ONU en Guatemala cuando supuestamente recibió “beneficios” de uno de los principales operadores de la elección de Cortes. La investigación no procedió porque la fiscalía no logró que le retiraran la inmunidad.

“Fue un proceso frustrante. La mayoría tal vez estemos de acuerdo en que la renovación de la Corte Suprema y Salas de Apelaciones tenía una importancia estratégica para detener la reversión democrática y sanear el sistema político jurídico. Desgraciadamente la oportunidad se perdió. Lo que veremos es un fortalecimiento de un status quo, donde predominan traficantes de fallos, mentalidad antidemocrática y una peligrosa cercanía al narco”, señaló Gustavo Berganza, director de DOSES, organización que monitoreó todo el proceso de elección.

Durante los últimos seis años más de cien guatemaltecos salieron al exilio, entre jueces, fiscales, periodistas y activistas debido a la persecución política y los anteriores magistrados de ambas Cortes apoyaron las acciones de persecución política del Ministerio Público por eso ahora hay incertidumbre con la posición que asuman los nuevos funcionarios.

“Estamos en una situación compleja. Hay alta posibilidad de que sigan violando los derechos humanos desde el Organismo Judicial y que se sigan violando las garantías judiciales. No creo que sean cortes independientes, tienen un alto grado de influencia de grupos políticos y económicos que buscan controlar las cortes para impulsar una agenda proimpunidad”, finalizó Ibarra.

El domingo en su discurso de toma de posesión Carlos Lucero, presidente en funciones de la CSJ invitó a Arévalo, al presidente del Congreso y a la fiscal general, Consuelo Porras, a abrazarse y estrechar las manos para buscar consensos. Sin embargo, en su propia Corte tampoco hay consensos porque no han logrado escoger quien los presida.