Brasil solicita a Argentina la extradición de 63 bolsonaristas prófugos relacionados con el intento de golpe

El Tribunal Supremo de Brasil, que ha condenado a más de 200 bolsonaristas por participar en el intento de golpe en enero de 2023 en Brasilia, ha iniciado los trámites para solicitar a Argentina la extradición de 63 personas que huyeron al país vecinos para burlar la ley brasileña y eludir largas condenas de cárcel. El juez Alexandre de Moraes, que lleva el caso, emitió el martes la orden para pedir la extradición de 63 personas condenadas o investigadas por el asalto de Brasilia, según la prensa local. Arranca por tanto un largo proceso, que es secreto, en el que participan varios organismos de ambos países. El Ministerio de Justicia brasileño debe evaluar la petición del Supremo antes de que la Cancillería formalice la petición ante las autoridades argentinas. El diario O Globo informa este jueves de que 30 de las peticiones ya han llegado a la Embajada de Brasil en Buenos Aires.

Los de extradición son siempre procesos lentos, pero en este caso lo será aún más porque buena parte de los bolsonaristas prófugos ha pedido asilo político al Gobierno del ultra Javier Milei alegando que son perseguidos políticos. Por tanto, esos expedientes de refugio deben ser resueltos por las autoridades argentinas antes de entrar a analizar las demandas de extradición. El asunto es delicado y tiene un fuerte componente político en vista de la afinidad ideológica del presidente Milei con el bolsonarismo y su líder. El propio Jair Bolsonaro es investigado por urdir el golpe junto a un grupo de generales y, para evitar que se fugue, tiene prohibido abandonar el país y el pasaporte, retenido.

Las largas penas impuestas por el Supremo brasileño a los primeros condenados (entre 14 y 17 años de cárcel) por participar en el asalto golpista hizo que decenas de ellos emprendieran la huida al extranjero. Aprovecharon que estaban en prisión domiciliaria, se arrancaron las tobilleras electrónicas, y cruzaron las fronteras con los países vecinos en coche, autobús o incluso bicicleta.

Uno de esos prófugos, Carlos Antonio Silva, de 62 años, se decía inocente en declaraciones realizadas a este diario en La Plata (Argentina) el pasado septiembre: “Yo no hice nada, ni siquiera rompí un palillo”, afirmaba este el agente inmobiliario que se fugó en febrero tras ser condenado a 16 años de prisión por abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, daño cualificado, deterioro del patrimonio protegido y asociación criminal armada. “Quieren que paguemos por un crimen que no cometimos, que echaron a nuestras espaldas sólo por nuestras ideas”, decía, un argumento que comparte con otros compatriotas en idéntica situación.

Brasil y Argentina, socios en el bloque Mercosur, tienen suscrito en ese marco un acuerdo de extradición por el que “se obligan a entregarse recíprocamente (…) a las personas que se encuentren en sus respectivos territorios y sean requeridas por las autoridades competentes de otro Estado parte, para ser procesadas por la presunta comisión de algún delito, para que respondan a un proceso en curso o para la ejecución de una pena privativa de libertad”. De todos modos, eso solo ocurriría siempre y cuando el Gobierno de Milei rechace las peticiones de asilo presentadas por los bolsonaristas.

Por el momento, los prófugos en Argentina están a la espera de que la autoridad competente, la Comisión Nacional para los Refugiados argentina, les haga la primera entrevista antes de que el asunto pase a manos de un juez. Mientras su petición se tramita, tienen permiso para trabajar legalmente en el país.

Por el momento, el mandatario argentino ha evitado reunirse con su homólogo brasileño, Luiz Inácio da Silva. Su única visita como presidente a Brasil fue para reunirse con el expresidente Bolsonaro en un conclave de la extrema derecha brasileña. Milei acaba de confirmar que asistirá al G-20 en Río de Janeiro en noviembre. Será su primera reunión con Lula, al que saludó hace unos meses en Italia, en el G-7.