Luis Arce, denunciado por abuso sexual en Bolivia en plena pelea con Evo Morales
Una mujer asegura ante la prensa que tuvo una relación clandestina con el presidente que terminó cuando quedó embarazada
La guerra en Bolivia entre las dos líneas internas del Movimiento al Socialismo (MAS) ha entrado en una etapa que abochorna a muchos de sus militantes. Los dos jefes políticos enfrentados, Evo Morales y Luis Arce, están siendo acusados de delitos sexuales. Mientras la acusación contra Morales por “estupro agravado con trata de personas” sigue su curso con impulso del Gobierno boliviano, y la fiscalía ha llamado al expresidente a declarar, una mujer ha denunciado a Arce por abuso sexual y hostigamiento para que aborte. “Tengo videos, audios, chat y su chalina y testigos”, afirmó Yéssica Villarroel ante la prensa. Se trata de un contrataque de Morales: Villarroel apareció en la conferencia respaldada por uno de los hombres de confianza del expresidente, el diputado Héctor Arce, que ya ha estado detrás de otras graves denuncias en contra del gobernante boliviano.
La mujer contó que tuvo una relación clandestina de seis meses con el presidente Arce, durante la cual supuestamente hubo “forzamientos”. La relación comenzó, según la denunciante, cuando Aerce le ofreció un cargo en el Estado y terminó cuando ella se embarazó. “Asuman la investigación: me pidió que pierda ese niño y a los tres días tengo un accidente” alegó. Por este accidente de motocicleta, según ella, acabó su embarazo. También señaló que, después del mismo, se le ofreció un puesto en una embajada.
El diputado Héctor Arce anunció que pedirá el procesamiento del presidente por abuso sexual, trata de personas y haber utilizado bienes de Estado sin propósito justificado. “Una autoridad no puede utilizar el cargo de presidente, la banda presidencial y las oficinas de la Casa Grande del Pueblo para tener relaciones sexuales”, alegó. Hasta ahora el Gobierno no ha respondido a las acusaciones.
La denuncia coincide con los avances de la pesquisa judicial contra Morales, que en 2016 supuestamente tuvo una hija con una adolescente de 15 años. Morales ya fue investigado por esta misma razón en 2019 y un fiscal de la ciudad de Yacuiba, donde vivía la presunta víctima, rechazó la demanda. Ahora, el Gobierno la ha reactivado y la fiscalía ha citado a Morales para que se presente el 10 de octubre a declarar sobre el supuesto delito; lo mismo ha hecho con los padres de la joven.
El 8 de octubre, la policía notificó en persona al expresidente en una oficina en la que cumple sus funciones como dirigente principal de las federaciones de cocaleros del Chapare, su baluarte político y hogar. “Este [caso] obedece a un mandato del imperio… Acá no es un problema entre Lucho [Arce] y Evo. Lamentablemente Lucho obedece al imperio”, declaró Morales poco después de recibir la citación. También señaló que “el pueblo sabe que es netamente una persecución política. Vamos a defendernos”. Y aseguró que tiene más de “200 abogados” dispuestos a representarlo gratis. “No me voy a escapar”, advirtió.
El Gobierno le puso a Morales cuatro demandas judiciales, con horas de diferencia, pocos días después de que este marchara contra Arce por la crisis económica y para exigir que se lo habilite como candidato en las elecciones del próximo año. El expresidente ha atribuido la ofensiva gubernamental a su ventaja en las encuestas. Cuando un periodista le preguntó si había tenido una hija en 2016, dijo como toda respuesta: “No se metan con la familia. La familia es sagrada”. Morales es soltero, pero tiene varios hijos reconocidos con diferentes mujeres. En cuanto a Arce, llegó a su cargo casado, pero se separó, en algún momento de su mandato. En Bolivia, los políticos gozan normalmente de gran privacidad y es raro que sus vidas personales se conviertan en un asunto de debate público.
La guerra entre Arce y Morales ha ido escalando conforme se acerca el momento en el que el MAS debe inscribir a un candidato para las siguientes elecciones. Además de estas acusaciones sexuales cruzadas, está pendiente un proceso sobre la propiedad del MAS que se prolonga porque la justicia y el Tribunal Electoral reciben presiones de ambos lados, que, tras tanto años en el poder, tienen, cada uno, influencia sobre determinadas partes del Estado.
Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS América y reciba todas las claves informativas de la actualidad de la región.