El Gobierno no debe negociar con quienes han secuestrado la justicia en Guatemala
El grave error de la administración de Bernardo Arévalo es tratar a la célula criminal incrustada en el Ministerio Público y el Organismo Judicial como una entidad legal que opera bajo el Estado de Derecho
La administración actual de Guatemala enfrenta un desafío crucial: abordar de manera decidida y eficaz la amenaza que representa la célula criminal incrustada en el Ministerio Público y el Organismo Judicial a través de una serie de jueces corruptos que se dedican a emitir resoluciones ilegales e inconstitucionales. Esta red no solo socava la justicia, sino que también persigue y criminaliza a voces críticas y opositores del llamado pacto de corruptos. Es imperati...
La administración actual de Guatemala enfrenta un desafío crucial: abordar de manera decidida y eficaz la amenaza que representa la célula criminal incrustada en el Ministerio Público y el Organismo Judicial a través de una serie de jueces corruptos que se dedican a emitir resoluciones ilegales e inconstitucionales. Esta red no solo socava la justicia, sino que también persigue y criminaliza a voces críticas y opositores del llamado pacto de corruptos. Es imperativo reconocer que se trata de una organización criminal y actuar en consecuencia para desmantelarla.
En este entramado, el pacto de corruptos ha encontrado una herramienta ideal para silenciar y perseguir a quienes se interponen en su camino, incluyendo al presidente Bernardo Arévalo. Los esfuerzos para evitar su toma de posesión y la continua persecución a su administración son una clara muestra de la erosión sistemática de la democracia en Guatemala. Esto no es un proceso que pueda abordarse con diplomacia o consenso; requiere la desarticulación inmediata y completa de la organización criminal.
El grave error de la administración es tratar a esta célula criminal como una entidad legal que opera bajo el Estado de Derecho. Este enfoque equivocado permite que continúen desmantelando la democracia y obstaculizando el trabajo para el cual fueron elegidos. Además, insistir en el cumplimiento del debido proceso resulta ineficaz cuando es evidente que dicho proceso no se respeta desde el inicio en los casos de persecución política, criminalización y detenciones arbitrarias.
Resulta desolador ver a figuras como Ligia Hernández ofrecerse a una justicia inexistente y al Gobierno pedir un debido proceso que no aplica a opositores y críticos del pacto de corruptos. El patrón se repite: fabricación de casos espurios, órdenes de captura por parte del juez Fredy Orellana, arrestos escandalosos e innecesarios, violaciones procesales, hostigamiento a la defensa y detenciones arbitrarias.
La administración debe abandonar la estrategia y las tácticas conciliadoras y confrontar a esta célula criminal de manera contundente. Dispone de fundamentos legales y herramientas suficientes para hacerlo. Es hora de actuar o resignarse a ver cómo cada miembro del gabinete, y eventualmente el presidente, es detenido arbitrariamente. No se puede ni se debe negociar con quienes tienen secuestrado el sistema de justicia. El futuro de la democracia en Guatemala está en juego, y la acción firme y decidida es la única vía para protegerla.
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