La Fiscalía de la Nación de Perú denuncia a Dina Boluarte y seis exministros por los asesinatos durante las protestas

Las Fiestas Patrias en Perú han estado lejos de inspirar cualquier tono celebratorio y más bien han dejado en evidencia el rechazo generalizado hacia el Gobierno y la clase política. El domingo, la presidenta Dina Boluarte estableció un nuevo récord en el Día de la Independencia al dar lectura a un discurso de cinco horas —el más largo del que se tenga memoria—, que no convenció a la platea, dejó la sensación de una profunda desconexión entre el Ejecutivo y la gente y, por si fuera poco, produjo el sueño del canciller Javier González-Olaechea y el sopor de decenas de congresistas, quienes abandonaron el hemiciclo en masa. Y el feriado largo concluyó para la mandataria y seis exministros con una denuncia del Ministerio Público por los manifestantes que fueron asesinados, así como de los heridos, durante las movilizaciones en sus primeros meses de gobierno entre el 2022 y 2023.

La posición de la Iglesia Católica, sumamente valorada en comparación a otras sociedades, también ha sido crítica con quienes llevan las riendas del país, aunque sin especificar nombres. Durante la misa Te Deum, en la catedral de Lima, monseñor Carlos Castillo remarcó que “quien usa y corre al Estado, dando prioridad a sus intereses, vive en la deslealtad institucional”, “que la gente no sigue a quien no muestra signos sinceros de credibilidad”, y “que la frivolidad es un grave problema espiritual”. Bajo ese marco, Castillo espera que “las elecciones del 2026 sean una gran oportunidad para que todos los sectores sean efectivamente representados”.

Por el momento, al Fiscalía de la Nación acusa a la mandataria de los presuntos delitos de homicidio calificado, lesiones graves y leves, en agravio de las víctimas Cristian Álex Rojas Vásquez, Teófilo Ramírez Ortega y Miguel Ángel Velásquez Chilingano, entre otros. La denuncia también alcanza a seis exministros, quienes conformaban la cúpula de poder de Boluarte por aquellos días: Alberto Otárola Peñaranda y Pedro Angulo Aranda (presidencia del Consejo de Ministros), Jorge Luis Chávez Cresta (Defensa), y César Cervantes Cárdenas, Víctor Rojas Herrera y Vicente Romero Fernández (Interior). Por otra parte, el Ministerio Público decidió archivar la imputación de genocidio contra Boluarte y estos investigados al no encontrar elementos suficientes para que los hechos lleven ese calificativo.

Sin embargo, en el comunicado, describen que en las protestas sociales, suscitadas en las regiones de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Junín, Ucayali, Puno, Lima y La Libertad, se registraron 44 personas fallecidas (41 por acción de proyectil de arma de fuego, 3 por el golpe de objeto contundente), 116 personas sufrieron lesiones graves y leves (78 ocasionadas por proyectil de arma de fuego, 27 por golpe con objeto contundente, 6 por bomba lacrimógena y 5 por otros objetos).

En el documento de la Fiscalía se hace hincapié en que existen 303 carpetas fiscales en las regiones donde se vienen investigando a 824 personas por los siguientes delitos: entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos, atentado contra los medios de transporte público, violencia contra la autoridad, disturbios, daños a la propiedad pública y privada, homicidio y lesiones, en agravio del Estado, miembros de las fuerzas del orden y otros ciudadanos.

Hace un par de semanas, Amnistía Internacional publicó un informe donde establece la posible responsabilidad de la presidenta Boluarte como jefa suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía en la muerte de los manifestantes. “(Boluarte) se reunió varias veces con los comandantes de las Fuerzas Armadas y la Policía, lo que le dio múltiples oportunidades para condenar el uso ilegítimo generalizado de la fuerza y ordenar un cambio de táctica en terreno. Sin embargo, en lugar de utilizar sus frecuentes reuniones para este fin, continuó elogiando públicamente a las fuerzas de seguridad mientras vilipendiaba a las personas manifestantes como “terroristas” y “criminales,” sin brindar pruebas de ello. Además, en vez de pedir cuentas a sus subordinados, decidió ascender a funcionarios clave a puestos más altos, aunque supervisaban directamente las operaciones policiales y militares que causaron múltiples muertes”, explican.

Ante la formalización de la denuncia constitucional de parte de la Fiscalía, ahora será la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso la instancia que deberá elaborar un informe al respecto y someter a votación si declara procedente o no la denuncia. De obtener los votos suficientes, la denuncia pasará al Pleno del Congreso.

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