Human Rights Watch pide a Noboa poner fin al control militar en las prisiones por violaciones a los derechos humanos
El organismo sostiene en una carta que se han producido detenciones arbitrarias, una aparente ejecución extrajudicial y muchos casos de malos tratos que pueden llegar a tortura
Human Rights Watch (HRW) ha dibujado un panorama tenebroso en el interior de las cárceles ecuatorianas, ahora mismo en manos de los militares. En una carta dirigida al presidente Daniel Noboa, la organización ha denunciado que se han producido varias detenciones arbitrarias, una aparente ejecución extrajudicial y muchos casos de malos tratos que pueden equivaler a tortura. La ONG asegura que las fuerzas de seguridad han cometido violaciones a los derechos humanos tras el decreto del mandatario que el pasado 9 de enero declaró un conflicto armado interno, una medida que facilitó que el Ejército tomara el control de los presidios. La carta está firmada por Juanita Goebertus Estrada, directora para las Américas de HRW, quien había alertado que autorizar el uso de la fuerza letal como primera opción abre la puerta a graves abusos cometidos con impunidad. Ahora, Goebertus pide que los militares dejen de ocuparse de los presidios.
“Al parecer, un gran número de personas arrestadas nunca fueron llevadas ante un fiscal o un juez”, detalla Goebertus. Esto ha ocurrido a pesar de que la Policía y el Ejército están obligados a informar a los fiscales sobre las detenciones que llevan a cabo. “Muchas personas parecen haber sido detenidas durante breves períodos de tiempo fuera del proceso legal y sometidas a reprimendas, palizas u otros tratos degradantes por parte de soldados y policías”, señala el documento. La ONG también observa que son limitados los avances para llevar ante la justicia a los responsables de abusos. “De los 9.000 detenidos reportados a finales de febrero, la Fiscalía dijo que solo recibió 494 informes”. De estos, el Ministerio Público abrió un expediente de investigación previa sobre 339 casos y los jueces dictaron solo cuatro sentencias condenatorias, todas en casos de presunta flagrancia.
La ONG también describe la situación al interior de las cárceles que están bajo el control de las Fuerzas Armadas: “Los soldados parecen ser responsables de múltiples casos de malos tratos y algunos casos de tortura en prisión”. Este periódico publicó testimonios de los presos de la penitenciaría de Guayaquil, la prisión más peligrosa del país, en los que relatan las vejaciones a las que son sometidos desde que los uniformados están al interior de las prisiones. “Los militares nos pegan ni bien entramos. Usan látigo, cable, palo o tubo de cañería de agua”, describió Luis cuando salió de prisión. En algunas ocasiones, contó el joven de 25 años, seleccionan a algunos presos, los sacan de las celdas para llevarlos a una caseta y continuar con los golpes. “Nos hacían submarino (waterboarding)”, dice el hombre, una forma de tortura. “Te tiran al piso, te ponen un trapo en la cara y te echan agua”, añadió.
La organización de derechos humanos le pide al Gobierno tomar varias medidas para prevenir nuevas violaciones de ese tipo. “Poner fin al control militar sobre las prisiones y comprometerse con una reforma del sistema penitenciario que aborde problemas de larga data”. Le señala algunas: el hacinamiento, los retrasos en la tramitación de las prestaciones penitenciarias, el acceso limitado a los servicios básicos, la falta de programas reales de rehabilitación social y el pequeño número y mala formación de los guardias penitenciarios.
HRW condena además que el Ejército haya mantenido a los detenidos incomunicados desde la vigencia del conflicto armado interno. Eso ha sido un obstáculo para que los presos tengan acceso a asistencia médica y en ocasiones a su derecho a consultar con abogados. En este periodo de aislamiento, el Gobierno de Noboa incluso ha tomado muestras de ADN a los presos -en secreto- para elaborar un censo penitenciario que no fue comunicado. La idea era crear un banco de perfiles genéticos que ayudasen a su identificación en caso de muerte violenta. Los policías y militares a cargo del proceso tenían la instrucción de convencer a los detenidos de que no consulten con su abogado y que creyesen que el procedimiento formaba parte de la rutina carcelaria. Tras la publicación de EL PAÍS, la toma de muestras se suspendió.
Pero las evidencias de abusos continúan sumándose con el paso de los días. Tras las últimas protestas de familiares que exigen al Estado que se les entregue alimentos a los detenidos y tener información sobre lo que pasa en las cárceles, los militares permitieron el ingreso de los abogados para hablar con sus defendidos. Pero ellos impusieron el límite de tiempo. A la abogada Paulina Reyes, quien logró ingresar a la cárcel de Cotopaxi, la obligaron a salir después de cinco minutos con su cliente. Tras protestar, la mujer fue detenida por los militares y procesada frente a un juez, quien la dejó en libertad por no encontrar pruebas del supuesto delito de agresión a la autoridad que denunciaban los militares.
A la ONG le preocupa que el presidente Noboa, en lugar de tomar medidas para evitar detenciones abusivas, haya respaldado públicamente a las fuerzas de seguridad y haya acusado de “antipatriótico” a un juez que encontró violaciones de derechos humanos en las cárceles. Una crítica similar la extiende al Legislativo. sus miembros anunciaron que estaban dispuestos a aprobar una amnistía o un indulto “cuando sea necesario para garantizar el trabajo” de la Policía y el Ejército. “Dicha legislación podría violar la obligación que tiene Ecuador bajo el derecho internacional de derechos humanos de investigar, procesar y castigar violaciones de derechos humanos”, le recuerda HRW a los legisladores. “La propuesta es un mensaje preocupante que invita a las fuerzas de seguridad a cometer violaciones con impunidad.
Además, HRW concluye que el Gobierno de Noboa no ha presentado pruebas suficientes para que se considere que existe un conflicto armado interno no internacional. Algo que la Corte Constitucional de Ecuador también ha llamado la atención del Ejecutivo por no proporcionar información suficiente para justificar la existencia de una guerra interna. El Gobierno ecuatoriano aún no se pronuncia al respecto.
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