Brasil pone los últimos clavos para enterrar del todo el ‘caso Lava Jato’

Los procesos judiciales más sonados de Brasil se mueven entre sorprendentes acelerones y periodos de parón. El más famoso de todos y el que probablemente más consecuencias políticas, jurídicas y económicas ha generado en las últimas décadas —la operación Lava Jato contra la corrupción— volvió este martes por la noche súbitamente a la actualidad con nada menos que cuatro decisiones dictadas por distintos jueces directa o indirectamente vinculadas al que fue conocido como uno de los mayores escándalos de desvío de dinero del mundo. Estos fallos suponen en cierta forma los últimos clavos para enterrar definitivamente el caso que llevó a prisión al actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, y a decenas de poderosos políticos y empresarios, que poco a poco han visto sus condenas anuladas o las denuncias archivadas.

Los fallos anunciados en el lapso de pocas horas atañen a distintos protagonistas y son de diferente tenor. Uno de los jueces del Tribunal Supremo anuló las decisiones contra uno de los empresarios símbolo de la trama, Marcelo Odebrecht, principal ejecutivo de la constructora homónima, que pasó dos años y medio en prisión tras ser condenado a 10 años por corrupción. La multinacional que fundó su familia tenía un departamento dedicado exclusivamente a pagar sobornos a cambio de contratos públicos en Brasil y el resto de América Latina, de ahí surgen muchas de las derivadas regionales del caso. El plenario del Supremo deberá ratificar la decisión del juez Jose Antonio Dias Toffoli, que hace unos meses afirmó en un fallo del caso que “fue un montaje fruto de un proyecto de poder de ciertos agentes públicos en su objetivo de conquistar el Estado por medios aparentemente legales”.

Otra de las decisiones judiciales de este martes tiene como protagonista al gran cruzado de la trama, el antiguo juez Sérgio Moro. El Tribunal Superior Electoral rechazó por unanimidad (siete votos a cero) una denuncia de los partidos de Lula y de su predecesor, Jair Bolsonaro, que pedía que Moro perdiera su escaño de senador por irregularidades en la campaña electoral. Moro puede seguir, por tanto, en política y con inmunidad parlamentaria. Fue despojado de la toga hace unos años por su falta de imparcialidad al juzgar al actual presidente Lula, su némesis.

Otro que está a las puertas de librarse de la inhabilitación política aparejada a su pena es Jose Dirceu, que cuando estalló el escándalo era uno de los hombres más importantes del Gobierno del Partido de los Trabajadores, la formación de Lula y de Dilma Rousseff. La sala segunda de Supremo declaró prescrito uno de los casos en los que fue condenado, ya solo le resta uno más. Si ese también fuera anulado, podría volver a la política activa.

La cuarta decisión afecta al pirata informático que hackeó el grupo en Telegram en el que el juez instructor del caso y los fiscales mantuvieron unas conversaciones que demostraban la connivencia para perseguir a los acusados. Aquel intercambio de mensajes fue revelado 2019 por The Intercept y EL PAÍS Brasil entre otros medios, cuando Moro era ministro de Justicia de Bolsonaro. Y con el tiempo se convirtió en la base jurídica con la que Lula y otros muchos acusados recurrieron sus condenas. Paulatinamente, los casos impulsados por el juzgado de Moro en Curitiba fueron deshaciéndose como un azucarillo. Y los acusados limpiaron sus expedientes y quedaron libres. Es por eso que el ahora presidente Lula recuperó sus derechos políticos y pudo presentarse a las elecciones de 2022 en las que venció a Jair Bolsonaro.

Resulta que el hacker en cuestión, que se llama Walter Degatti Neto y cumplió pena de cárcel por piratear al juez y a los fiscales, ofreció luego sus servicios a a una destacada diputada bolsonarista, Carla Zambelli. Este martes ambos fueron procesados por la primera sala del Supremo por invadir los servidores informáticos de la Administración de justicia. Los acusados dicen que pretendían demostrar su fragilidad.

La investigación Lava Jato se desdobló en infinidad de casos y sacudió la política brasileña como un terremoto de máxima intensidad. Muchos de los hombres considerados hasta entonces intocables por el poder que atesoraban fueron detenidos a la luz del día, interrogados, condenado a largas penas y enviados a prisión. La joya entre las compañías brasileñas, la petrolera Petrobras, y las principales constructoras estaban en el epicentro de la trama. La primera sufrió un golpe demoledor del que tardó años en recuperarse; las segundas, quebraron.

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