El Gobierno de Bernardo Arévalo y su laberinto frente al Ministerio Público

El secretario general de la Presidencia de Guatemala, Juan Gerardo Guerrero, denunció públicamente este jueves que el Gobierno del expresidente Alejandro Giammattei pagó a un bufete de abogados en Estados Unidos para “perseguir políticamente” a dos exfiscales del Ministerio Público (MP) exiliados en ese país y solicitó a la Contraloría General de Cuentas (CGC) una auditoría al MP, a la Procuraduría General de la Nación y al Ministerio de Fin...

El secretario general de la Presidencia de Guatemala, Juan Gerardo Guerrero, denunció públicamente este jueves que el Gobierno del expresidente Alejandro Giammattei pagó a un bufete de abogados en Estados Unidos para “perseguir políticamente” a dos exfiscales del Ministerio Público (MP) exiliados en ese país y solicitó a la Contraloría General de Cuentas (CGC) una auditoría al MP, a la Procuraduría General de la Nación y al Ministerio de Finanzas para esclarecer el hecho.

Guerrero señaló como principal responsable de la persecución al secretario general del MP, Ángel Pineda, por ser quien solicitó la autorización a Giammattei para contratar a la firma, el bufete Greenberg Taurig, estrategia que, según él, fue aprobada por la fiscal general, Consuelo Porras. Este sería el segundo intento de golpe del presidente Bernardo Arévalo contra Porras que sucede en una semana.

“Vengo a denunciar ante la población y ante la Contraloría General de Cuentas el posible uso de fondos públicos para la persecución política de ciudadanos guatemaltecos en el extranjero”, informó Guerrero a los medios de comunicación luego de presentar un oficio para solicitar la auditoría en la sede de la Contraloría en ciudad de Guatemala.

El funcionario explicó que, según información del nuevo procurador general de la nación, el 16 noviembre de 2021 Pineda dirigió un oficio al entonces presidente Giammattei por medio del cual le requirió “pagar” un bufete de abogados en Estados Unidos en “defensa de los intereses del Estado”. El contrato con la firma tiene registros desde el año 2022.

Esto, asegura, tuvo el aval del expresidente, de Porras y del anterior procurador, y recibió la asignación presupuestaria del Ministerio de Finanzas por lo que el Estado pagó 461.600 quetzales mensuales, unos 59.000 dólares. Guerrero dijo que se desconoce por cuánto tiempo se mantuvo el contrato y que eso será algo que deberá averiguar la Contraloría.

Pineda se defendió más tarde ante los medios locales diciendo que el oficio tenía “un espíritu completamente diferente”. “En ese momento se había incluido en un tipo de sanciones internacionales a varios funcionarios de Estado incluyéndome, a mi persona, a la fiscal general y a algunos fiscales del Ministerio Público”, aseguró. Y dijo que la solicitud que se le hizo al expresidente Giammattei fue para “poder ejercer una defensa del Estado de Guatemala”.

De acuerdo con Guerrero los dos “perseguidos” por ese bufete son Thelma Aldana, exfiscal general del MP y Juan Francisco Sandoval, exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad del MP, ambos exiliados y personajes reconocidos internacionalmente por su lucha contra la corrupción.

Ahora le tocará a la Contraloría realizar esa auditoría especial a las tres instituciones y determinar si corresponde o no accionar penalmente. Sin embargo, el contralor fue designado durante el Gobierno anterior y en caso de una denuncia esta sería presentada en el MP, que a la vez es el ente acusado.

Otra acción contra MP

Por otra parte, el pasado 29 de febrero, Julio Saavedra, actual Procurador General de la Nación y el secretario general de la Presidencia, presentaron en la gestión penal del organismo judicial una querella y solicitud de retiro del derecho de antejuicio contra Consuelo Porras ante la negativa de la fiscal general de atender la convocatoria que le hizo Arévalo para participar en la junta de Gabinete de finales de enero.

Esta solicitud deberá ser conocida por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quienes tendrían que darle trámite y, de ser así, luego trasladarla al Congreso de la República para que continúe el proceso. La aprobación para dejar a Porras sin inmunidad deberá contar con 107 votos a favor de los 160 diputados que forman la cámara. Sin embargo, el Ejecutivo está en desventaja pues tanto la Corte como en el Congreso están en manos de la oposición. El MP calificó de “espuria” la acción.

El presidente, Bernardo Arévalo, y la fiscal general, Consuelo Porras, mantienen una pugna desde el año pasado cuando él la acusó de fraguar un golpe de Estado en su contra para evitar que tomara posesión del cargo en enero pasado. Desde entonces, el mandatario aseguró que le pediría la renuncia, pero Porras ha respondido repetidamente que se mantendrá hasta 2026, cuando finalice su periodo.

El MP es un ente autónomo, por lo que Arévalo no puede destituirla. Porras y Pineda han sido sancionados e incluidos en la lista de corruptos de Estados Unidos, mientras que, la Unión Europea y Canadá les prohibieron la entrada a sus países y les han prohibido tener cuentas bancarias y hacer negocios en sus territorios por “socavar la democracia en Guatemala”.

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