Juicios por videollamadas, desapariciones y plagas: lo que sufren los presos políticos en Nicaragua

Los carceleros de la prisión La Modelo de Managua sacaron de su celda al líder estudiantil Jasson Salazar el pasado 8 de agosto y lo sentaron frente a una computadora. En la pantalla del ordenador, a través de una videollamada, estaba la jueza Ulisa Yahoska Tapia Silva, titular del juzgado décimo tercero penal de la capital nicaragüense. En ese momento inició el juicio, un “juicio por Zoom”, en el que e...

Los carceleros de la prisión La Modelo de Managua sacaron de su celda al líder estudiantil Jasson Salazar el pasado 8 de agosto y lo sentaron frente a una computadora. En la pantalla del ordenador, a través de una videollamada, estaba la jueza Ulisa Yahoska Tapia Silva, titular del juzgado décimo tercero penal de la capital nicaragüense. En ese momento inició el juicio, un “juicio por Zoom”, en el que el joven no tuvo un abogado defensor que conociera la acusación. En la misma sesión fue declarado culpable por los supuestos delitos de “menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas”.

Salazar es uno de los más de cien presos políticos que mantiene en las prisiones de Nicaragua el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, después de que el pasado 14 de enero el obispo Rolando Álvarez y otros 17 clérigos católicos fueran desterrados a Roma. Su juicio ilustra una de las nuevas prácticas arbitrarias de la justicia obediente al Ejecutivo sandinista: los presos políticos ni siquiera son llevados a un juzgado para ser procesados y, en cambio, son declarados culpables a través de videollamadas. Los abogados tampoco pueden conocer los números de los expedientes ni las acusaciones, de modo que es imposible formular defensa alguna.

La Unidad de Defensa Jurídica (UDJ), una organización que monitorea los procesos judiciales de los presos políticos en Nicaragua, cataloga los juicios telemáticos como un nuevo patrón represivo usado por el régimen, pero que tampoco es el único encontrado entre agosto del año pasado hasta enero de 2024. Según un informe de la organización, estos patrones represivos revelan “la instrumentalización del aparataje estatal para reprimir en Nicaragua”.

“Durante los últimos seis meses hemos identificado los siguientes patrones represivos en las detenciones arbitrarias perpetradas por el Estado de Nicaragua: allanamientos ilegales, desapariciones forzadas en contra las personas consideradas opositoras o críticas a la política partidaria estatal. También la realización de juicios a través de videollamadas, la actuación coordinada entre el Sistema Penitenciario y policías en los interrogatorios, hasta las críticas condiciones carcelarias que incluyen plagas de jelepates”, resume.

Las detenciones

La cadena de arbitrariedades inicia con las detenciones de opositores. Con la angustia que sienten los familiares, como los de Freddy Quezada, un catedrático retirado, arrestado el 29 de noviembre de 2023 por sus publicaciones críticas en redes sociales. La detención del profesor universitario fue coordinada por unos civiles, quienes comandaban a tres agentes policiales. Desde esa fecha su familia no sabe dónde está.

Inicialmente, cuenta a EL PAÍS Adriana Quezada, hija del catedrático, supieron de un trasladado al Distrito policial III, en Managua. Sin embargo, el paradero final del docente no ha sido revelado por las autoridades. “Como familia hemos pasado en idas y venidas en la cárcel de El Chipote y en La Modelo y no sabemos nada; no nos dicen nada”, dice la mujer, que reside en Panamá.

Lo que relata la hija del profesor Quezada es común entre los familiares de los presos políticos. Otro de los patrones, de los más graves, que recoge la UDJ en su informe: “Toda información es negada a los familiares de los detenidos políticos y a sus abogados defensores, incluyendo la constatación de su paradero. Esta práctica implica la imposición como política de Estado la desaparición forzada por ocultamiento de paradero”.

La organización denuncia un “agravamiento” de las desapariciones forzadas de corta o mediana duración, y cita el caso del diputado indígena y exaliado del sandinismo Brooklyn Rivera; también el del del joven Carlos Bojorge. “En estos casos, las autoridades han negado dar información sobre el paradero fidedigno de ellos (...) De tal manera que no se tiene certeza de sus condiciones de detención, ni constatación de su estado de salud y vida. Se identificó que autoridades penitenciarias recomendaron a los familiares buscar a las personas detenidas políticas ‘en las morgues’, incrementando la zozobra de ellos, lo que constituye otro tipo de tortura”, documenta la UDJ y resalta que el Poder Judicial rechaza los recursos de exhibición personal (habeas corpus) de los detenidos por razones políticas.

Otra modalidad es que cuando los opositores son detenidos los trasladan de inmediato al Sistema Penitenciario, sin acusación formal en su contra, como exigen las leyes en Nicaragua. “Los detenidos ahora son interrogados y torturados en el Sistema Penitenciario, a diferencia del patrón anterior en el que la policía era la que ejecutaba estos actos represivos. Actualmente se identificó una participación coordinada entre interrogadores del Sistema Penitenciario y agentes de la Policía Nacional”, documenta la UDJ.

Plaga en las celdas

El informe presentado por la organización de abogados este 15 de febrero también recoge que en las prisiones del régimen persisten los tratos crueles e inhumanos contra los presos políticos, la mayoría personas de baja exposición pública. A los reos políticos les dan comida en estado de descomposición, no tienen acceso a medicación adecuada para sus enfermedades crónicas y sus familaires son acosados durante las visitas.

“Además”, agrega la UDJ, “se nos ha denunciado la presencia de plagas de jelepates [chinches de cama] en las distintas prisiones del país donde hay personas presas políticas. Varias personas presas políticas muestran afecciones de piel, como ronchas negras y sarpullidos que provocan picazón y ardor constante [...]. En las prisiones también se han colocado más cámaras de seguridad dentro de los galerones o celdas de máxima seguridad para la vigilancia permanente de las personas detenidas por razones políticas”.

Adriana Quezada dice que la angustia de no saber cómo y dónde está su padre atormenta a toda su familia. No poderle llevar ropa, alimentos y sus medicinas para la diabetes es lo que más quisieran. “Esto es el mundo al revés, porque personas que sí cometen delitos de verdad, es decir los presos comunes, si tienen todos esos beneficios. Sus familias saben dónde están. Pero a mi papá, que ha sido toda la vida un catedrático y ahora un preso político, no le permiten nada de nada. Ni un libro y eso, estoy segura, es lo que más le debe doler a mi papá…. porque él toda la vida ha tenido al lado un libro para leer, porque él es un filósofo, un catedrático, un lector”.

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