El Brasil de Lula celebra “la victoria de la democracia sobre el autoritarismo” al año del asalto a Brasilia

Gran parte del Brasil institucional se ha reunido este lunes en una de las escenas del crimen para conmemorar el primer aniversario del intento de golpe perpetrado por miles de bolsonaristas en Brasilia. A la misma hora a la que el 8 de enero de 2023 una turba arrasaba con vidrieras, obras de arte y despachos en las sedes de los tres poderes mientras se hacía selfies y reclamaba una intervención militar, el Senado celebraba un año más tarde que venció la democracia y...

Gran parte del Brasil institucional se ha reunido este lunes en una de las escenas del crimen para conmemorar el primer aniversario del intento de golpe perpetrado por miles de bolsonaristas en Brasilia. A la misma hora a la que el 8 de enero de 2023 una turba arrasaba con vidrieras, obras de arte y despachos en las sedes de los tres poderes mientras se hacía selfies y reclamaba una intervención militar, el Senado celebraba un año más tarde que venció la democracia y repudiaba el asalto en una solemne ceremonia presidida por Luiz Inácio Lula da Silva. “Hoy celebramos la victoria de la democracia sobre el autoritarismo”, ha dicho Lula.

El presidente quería repetir la imagen de unidad nacional que logró al día siguiente del ataque, pero los aliados políticos de su antecesor, Jair Bolsonaro, se lo han impedido. Al acto han faltado, con excusas varias, los gobernadores afines al ultraderechista. Sí han acudido los jefes de las Fuerzas Armadas.

El presidente brasileño ha instado a sus compatriotas a evitar triunfalismos: “Salvamos la democracia, pero la democracia hay que cuidarla todo el santo día”. También ha recordado su propia historia diciendo que, solo en democracia, un metalúrgico como él pudo llegar a la Presidencia de la República. “Tras perder tres elecciones”, ha apostillado. A los jueces les ha reclamado castigos ejemplares para los responsables. Para Lula, eso debería incluir a Bolsonaro, por orquestar la asonada. El presidente del Tribunal Supremo, Luis Roberto Barroso, ha sentenciado que los golpistas “no pasaron y no pasarán”.

La momentánea unidad en defensa de la democracia y las instituciones exhibida inmediatamente después de aquel asalto que emuló al del Capitolio de Washington ha dado paso, un año después, al Brasil polarizado de los últimos tiempos. Con la vista puesta en las elecciones municipales de finales de año, los políticos cercanos al expresidente ultraderechista quieren ser vistos claudicando ante rivales o traicionando a su líder Bolsonaro.

También han participado en la ceremonia, bautizada como Democracia inquebrantable, los jueces del Tribunal Supremo, el presidente del Senado y los gobernadores aliados al Gobierno. A última hora anuló su presencia el presidente de la Cámara de Diputados, Artur Lira, de la órbita de Bolsonaro, alegando problemas de salud en la familia; el opositor más poderoso, el gobernador de São Paulo, Tarcisio de Freitas, dejó claro desde el principio que no pensaba adelantar su regreso de unas vacaciones navideñas en Europa.

Otros gobernadores tampoco han querido interrumpir sus días de asueto para asistir a un acto que consideran politizado por Lula. Bolsonaro, que el día del asalto estaba en EEUU, ha vivido el primer aniversario lejos de la capital, en Río de Janeiro.

Ni siquiera en el Brasil institucional existe consenso sobre los fines o la trascendencia de la multitudinaria invasión de las bellas sedes de la Presidencia, el Congreso y el Tribunal Supremo, diseñadas por el arquitecto Oscar Niemeyer. Culminaban las protestas de miles de brasileños durante dos meses convencidos de que la victoria de Lula era un fraude.

Mientras Lula, sus aliados políticos y el Tribunal Supremo lo consideran una maniobra golpista para arrebatar el poder al primero, los opositores al presidente le restan importancia. Para ellos, fue vandalismo puro lo que causó graves daños materiales pero no pretendía quebrar el orden constitucional. Y en cualquier caso, incluso si lo pretendió, fracasó en el intento.

El juez del Supremo Alexandre de Morais —al que el bolsonarismo considera su bestia negra— y que este fin de semana reveló que entre los planes de los golpistas estaba ahorcarlo en la plaza de los Tres Poderes ha clamado “contra la impunidad, el apaciguamiento y el olvido”.

El Tribunal Supremo ha castigado a 30 de los autores materiales del asalto, a los que ha condenado a penas hasta de 17 años, por delitos como abolición violenta del Estado de derecho. Mientras, policías y jueces aún investigan a los supuestos instigadores —incluido Bolsonaro— y a los financiadores. Este mismo lunes la policía ha ordenado una detención y más de 40 registros relacionados con el caso. La politóloga Camila Rocha destaca en su columna de Folha de S.Paulo que, entre los condenados, hay una cocinera o un repartidor que llevaba una navaja pero todavía “ningún político, político militar o gran empresario”.

De los dos mil detenidos aquellos días, unos mil fueron procesados y 66 siguen encarcelados. Centenares pasaron entraron en la cárcel, todo un shock para estos brasileños de la clase media blanca que se creían impunes. Muchos acusados están en prisión domiciliaria, con tobillera electrónica y la prohibición de usar redes sociales.

La ceremonia se ha celebrado bajo fuertes medidas de seguridad. Nada que ver con la situación de un año atrás, cuando miles de manifestantes marcharon desde el Cuartel General del Ejército, donde estaban acampados reclamando una intervención que impidiera a Lula asumir el poder, hasta la plaza de los Tres Poderes. Los agentes de la Policía los escoltaron por el camino y después les permitieron ignorar las barreras de seguridad e invadir sin esfuerzo el palacio presidencial de Planalto, el Supremo y las dos Cámaras parlamentarias. Causaron destrozos valorados en 24 millones de reales (cinco millones de dólares, 4,5 millones de euros).

Para neutralizar a los asaltantes, Lula ordenó la intervención de la seguridad de Brasilia, del Distrito Federal, y colocó a un alto funcionario como interventor. Este y el entonces comandante jefe del Ejército, el general Julio César de Arruda, protagonizaron uno de los momentos más tensos y delicados de aquella noche. Restaurado el orden, el recién nombrado interventor, Ricardo Capelli, número dos del Ministerio de Justicia, acudió al Cuartel General del Ejército acompañado de varios ministros cercanos a Lula. Su intención era que el campamento fuera desmantelado. Capelli ha revelado ahora el inquietante diálogo con el general:

-El jefe del Ejército al interventor civil: “¿Usted va a entrar aquí con hombres armados sin mi autorización?

-He venido a informarle.

-Yo tengo un poquito más de hombres que usted, ¿no?

Tras un duro intercambio y una negociación, la operación policial quedó pospuesta para el día siguiente al amanecer. Para entonces, buena parte de los acampados, entre los que proliferaban militares y sus familias, ya se habían ido.

Ese día del año pasado, mientras la policía detenía a los golpistas que quedaban en el Cuartel General de Brasilia, el equipo de conservación del Congreso regresaba, junto a las brigadas de limpieza, a unos edificios arrasados. Recogieron cada pedacito del patrimonio destruido. “No sabíamos ni por dónde empezar”, dice Maria das Grutas Carvalho e Silva poco antes de que empiece el acto de aniversario en el Senado. Al lado, una vitrina con fragmentos de un jarrón rojo regalado por un jerarca del Partido Comunista chino, parte de una exposición sobre la restauración de lo dañado. Entre otros objetos, un balón del Santos que el ladrón devolvió intacto a los 20 días en una comisaría a miles de kilómetros, en Sorocaba (São Paulo).

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