Dos de cada tres candidatos al Congreso mantienen en secreto la financiación de sus campañas

Dicen que la manera en que un candidato financia su campaña anticipa la forma en que gobernará. A cuatro días de las elecciones legislativas y de las consultas interpartidistas que definirán tres candidaturas presidenciales, la enorme mayoría de candidatos no ha reportado el origen del dinero con el que están financiando sus campañas, pese a que es una obligación legal. En su segundo balance de seguimiento al financiamiento electoral, la oenegé Transparencia por Colombia revelaba este martes en la mañana que dos de cada tres candidatos tiene vacíos sus reportes en Cuentas Claras, la plataforma del Consejo Nacional Electoral en la que las campañas deben ir actualizando periódicamente esos gastos e ingresos. En concreto, solo 5 de los 16 aspirantes presidenciales y 1.015 de los 2.890 candidatos para el Senado y la Cámara de Representantes (la oenegé excluye los 276 de las curules de paz y 9 aspirantes sin usuario en el aplicativo), habían hecho algún reporte. Los datos actualizados hasta la mañana de este miércoles muestran cambios marginales en esas cifras, y por eso la conclusión de la oenegé sigue siendo cierta. “Como los datos se actualizan en tiempo real, los resultados van variando”, explica Andrés Hernández, director de la entidad.

En el Senado, según comprobó EL PAÍS en el monitor de financiamiento al Congreso, 412 de 1.079 candidatos han reportado información (38,1%); en la Cámara, lo han hecho 603 de 1.811 (33,2%). En conjunto, han declarado ingresos por 115.796 millones de pesos (unos 30 millones de dólares) y gastos por 69.352 millones (18 millones de dólares). Pero entre quienes han informado hay rezagos: 50 candidatos registran gastos pero no reportan ingresos, lo que impide conocer el orIgen de los recursos. “Esto genera un déficit muy grande frente a la expectativa de votar de manera informada y crítica”, advierte Hernández. “Incumplen un deber normativo pero también uno hacia la ciudadanía: no nos dan ese insumo para saber por quiénes votamos y a favor de quién van a estar quienes salgan elegidos. Es un déficit de información que se conecta con un déficit democrático”.

La regla que determina el uso del aplicativo, la resolución 10753 de 2025 del CNE, establece que las campañas deben rendir cuentas en dos etapas. La primera, durante el período de campaña, les obliga a reportar ingresos y gastos en un plazo máximo de siete días después de recibir un aporte o realizar un desembolso. “Es la rendición en tiempo real, que busca qué ciudadanía, medios y órganos de control puedan visibilizar quién está financiando la política para contribuir al voto crítico”, asegura Hernández. El segundo momento es la entrega de un informe dentro de los dos meses posteriores a la elección. “Ahí suele aumentar el porcentaje de cumplimiento, pero ya pasó el momento de la votación”, agrega el experto.

Las diferencias entre listas al Senado son notorias. Mientras todos los candidatos del Centro Democrático reportan; la cifra baja al 90% en el Partido de la U y al 71% en Oxígeno. En el otro extremo, Fuerza Ciudadana apenas alcanza el 2%; el oficialista Pacto Histórico, el 9%; y el Frente Amplio Unitario, el 11%. Las listas poco notorias de Patriotas y Con Toda por Colombia no han reportado información alguna. Entre ellos, Transparencia destaca el caso del Pacto Histórico, el partido del presidente Gustavo Petro, por ser la mayor fuerza política actual en el Senado, con 20 escaños, y porque incluye a 19 senadores que buscan la reelección.

En las consultas presidenciales el panorama es similar. Solo uno de los dos candidatos de la “Consulta de las soluciones”, Claudia López, ha reportado; en el reporte aparece que no lo ha hecho, pero una revisión de la información muestra que ya había cumplido para la noche del martes. No ha reportado información ninguno de los cinco del “Frente por la Vida”, que incluye a Roy Barreras y Daniel Quintero. Y de los nueve de la “Gran Consulta por Colombia” lo han hecho cuatro: Vicky Dávila, Aníbal Gaviria, Juan Manuel Galán y Paloma Valencia. David Luna, que en el informe aparece como uno de los candidatos que había reportado ingresos, retiró toda la información. “No sabemos por qué David Luna hizo ese cambio”, asegura Hernández. En total, 11 de los 16 no han entregado dato alguno.

“La campaña presidencial siempre ha tenido la mayor visibilidad. Es una gran sorpresa cuando vemos que el déficit de información es tan alto. Están peleando voto a voto, pero, ¿con qué recursos lo están haciendo?”, cuestiona Hernández. Y añade: “Nos piden el voto con propuestas, pero no sabemos a favor de quién van a gobernar o tomar decisiones”.

El informe también revela que el 99,5% de los recursos reportados por las candidaturas al Congreso proviene de fuentes privadas. El 53% corresponde a recursos propios del candidato o de sus familiares, y el 38,5% a aportes de particulares. La financiación pública representa el 0,5% y solo cuatro candidatos a la Cámara han recurrido a ella. En el Senado, ninguno.

Hernández explica que los sistemas de financiación mixta, como el de Colombia, “no son malos” y que “la financiación privada es válida legalmente y quien lo hace en regla protege la democracia porque visibiliza quién aporta y con qué propósito”. Sin embargo, advierte que la ley colombiana establece que la financiación pública debe ser preponderante. “Su propósito es garantizar mayor equidad en la participación. La privada es buena para quien logra acceder a ella, pero la pública debería asegurar el acceso. Al no tener un apoyo estatal más robusto, la cancha está desequilibrada”.

Para la oenegé, resulta particularmente preocupante que tres de seis congresistas que buscan la reelección y están acusados de participar en el desfalco de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, tampoco han reportado sus cuentas de campaña: Wadith Manzur, del Partido Conservador; Karen Manrique de la CITREP de Arauca y Julio Chagüi del partido de la U. Los otros tres, Berenice Bedoya, del partido ASI; Martha Peralta, del movimiento MAIS, y Juan Loreto Gómez, del Partido Conservador, han presentado ingresos parciales.

“Son personas que han estado en el ojo del huracán de un gran escándalo. No entregar información sobre cómo están haciendo campaña genera más dudas”, señala Hernández. Tratándose de figuras cuestionadas, añade, el estándar de transparencia debería ser mayor.

El director de Transparencia dice que el incumplimiento masivo se puede explicar desde tres niveles. El primero es el alto número de campañas y la responsabilidad compartida entre candidatos y partidos, además del posible desconocimiento de quienes compiten por primera vez. El segundo tiene que ver con la falta de sanciones por no reportar en tiempo real. El tercero es más estructural: la persistencia de riesgos de financiación ilegal y criminal. “Hay intereses para que no se conozca quién financia la política. El déficit de información juega a favor de esas dinámicas de corrupción”, enfatiza Hernández.

A cuatro días de la votación, la ciudadanía está lejos de conocer quién respalda económicamente a los candidatos que aspiran a representarla y de saber, realmente, qué intereses respaldan.