El colombiano que sobrevivió al ataque de Estados Unidos a un narcosubmarino sale del hospital libre y sin cargos
Jonathan Obando Pérez fue dado de alta. La Fiscalía adelanta una indagación que, por ahora, carece de pruebas para avanzar
Jonathan Obando Pérez, uno de los dos sobrevivientes del ataque de Estados Unidos contra un supuesto narcosubmarino en el mar Caribe el pasado 16 de octubre, está en libertad, según ha confirmado EL PAÍS en exclusiva. El hombre fue dado de alta de su hospitalización el pasado martes 28. Salió del Hospital de Kennedy de Bogotá, donde estaba internado, por sus propios medios, según fuentes médicas. La Fiscalía solo ha abierto una indagación preliminar en su contra, pero no prevé convertirla en una investigación formal, pues no tiene elementos para señalar que Pérez haya cometido algún delito en Colombia.
Cuando Obando fue repatriado por Estados Unidos tras el bombardeo, el ministro del Interior, Armando Benedetti, afirmó que sería “procesado según la justicia, porque presuntamente es un delincuente que estaba traficando droga”. El hombre, al que Benedetti había llamado Jeison (el expediente de la Fiscalía lo identifica como Jonathan), llegó con traumas cerebrales, sedado, dopado y respirando con ventilador tras sobrevivir a uno de los ataques extrajudiciales de Washington contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico. El mismo Donald Trump había indicado que sería llevado a Colombia para su “detención y procesamiento”.
Una fuente del Ministerio Público colombiano señala a este diario que los investigadores “no encuentran, hasta el momento, material probatorio ni testimonial que pueda indicar que esta persona cometió un delito en territorio nacional”. Al haber sido destruida la embarcación en la que viajaba, y dado que el ataque ocurrió en aguas internacionales, demostrar que Obando es “un criminal”, como dice Washington, es improbable. “No está obligado a declarar, porque no hay ninguna orden que lo determine”, añade el funcionario de la dirección de antinarcóticos del organismo.
La limitada investigación que adelanta la Fiscalía apunta a que, de ser cierta la versión de Estados Unidos, Obando era solo un trabajador de último orden. “No tiene antecedentes penales, ni tampoco su nombre hace parte de ninguna red criminal. Lo más probable es que hubiera sido contratado para llevar la carga a determinado punto, pero no que él fuera un cerebro del narco. Es lo que se llama una tercerización de la actividad delictiva”, informa la fuente consultada.
La expectativa sobre el futuro de Obando crecía a finales de octubre, cuando en Ecuador fue liberado Andrés Fernando Tufiño, el otro sobreviviente del ataque del día 16. La Fiscalía de ese país lo dejó en libertad tras el alta médica el día 20 porque tampoco encontró pruebas de que fuera un criminal. Un documento gubernamental, al que tuvo acceso la agencia Associated Press, detallaba que “no existen elementos de convicción ni indicios que puedan llevar a la autoridad fiscal o judicial a tener la certeza” de que Tufiño había cometido un delito en territorio ecuatoriano. La cadena estadounidense CNN encontró que, aunque no tenía un expediente criminal en Ecuador, sí lo tenía en Estados Unidos: había sido arrestado y condenado en 2020 por contrabando de drogas, delito por el que fue deportado.
Las autoridades colombianas contaban, en principio, con más tiempo antes de que Obando Pérez fuera dado de alta. Una semana después de su repatriación, un informe médico reservado indicaba que el hombre había sido ingresado con “una fractura en la base del cráneo y órbita, así como lesiones intracerebrales” aunque presentaba “mejoras” y le había sido retirada la asistencia respiratoria. Su recuperación se aceleró y fue dado de alta, de forma privada y sin difusión alguna, el pasado martes por el Hospital de Kennedy, de la red pública de Bogotá. “Salió bien y por sus propios medios”, indica una fuente médica.
El jefe de derechos humanos de la ONU, Volker Türk, aseguró la semana pasada que los bombardeos ordenados por Trump “violan el derecho internacional” pues se tratan de “ejecuciones extrajudiciales”, una denuncia que han apoyado desde septiembre, cuando se atacó a la primera embarcación en el Caribe, organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional. La campaña militar de Washington en aguas internacionales, que ya se extendió al océano Pacífico, ha matado a al menos 64 personas. Obando Pérez, Tufiño y otra persona de la que se desconocen sus datos y que sobrevivió a un ataque en el Pacífico, han sido los únicos sobrevivientes.
La decisión de haber enviado al colombiano y al ecuatoriano a sus respectivos países no es arbitraria. Expertos jurídicos señalaban a la agencia Reuters que, así, Washington no “tendría que lidiar con espinosas cuestiones legales relacionadas con la detención militar de presuntos narcotraficantes” pues sus supuestos delitos “no encajan con claridad en las leyes de la guerra”.