La Fiscalía señala que la corrupción en la Nueva EPS era total

Hay indicios de corrupción en los balances financieros de la Nueva EPS que apuntan a ser innegables, afirma la Fiscalía de Colombia. Lo que empezó en abril de 2024 con la intervención por parte del Gobierno de la aseguradora más grande del país (con 11 millones de afiliados, un quinto del total), terminó mostrando un sistema viciado, atrapado entre el maquillaje de cuentas y la inoperancia administrativa. Al informe de la Procuraduría General de la Nación y a las advertencias hechas por la Superintendencia de Salud, se suman los hallazgos de la Fiscalía, revelados por la Revista Cambio, con los que sustenta su acusación de un desfalco al erario por 70.563 millones de pesos, unos 18 millones de dólares. Es un dinero que, según argumentó la Fiscalía ante un juez para abrir procesos contra cuatro exdirectivos de la entidad de capital mixto, se desvió para sostener una operación que aparentaba solvencia y así mantener un tinglado de corrupción.

Con los testimonios que aporta la autoridad penal ante la justicia, se sostiene también la denuncia hecha por el presidente de la República, Gustavo Petro, de que se habrían escondido deudas por más de 5 billones de pesos (unos 5.250 millones de dólares) para mantener el flujo de dinero público. El mecanismo que dibuja la Fiscalía era tan sencillo como perverso: afirma que la Nueva EPS dejó de registrar millones de facturas enviadas por clínicas y hospitales (IPS, en la jerga del sector) entre 2019 y 2023. Aunque los servicios se prestaron y las cuentas llegaron, muchas nunca se anotaron en los libros. Así, la afiliadora de salud parecía tener menos deudas de las que realmente tenía, lo que le permitía mostrar un falso equilibrio financiero. El maquillaje funcionó y para 2023 era la quinta empresa más grande del país por ingresos, según el ránking oficial de la Superintendencia de Sociedades, solo por detrás de los gigantes Ecopetrol, Reficar, Avianca y Terpel.

Pero el pedestal era de paja. Bastó con cruzar las cuentas, auditar las facturas y revisar los pasivos para concluir que realmente daba pérdidas. La intervención estatal destapó el desorden —algunos critican que también lo ahondó — que, según la Fiscalía, benefició a quienes manejaban la entidad y a algunos de sus proveedores. Por ello, acusó ante un juez a su expresidente, José Fernando Cardona, y a Juan Carlos Isaza Correa (exvicepresidente financiero), Edgar Pedraza Castellanos (exgerente de contabilidad) y Fabio Antonio Peralta Núñez (exgerente de cuentas médicas).

El Estado, a través del Ministerio de Hacienda, posee el 49% de las acciones de la aseguradora. La mayoría accionarial está en manos de cinco cajas de compensación, entidades dirigidas por delegados de empleadores y trabajadores que brindan servicios a sus afiliados: Cafam, Colsubsidio, Compensar, Comfenalco Valle y Comfandi. Entre 2019 y 2023, estos accionistas designaron en la junta directiva de la aseguradora a figuras notorias como Enrique Vargas Lleras (hermano del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, líder del partido de centroderecha Cambio Radical) o Noemí Sanín Posada (exministra y excandidata presidencial de origen conservador). Del lado estatal hubo siempre delegados del Ministerio de Hacienda, incluyendo a Fernando Jiménez Rodríguez, por años director de presupuesto del Ministerio, y viceministro de Iván Duque entre 2021 y 2022.

La estrategia

Según la Fiscalía, los directivos buscaron mantener a flote la maquinaria de un negocio multimillonario. La estrategia, dice, fue una “política deliberada de ocultamiento de información” que distorsionó la realidad financiera de la empresa. Las utilidades ficticias permitían mantener la habilitación ante la Superintendencia de Salud y seguir recibiendo los giros mensuales que hace la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), la entidad estatal encargada de distribuir el dinero público que financia la atención médica en Colombia. De las utilidades por 91.490 millones de pesos que reportó la EPS, al menos 70.563 millones no eran reales, según la Fiscalía. Esta es la cifra que señala de ser el peculado, es decir, la de la afectación a las cuentas públicas.

El abogado de Cardona, Javier Tamayo, ha rechazado ese señalamiento. “Ni un solo peso o cheque salió de la Nueva EPS para enriquecer el patrimonio de un tercero”, ha argumentado. La Fiscalía responde que, aunque no hubo reparto de utilidades a socios, la maniobra permitió mantener una operación que beneficiaba a los directivos, a los accionistas y especialmente a un grupo de proveedores, que seguían recibiendo jugosos contratos.

De hecho, el primer superintendente de Salud de Petro, Luis Carlos Leal, denuncia que lo más grave no eran las deudas ocultas, sino lo que dice que encontraron en materia de direccionamiento de pagos: los pacientes se dirigían solo a ciertas clínicas, se preferían algunos gestores farmacéuticos y existía, según dijo a Cambio, un esquema de cobro de coimas a los proveedores: “Me decían que la única forma de que les pagaran es que les devolviera el 30% [a la Nueva EPS]. Todos lo sabían, pero nadie se atrevía a entregar pruebas porque si hablaban perdían el contrato”.

Julio Rincón, el primer interventor del Gobierno —y testigo formal en el proceso judicial— coincide en que el interés en mantener viva la operación de la EPS era el manejo de una chequera billonaria. “Se cobraba para que los contrataran, se cobraba para ampliar contratos, se cobraba para que se pagara”, aseguró al mismo medio. Según la Contraloría, el 40% de las obligaciones actuales se concentran en solo 36 prestadores.

Como fuera, tras la intervención por parte de la Superintendencia la crisis ha transmutado en catástrofe. La Contraloría ha señalado que el cambio de administración “ha coincidido con un agravamiento en los principales indicadores evaluados”. Las cifras son escandalosas: la deuda total se disparó de 5,42 billones de pesos en diciembre de 2022, a 21,37 billones para marzo de este año, un incremento del 294%. Pese a ello, el presidente Petro ha aprovechado el escándalo para cargar contra todo el sistema de salud, al que ha querido cambiar (sin éxito) desde que pisó la Casa de Nariño.