El asesinato de Nairkel Botía, de cuatro años, desata la indignación en Medellín

Cristian Alexis González Gallego es una colección de banderas rojas. Conocido en el mundo criminal como Lámpara, está acusado del asesinato de su hijastro, un niño de solo cuatro años, en la ciudad de Medellín, la segunda urbe más grande de Colombia. Sobre González, al que las autoridades señalan de haber machacado a golpes a Nairkel Aldraín Botia en la mañana del 13 de septiembre, pesan siete anotaciones judiciales —violencia intrafamiliar, venta de estupefacientes, concierto para delinquir, entre otros— y una condena por homicidio simple, según William Castaño, comandante de la Policía del Valle de Aburrá. La Fiscalía narra así los hechos: “El agresor, quien convivía con la madre desde hace tres meses, habría atacado intempestivamente al niño; lo levantó de la cama, lo golpeó y lanzó al suelo [...] luego lo agredió con un machete”. Todo, dicen las fuentes, porque “el niño se levantó y no se quiso volver a dormir”. Los golpes le rompieron el cráneo y “lo dejaron inconsciente”. Al día siguiente, las autoridades capturaron al presunto agresor.

El menor, que vivía en el popular barrio Castilla, luchó por su vida durante tres días en una unidad de cuidados intensivos del Hospital General de la ciudad. La madre del menor también fue golpeada por González, según dijo Leidy Mariana Fernández, la abuela de Nairkel, al canal local Telemedellín: “Mi hija trató de defenderlo y no pudo porque también recibió golpes”, detalló. El caso trascendió y generó indignación pública. El alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez, intervino y fue quien reveló la muerte del niño el pasado martes 16 de septiembre. “Ha muerto Nairkel, el niño de cuatro años que fue golpeado brutalmente por su padrastro. No pudo más. Los golpes le generaron tantas heridas que acabaron con su vida. Fue asesinado. Alias Lámpara, de la estructura criminal Los Mondongueros, fue el responsable de este acto criminal. Está capturado y pagará por esto. Qué dolor la violencia en contra de nuestros niños”, escribió en X.

La reconstrucción de los hechos muestran que se trató de la crónica de una muerte anunciada. Varios vecinos comentaron a las autoridades que “los maltratos eran recurrentes”. El padre de Nairkel, Rafael Botia, denunció que Lámpara no le permitía visitar a su hijo y que también él era blanco de sus hostigamientos. “A todos nos amenazaba. Nos decía que conocía a paramilitares, que no fuéramos a decir nada [de sus fechorías]. Y sacaba un revólver de cabeza blanca para terminar cualquier conversación”, cuenta a EL PAÍS. La abuela comentó que el supuesto homicida, previo al crimen, encerró al niño y a la madre por seis días en la casa: “A ella la tenía amenazada. [Le decía] que si volvía para mi casa me mataba a mí, a sus hermanos, a ella y al bebé”, señaló en declaraciones a Telemedellín.

Esto concuerda con lo que dice la Fiscalía. “Madre e hijo soportaban un ciclo de violencia física y emocional constante” por parte del agresor, ha dicho la entidad. Las fuentes que hacen parte del sistema judicial consultadas por este diario no han respondido por qué el hombre andaba libre pese a la condena por homicidio. La Fiscalía lo acusó, inicialmente, por tentativa de homicidio, pero el viernes ajustó para llevarlo a juicio por homicidio agravado. El presunto agresor, de 28 años, ha negado todos los cargos, en un proceso penal que hasta ahora inicia. Mientras tanto, Nairkel fue enterrado este jueves tras ser velado en el centro de Medellín, en un acto en el que la funeraria San Vicente donó los servicios fúnebres.

Un problema social y sistemático

El caso ha puesto de nuevo la lupa sobre una violencia que no cesa en el país. El Instituto Nacional de Medicina Legal detalla que son 370 los menores asesinados hasta julio de este año, y que las ciudades con más menores víctimas de este crimen en dicho periodo son Cali, Bogotá y Barranquilla. Pero el asunto va más allá de los homicidios, pues miles de menores de edad sufren maltratos en Colombia.

Es, ante todo, un problema que se da puertas adentro: el 80% de los casos de vulneración de los derechos de los niños ocurre en el contexto privado, como el familiar o los hogares de cuidado, según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Generalmente, son las personas cercanas a las víctimas quienes abusan de los niños. A julio de 2025, 71.037 menores de edad se encontraban en proceso administrativo de restablecimiento de derechos que, según la misma fuente, tiene como causas más comunes la violencia sexual y la omisión o negligencia de los responsables legales de las criaturas.

En concreto, las cifras de violencia sexual contra menores en Colombia son alarmantes. En 2024, la Fiscalía General de la Nación recibió 27.709 denuncias por delitos sexuales que afectaron a niños, niñas y adolescentes. En ese mismo año, el Instituto de Medicina Legal realizó 17.653 exámenes médico-legales por este presunto delito. En la práctica, significa que por cada 100 denuncias recibidas, solo se realizaron cerca de 64 exámenes, lo que evidencia una brecha significativa entre el reporte y la investigación.

Esta disparidad numérica abre la puerta a la impunidad, que según expertos de Alianza por la Niñez puede ser de hasta el 98% en casos de delito sexual. El problema es estructural. Alexandra Correa, defensora de derechos de las mujeres y los niños, señala que a la lentitud judicial “se suma la falta de articulación entre las instituciones responsables de garantizar la salud, el restablecimiento de derechos y la sanción efectiva a los agresores”. Es una ineficiencia que recalca María Cristina Hurtado, exdelegada de los derechos de infancia y mujeres en la Defensoría del Pueblo. “Un proceso por violencia sexual contra un menor puede durar hasta siete años, en parte porque hay fiscales con hasta 5.000 investigaciones a cargo”, explica.

Esa lentitud contrasta con el aumento del problema, o por lo menos en su denuncia. Los casos reportados de violencia contra la infancia y la adolescencia han incrementado un 21% desde 2021 hasta la fecha, según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Aunque el aumento se puede explicar por una mayor confianza en el Estado, queda la duda de qué tan grande es el subregistro. Pero el caso de Nairkel, en donde había pruebas más que suficientes para hacer algo más, dejan desnudo a un sistema de prevención que falló en todos los frentes.