Más de tres millones de niños de Colombia están en riesgo de quedar con hambre

En Colombia la desnutrición afecta a uno de cada diez niños, según las estimaciones. La gran mayoría de ellos viven en los departamentos más pobres, como La Guajira o Chocó, y muchos solo cuentan con una comida al día, la que les brinda en los colegios públicos el Programa de Alimentación Escolar o PAE. Pese a que del programa es central para a seguridad alimentaria, la Contraloría ha advertido que, si no se toman unas medidas urgentes, 3,5 millones de niños corren el riesgo de quedarse próximamente sin esa comida. El contralor Carlos Rodríguez ha dicho que el Ministerio de Hacienda debe asignar medio billón de pesos, unos 125 millones de dólares, para garantizar ese alimento en el último tramo del año en 53 de las 97 entidades territoriales del país sudamericano. La crisis, en la que coinciden alcaldes y Gobierno Nacional, toca una vena sensible del presidente Gustavo Petro, quien llegó al poder con la gran promesa de lograr el “hambre cero”. El mandatario no ha negado que el PAE esté en riesgo, pero ha señalado a otro lado.

“Se están robando la plata en algunos departamentos”, acusó el presidente de izquierdas el martes en la noche. “Si los niños no comen, entonces, es porque el dinero se está yendo a “comprar votos”, dijo sin pruebas de sus señalamientos. “Aún tenemos gobernadores y gobernadoras que se quedan con la plata”, volvió a señalar. “Nosotros no entregamos plata para que en Tolima se la roben”, dijo en uno de sus ataques más directos. “La gobernadora allí se dedica a hacer oposición al Gobierno y se tira a su propio pueblo”.

La mandataria conservadora, Adriana Matiz, no toleró el insulto. “En el Tolima los recursos de la alimentación escolar son sagrados, aquí nosotros no nos hemos robado nada”, dijo en rueda de prensa. Andrés Bedoya, su secretario de Educación, insiste por teléfono en que la de Petro es una denuncia infundada, y que la transparencia está casi garantizada por el control casi mensual que hacen los órganos de control. Para el abogado, el problema está en otro lado. “El PAE siempre ha estado desfinanciado”, resume, en una opinión en la que concuerdan expertos en educación consultados.

Aunque el programa es fundamental para millones de niños, la burocracia no hace fácil encontrar responsables. La alimentación la pagan en conjunto el Gobierno y las entidades territoriales más grandes del país: los 32 departamentos, los distritos, los municipios. Pero la disparidad entre ellas es enorme. Mientras Bogotá financia el 98% de su PAE, porque tiene suficientes recursos, el Tolima, un departamento que no está entre los más pobres del país, solo puede poner alrededor del 25% del costo. Y es en las entidades más dependientes donde hoy hay alerta roja.

Bedoya explica que el PAE cubre a 85.000 niños en el Tolima, el 67% de todos los estudiantes de los colegios públicos, y que eso cuesta unos 116.000 millones de pesos (poco menos de 30 millones de dólares) anuales. El Gobierno, dice, se comprometió este año con 60.000 millones, el departamento con 16.000 millones, y los municipios con 7.000 millones. Los 83.000 millones sencillamente no bastan. “Nos permite cubrir hasta la primera semana de octubre”, dice el secretario de educación. El año escolar termina la última semana de noviembre y los estudiantes se pueden quedar dos meses sin su almuerzo.

“Pero este riesgo, [el de suspender el PAE durante el año], no empezó en el gobierno de Petro, se repite año a año”, continúa Bedoya. “La diferencia es que en años anteriores el Gobierno adicionaba dinero antes de la crisis. Ese año no ha ocurrido eso en las 53 entidades territoriales en riesgo, porque nos dicen que no hay plata”, explica.

Efectivamente, Hacienda no sabe de dónde sacar los 500.000 millones que le piden los departamentos y municipios al Ministerio de Educación. Además, este último desconfía de que ellas estén manejando bien el dinero. Sebastián Rivera, director del programa de alimentación en Educación, alega que departamentos como el Tolima no han aumentado progresivamente su presupuesto anual para el PAE, y que ha identificado al menos “50 entidades territoriales donde, a la fecha, no han puesto los recursos anuales que han debido poner”. Si lo hubieran hecho, calculan en su oficina, contarían con 837 mil millones de pesos más para el PAE.

Más que corrupción, Ariza ve problemas administrativos en entidades que muchas veces son pequeñas y débiles: prometen cubrir al 100% de los niños, aumentan sus giros un año, y al siguiente no pueden repetir el esfuerzo. Por ello, pide a los departamentos y municipios que hagan cambios estructurales. “Necesitan comprar en su territorio al campesino, fortalecer la economía territorial y dar más poder de ejecución a las asociaciones de padres para abaratar costos”, propone. “Tenemos que cambiar la forma de operar, porque por el camino que vamos nunca vamos a garantizar la universalidad del PAE a todos los estudiantes durante todo el año escolar”, añade.

Frente al déficit, en todo caso, Rivera vuelve a lanzar la pelota al otro lado: “Nosotros, en tres años, duplicamos este presupuesto, pero no vemos el mismo gesto en la contraparte”. La información del Ministerio señala que el rubro nacional saltó de 1,26 billones de pesos en 2022, a 2,14 billones en 2025, un aumento del 68%. Eso, sin embargo, no cuenta toda la historia, según los gobiernos locales. “Eso está muy bien, pero el Gobierno también le viene bajando transferencias a municipios y departamentos,”, considera Alejandra Quintero, coordinadora de gobierno en la asociación de ciudades intermedias del país.

Entre los gobiernos territoriales, que piden más dinero, y el nacional, que pide un mejor manejo, está Andrey Rodríguez, el contralor delegado para la Educación y quien prendió las alarmas. “Celebramos que la alerta está siendo efectiva, porque muchos territorios ahora están buscando los recursos para no suspender la alimentación”, dice. Y aunque reconoce que el Gobierno ha aumentado considerablemente su presupuesto, señala que no es suficiente. “Hoy se benefician del PAE 5,8 millones de niños, casi el 80% de los que estudian en la educación pública. Si quisiéramos que se beneficiara el 100%, 7,4 millones de niños, necesitamos que el presupuesto llegue a 4,4 billones de pesos”, añade.

El contralor delegado indica que no ha recibido denuncias formales ni evidencia de corrupción en las gobernaciones del Valle del Cauca o del Tolima, las acusadas por Petro. Lo que sí ve son alcaldes de municipios muy pobres enfrentando decisiones difíciles. Da como ejemplo la ciudad de Buenaventura, que este mes ha suspendido el PAE, que llegaba a 40.000 niños, por falta de presupuesto. “La alcaldesa decidió que este año iba a dar un complemento alimentario en la mañana, y luego almuerzo a los de jornada única. Con esa decisión, el dinero no le alcanzó para cubrir todo el año escolar”, dice. También resalta que la entregó los alimentos a todos los estudiantes matriculados, no solo a los más pequeños o más pobres, por lo que los recursos se acabaron más rápido. “No hay una norma técnica que diga que los niños no puedan tener dos complementos alimentarios, pero el Gobierno dice que es un malgasto. En un lugar con una pobreza extrema, es difícil argumentar que le damos demasiada comida a un niño”, añade.

¿Mal manejo de los recursos? ¿Casos de corrupción? ¿Déficit? Esa es la gran pregunta de la crisis del PAE. Para miles de padres de familia, sin embargo, no hay tiempo para buscar culpables, solo responsables que sigan sirviendo comida en la única mesa al que pueden acceder sus hijos.