Un ministro militar: una respuesta pragmática pero insuficiente
Los grupos armados ilegales se mueven cada vez más en la esfera del crimen organizado con conexiones transnacionales, enfrentan menos a las fuerzas del Estado y se disputan entre ellos el territorio y sus rentas
El nombramiento del general (r) Pedro Sánchez como ministro de Defensa Nacional representa un giro de 180 grados en la política del Gobierno Petro frente a los grupos armados ilegales. El centro de gravedad ya no será la paz total, sino el uso de la fuerza. Mandar este mensaje tiene sentido en momentos en que enfrentamos ...
El nombramiento del general (r) Pedro Sánchez como ministro de Defensa Nacional representa un giro de 180 grados en la política del Gobierno Petro frente a los grupos armados ilegales. El centro de gravedad ya no será la paz total, sino el uso de la fuerza. Mandar este mensaje tiene sentido en momentos en que enfrentamos la más seria crisis de orden público de los últimos tiempos y en que las aspiraciones grandilocuentes de la paz total se han reducido a negociar con el que se pueda. Hace meses que jugadores significativos como el ELN y las disidencias de alias Mordisco patearon el tablero de negociación, mientras que el Clan del Golfo sigue en coqueteos con poco futuro a la vez que avanza sin pausa en la conquista de territorio.
Más allá del efecto mediático inmediato de esta movida presidencial, es importante pensar en las consecuencias que puede tener el haber nombrado a un militar a la cabeza del sector de defensa y seguridad. La primera de ellas y la más obvia es la ruptura de la tradición de liderazgo civil que se construyó en las últimas tres décadas en clave de dos asuntos fundamentales: la responsabilidad política y el control externo sobre militares y policías.
Hoy, la dimensión política es especialmente sensible dados los serios desafíos que atraviesa el sector en materia de financiación y capacidades, lo que además se ve afectado por el debilitamiento de la cooperación con Estados Unidos e Israel. El exministro Juan Carlos Pinzón lo explicó clarito en X: “El papel del ministro de Defensa es trazar y liderar las políticas de seguridad y defensa en el país, gestionar los recursos, hacer la defensa política de las instituciones y tramitar las normas ante el legislativo, así como coordinar con la rama judicial. Es importante que quien asuma el cargo tenga el peso y la credibilidad política e internacional, si no la tiene será peor para los militares y para los colombianos”.
Otra consecuencia, asociada con lo anterior, tiene que ver con la visión estratégica y de futuro del sector. El general (r) Sánchez, en una de sus primeras entrevistas públicas, indicó que su prioridad es contener el avance de los grupos armados ilegales y recuperar el control territorial, algo que reclaman los colombianos en el campo y las ciudades. El enfoque militar para avanzar en esta tarea inaplazable es de la mayor importancia, pero no suficiente. Hay acciones urgentes dentro de este propósito como, por ejemplo, la prevención del reclutamiento que ha crecido a un promedio del 60% o más en los últimos años, que requieren de una visión más amplia y de la concurrencia de otras autoridades nacionales y locales.
Ahora, si pensamos en una perspectiva de mediano y largo plazo hay que empezar por reconocer que enfrentamos cambios no solo por el avance territorial de los grupos armados ilegales, sino sobre todo por el tipo de amenaza híbrida que representan. Se trata de facciones que se mueven cada vez más en la esfera del crimen organizado con conexiones transnacionales, que enfrentan menos a las fuerzas del Estado y se disputan entre ellas el territorio y sus rentas. Estos grupos reclaman reconocimiento, pero no con proyectos políticos nacionales como era el caso de las FARC, sino con demandas locales y en virtud del control que ejercen sobre la población.
Se trata de un escenario en el que se requiere elevar de manera sustancial los esfuerzos en el campo policial y de justicia, de investigación criminal y de la persecución penal del crimen organizado. Frente a este panorama se necesitan menos bombardeos como lo ha advertido el propio general (r) Sánchez, y menos capturas a tutiplén a cambio de más inteligencia e investigaciones estratégicas para dislocar redes criminales, atrapar corruptos y perseguir activos. También se necesitaría bajarle el foco a las negociaciones de paz y propender por encontrar vías jurídicas para lograr acuerdos en torno al sometimiento a la justicia.
Por supuesto que se requieren esfuerzos desde el campo militar, sobre todo en las fronteras donde se concentra una parte sustancial de la operación de estos grupos. Además, es indispensable avanzar en la tarea, por años pendiente, de fortalecer a la Policía con capacidades para cuidar el campo, lo que no es fácil ya que se trata de proteger a población dispersa en grandes extensiones territoriales. Y, finalmente pero no menos importante, hay que insistir en avanzar en las transformaciones territoriales mejorando la calidad del Estado en lo local y generando oportunidades para que la gente se integre a economías legales.
El haber nombrado a un militar como ministro de Defensa es una respuesta pragmática del presidente Petro para enfrentar la crisis actual de seguridad, pero un retroceso que favorece la idea de que esto se resuelve a plomo. Nos deja atrapados en la falsa dicotomía entre paz o seguridad. Si queremos ganar el territorio para el Estado de Derecho en un entorno híbrido como el que tenemos, además del esfuerzo militar, hay que dinamizar la acción de otros actores e instituciones civiles indispensables en la gobernanza de la seguridad.
Esperemos que el nuevo ministro logre avanzar en la mitigación de daños, pero que en el proceso no perdamos la visión de la responsabilidad civil sobre el sector, sin la cual no podremos salir de la queja usual de militares y policías de que se quedan solos en la tarea de la recuperación del control territorial.