Sanitas contraataca con una solicitud de arbitraje internacional contra Colombia por 1.200 millones de dólares
Las sociedades españolas propietarias de la aseguradora piden una compensación millonaria ante un tribunal en Washington por “expropiación indirecta”
El caso de la intervenida EPS Sanitas ha desembocado en un millonario pleito internacional. Dos sociedades españolas, accionistas mayoritarias de la aseguradora colombiana, dieron a conocer este martes una solicitud de arbitraje contra el Estado colombiano. El motivo son las posibles afectaciones causadas tras la toma pública de la entidad promotora de salud, en abril de 2024. Se trata de un conflicto que llega a un tribunal en Washington precedido de tintes políticos. El objetivo de la reclamación, registrada el 21 de enero por el Centro de arreglo de diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), organismo dependiente del Banco Mundial, busca una indemnización de 1.200 millones de dólares (alrededor de 5,2 billones de pesos colombianos).
Los últimos años, en la EPS que suma casi seis millones de afiliados, han estado marcados por múltiples batallas. La Superintendencia de Salud, el órgano oficial de regulación y vigilancia que ordenó su intervención, multó en enero del año pasado a la empresa con 350 millones de pesos por incurrir en incumplimientos administrativos durante la crisis sanitaria. Y el Senador del gobiernista Pacto Histórico Wilson Arias denunció, en noviembre de 2023, falencias tan graves como la falta de detección en el 50% de los casos de cáncer de mama, o del 58% en los de hipertensión arterial.
El argumento central de Centauro Capital y Natanor XXI, las dos sociedades del grupo multinacional vasco Keralty, en su solicitud legal, consiste en que la intervención estatal colombiana configura una “expropiación indirecta” de sus inversiones. La demanda acusa al Gobierno de Gustavo Petro de haber violado el acuerdo de protección recíproca de negocios, firmado por Colombia y España en 2005. Un lío que deriva de las estrategias legales empleadas por el Ejecutivo para avanzar con un nuevo esquema de gestión sanitaria que ha sido rechazado por el Congreso. Su propuesta, grosso modo, elimina el aseguramiento privado con promotoras como Sanitas, para encargar directamente el Estado de contratar con clínicas, laboratorios o profesionales de salud.
En un sistema sanitario mixto, con empresas públicas y privadas, la discusión ha sido interpretada por los empresarios colombianos como una andanada dirigida a estatizar un servicio que soportó con decoro la pandemia. Fuentes allegadas a la EPS aseguran que la decisión de la Superintendencia de Salud los tomó por sorpresa. Sostienen que los indicadores de satisfacción, y las evaluaciones públicas de servicios, mostraban resultados que eran entre aceptables y satisfactorios. Por eso agotaron, sin suerte, las acciones legales y administrativas nacionales para revertir la intervención pública. Ahora Sanitas contraataca a través de un tribunal internacional. “El Estado colombiano ha incumplido reiteradamente múltiples compromisos con EPS Sanitas bajo el sistema de salud y el derecho internacional”, se lee en el comunicado de la aseguradora en referencia a los atrasos financieros del Estado para garantizar la operación del sector.
De acuerdo con abogados cercanos al caso, los indicadores en tiempos de atención o entrega de medicamentos no han hecho otra cosa que empeorar desde abril del año pasado, cuando el Gobierno asumió su administración. La acción legal de los dueños de Sanitas, según el comunicado, planea capitalizar la entidad promotora de salud y recuperar la calidad: “Los accionistas de grupo Keralty destinaríamos el total de la indemnización obtenida en instancias internacionales a recomponer el gravísimo daño causado por el Estado colombiano al sistema de salud mediante el fortalecimiento de EPS con dichos recursos”, se lee en la circular.
El grupo Keralty nació con los primeros años de democracia en España en 1980. Su propietario es el millonario vasco Joseba Grajales. La firma es dueña en Colombia de las clínicas Sebastián de Belalcázar de Cali, Colombia y Reina Sofía de Bogotá, y varios centros médicos en Medellín, entre otros. Además, provee un seguro privado o prepagado, para ciudadanos más pudientes.
Con su reclamación se abre un nuevo capítulo en medio de la incertidumbre por el futuro de una veintena de EPS cuya situación general no se aclara. En más de se teme la sombra de la liquidación. Entre tanto, la multinacional española pondrá las cartas sobre la mesa ante un acreditado tribunal de diferencias comerciales. Para ello, estará representada por la firma de abogados estadounidense Debevoise & Plimpton y la oficina bogotana Rincón Castro.