Se perdió la guerra

El fracaso de la paz total y de los ceses al fuego constituyen la prueba de que la guerra se perdió. Primero fue el Cauca y ahora el Catatumbo, le siguen Arauca y Vichada. El Estado ha sido incapaz de controlar el territorio ocupado por los subversivos y los civiles han sido los paganinis. El costo de no haber consolidado el proceso de paz con las FARC de 2016, lo que ahora llaman “la implementación de l...

El fracaso de la paz total y de los ceses al fuego constituyen la prueba de que la guerra se perdió. Primero fue el Cauca y ahora el Catatumbo, le siguen Arauca y Vichada. El Estado ha sido incapaz de controlar el territorio ocupado por los subversivos y los civiles han sido los paganinis. El costo de no haber consolidado el proceso de paz con las FARC de 2016, lo que ahora llaman “la implementación de los Acuerdos”, es sin duda el principio de la crisis que hoy padecemos.

El modus operandi de la paz total nació equivocado y así lo explicamos en estas columnas. Los procesos de paz que arrancan con ceses al fuego y con varios grupos ilegales a la vez están destinados a fortalecer a los insurgentes. Este es un instrumento para darle confianza a la población y credibilidad de que la negociación va por buen camino, y no como sucedió, que se usaron indebidamente para fortalecer a los actores armados. Las Fuerzas Militares cumplieron con el compromiso abandonando la ofensiva, pero los grupos ilegales aprovecharon para enfrentarse entre sí para apoderarse de las áreas controladas por el narcotráfico y la explotación de la minería ilícita. El alto comisionado de Paz, Otty Patiño, tuvo el coraje de reconocer que los ceses del fuego fracasaron.

En un ensayo magistral del profesor emérito Eduardo Pizarro Leongómez explica con claridad por qué es tan difícil consolidar la paz. Una de las raíces de las dificultades que atraviesa la paz total ―sostiene el profesor Pizarro― es la ausencia de una política de presencia integral del Estado en todo el territorio nacional. El Cauca y el Catatumbo hablan por sí solos. En general, el corredor del narcotráfico del Pacífico va desde Nariño, pasando por el Cauca, hasta el Chocó. Nadie puede negar que la topografía del país, por sus cordilleras y su riqueza marítima, facilita la acción subversiva y hace muy dispendiosa la labor de la fuerza pública para defender a la población civil. Por eso es indispensable la permanente actualización y modernización de la formación técnica de la fuerza legítima. Pero si, como sucedió ahora, se facilita el fortalecimiento de los grupos ilegales por el manejo inadecuado del cese al fuego, el resultado es la pérdida del control del territorio.

Lo del Catatumbo es capítulo aparte, una zona controlada por ilegales desde hace por lo menos cinco o más años en los que la Policía no goza del respaldo ciudadano, además del empoderamiento del ELN, que lo ha llevado a eliminar a las organizaciones que comparten el dominio de la región. La violencia ha dejado 30.000 desplazados y 80 muertos. La Defensoría del Pueblo alertó en noviembre del año pasado que la población estaba en riesgo por la presencia del ELN, el EPL y las disidencias de las extintas FARC.

No obstante, al Gobierno se le ha salido de las manos el conflicto y ha tomado la decisión de declarar los estados de excepción previstos en la Constitución sin que hasta ahora ―miércoles, que escribo esta columna― se hayan conocido los decretos respectivos. El debate sobre el alcance de la figura, aun sin conocer los textos legales, es si lo que está ocurriendo es una motivación válida, ya que se trata de hechos lamentables que se han venido desarrollando hace rato y no se pueden calificar de hechos sobrevivientes para recurrir a la excepción constitucional. Mientras tanto, el Ejército se dedica a acompañar a los desplazados dejando libre el campo al ELN, que se apodera del espacio abandonado. Por todo eso creo que perdimos la guerra.