Petro busca una vía para debatir el aumento de tarifas en los peajes de Colombia

Cuando se trata de viajar en carretera por Colombia, el presidente del cambio ha querido cambiar el costo del paseo. A finales de 2022, Gustavo Petro decretó, de forma excepcional, congelar las tarifas de peajes para 2023. Fue una medida encaminada a frenar la inflación porque, por ley, los peajes debían subir ese año acorde al Índice de Precios al Consumidor (IPC), que era entonces de 13,12%. Fue un alivio popular en lo inmediato, pero una medida temporal, porque ese déficit al sistema de transporte se tendría que subsanar eventualmente, y eso implicaría aplazar el aumento a las tarifas para 2024 y 2025. El 31 de diciembre pasado, a pocas horas de celebrar el Año nuevo, el Ministerio de Transporte anunció que subiría el precio de los peajes para normalizar las finanzas públicas. Pero los camioneros amenazaron con un paro, la ministra salió a dar explicaciones, y el presidente exigió frenar un aumento desmesurado en ocho peajes manejados por privados. Al final de la tarde del martes, el Gobierno logró un acuerdo con dichos privados, pero uno temporal, aplazando de nuevo un pulso tarifario que se desenredará en los próximos seis meses.

“Cualquier medida que uno adopte respecto a los peajes es polémica y por ende no es tarea fácil.”, dijo el 4 de enero, en una columna publicada en El Tiempo, la ministra de Transporte en Colombia, María Constanza García. La jefa de esa cartera expidió el 31 de diciembre la resolución que aumenta el costo de los peajes en las carreteras del país en un 2,78% el 1 de enero, y un 1,85%, el 1 de abril. Ese incremento de 4,64% es obligatorio, dice la ministra, para normalizar las finanzas tras el decreto que congeló las tarifas en 2023. Pero eso no era lo más sensible.

El Gobierno maneja unos de los peajes del país, pero muchos otros son manejados por grupos privados con quienes se firmaron hace varios años contratos para que construyeran carreteras, las mantuvieran y, a cambio, pudieran generar ganancias con el costo de los peajes. En ocho de esos peajes, los empresarios impusieron este año aumentos muy superiores, entre el 60% y el 30% más. Eran alzas a las que los privados tenían derecho, explicó la ministra García, por lo acordado con ellos en contratos firmados en 2014, 2015 y 2021 con gobiernos anteriores. Impedirles los aumentos es imposible, explicó, porque implicaría que el Gobierno terminaría pagándoles con dinero de otro fondo, “o en un peor escenario a pagar debido a las demandas derivadas de presuntos incumplimientos contractuales”. No era una decisión fácil, era costosa políticamente, pero era la decisión responsable frente a las finanzas públicas y frente a la ley.

El presidente, sin embargo, fue menos diplomático que la ministra. Esos contratos con gobiernos anteriores, dijo en X, son “a toda vista mal hechos y leoninos”. Dos días después de las explicaciones que publicó su ministra en la columna de El Tiempo, y ante la creciente amenaza de un paro camionero, Petro le pidió a García que convocara a un “diálogo con esos concesionarios”—seis en total que manejan los ocho peajes―. La ministra García se reunió entonces durante la tarde del martes con los privados, y logró llegar a un acuerdo: “Vamos a suscribir un acta que va a permitir la suspensión de estos incrementos contractuales por un periodo que, hemos contemplado, va a ser de seis meses”, dijo en una rueda de prensa.

Es decir, parecido a la medida de finales de 2023, no es que los incrementos a los ocho peajes no se vayan a dar eventualmente, sino que se suspenden ahora y se posponen. El Gobierno gana tiempo, al menos seis meses más, para calmar la posibilidad de un paro de transportadores, mientras la ministra logra renegociar los términos de cada uno de los contratos con los seis concesionarios para que los incrementos no sean tan dramáticos. En sus palabras, quiere encontrar “la fórmula que permita que se den estos incrementos”.

“Creo que es mejor un mal arreglo que un buen pleito”, opina sobre el acuerdo Darío Hidalgo, ingeniero de transporte y profesor de la Universidad Javeriana. Explica que el mal arreglo con los seis concesionarios le da algo de aire a la ministra García, ante el posible paro de transporte, y ante el riesgo para el presidente de que ese paro y ese aumento tarifario tenga un alto costo político. Pero añade: “Igual nos va a tocar pagar lo que esté pagado en los contratos, y con intereses. Lo que pasa es que se siente un golpe menos fuerte ahorita, y lo vamos a ir recibiendo poco a poco a lo largo del ajuste que se haga a cada uno de esos contratos de concesión para mantener el equilibrio económico”.

Petro, sin embargo, buscó mostrar el acuerdo como una victoria del Gobierno ante los privados: “Le agradezco a los seis concesionarios que aceptaron la decisión del Gobierno de solo subir en 2,8%, los peajes, a pesar de que los contratos firmados en 2014 estipulaban aumentos abruptos en determinados años”. No mencionó que esos aumentos igual se cobrarán de alguna forma. Poco después, el presidente dijo en X que ya no había “tensión con el gremio camionero”. Otra victoria. El gremio de transportadores ya había convencido al Gobierno de posponer otro alto costo para ellos: logró que el presidente no les quitara todos los subsidios al precio del diésel, para que los camioneros pudieran mantener los costos de viaje más bajos. Ahora los transportadores fueron un actor clave para posponer el aumento en el costo de los peajes. Victorias temporales para Petro, con costos políticos que solo se aplazan pero no desaparecen.