Sandra Ortiz, la exconsejera de Petro enviada a la cárcel, señala a Laura Sarabia de enlodarla en el escándalo de la UNGRD

Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones, irá a prisión. Una jueza determinó que la exfuncionaria de Gustavo Petro, con oficina en la Casa de Nariño hasta mayo pasado, debe ser traslada a la cárcel de El Buen Pastor, en Bogotá, para continuar su defensa en uno de los casos de corrupción más grandes que ha enfrentado esta Administración. Inició por los sobrecostos en la compra de 40 carrotanques por la estatal Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), y ha escalado a presuntas coimas a congresistas para apoyar al Gobierno en su agenda legislativa.

El nombre de Ortiz apareció en el caso luego de que Sneyder Pinilla, antiguo segundo al mando de la UNGRD, la señalara de recibir 3.000 millones de pesos (688.500 dólares) que tenían como destino a Iván Name, presidente del Senado de la República para el momento de los hechos y que, según algunos testigos, tendrían como fin pagar una coima para garantizar el éxito de los proyectos del Gobierno en el Legislativo. La política boyacense, copartidaria de Name en el Partido Verde, ha negado las acusaciones. La Fiscalía la acusa de haber cometido los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos.

En medio de la audiencia en la que fue enviada a prisión, Ortiz incriminó a Laura Sarabia, la número 2 del Presidente . “Yo denuncié de 10 carrotanques más y le avisé en su momento”, aseguró señalando a la mano derecha del mandatario de tener conocimiento de los indicios de corrupción que había al interior de la Unidad. Aunque no volvió a referirse con nombre propio a la mujer más poderosa del Gobierno, luego advirtió que al interior de la Casa de Nariño se gestó un complot para incriminarla y, según ella, usarla de “chivo expiatorio” para ocultar otros hechos de corrupción, a los que tampoco hizo referencia. “Una mujer muy poderosa, que está al lado del presidente, fue la que armó todo el show mediático”, dijo.

Ante los señalamientos, Sarabia dio una declaración a medios de comunicación en la que dijo que las declaraciones de la exconsejera presidencial “es una historia fantasiosa”. En su cuenta de X dijo que cuando se conoció el escándalo, ella acordó con el presidente pedir la renuncia de Olmedo López a la UNGRD “e indicarle que debía suspender toda la contratación”. Luego de su reiterar su defensa e inocencia, escribió: “He cumplido mi labor como funcionaria pública pero entiendo que el que las hace se las imagina”.

Según la tesis de los investigadores, los exfuncionarios del Gobierno lograron desviar, al menos, 4.000 millones de pesos (917.000 dólares) de recursos de contratos públicos para pagar a los presidentes del Congreso, Iván Name y Andrés Calle. Una de las pruebas del caso, en poder de la Fiscalía, es una serie de videos en los que se ve a la exconsejera presidencial en una habitación del Hotel Tequendama, en Bogotá, donde supuestamente Ortiz había recibido una maleta con el dinero en efectivo que debía entregarle al senador Name. Aunque las autoridades todavía investigan el pago de dichas coimas, la fiscal del caso, María Cristina Patiño, sostiene que la exconsejera siguió órdenes de Carlos Ramón González, el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y uno de sus aliados políticos más cercanos en el Partido Verde.

Sandra Ortiz aterrizó en el Gobierno en mayo de 2023, cuando el presidente Gustavo Petro la posesionó como consejera presidencial para las Regiones. La política, oriunda de Boyacá, ha hecho la mayor parte de su carrera en el Partido Verde desde 2014, cuando resultó elegida como representante a la Cámara y, después, como senadora de la República. Sus vínculos con la política regional de Boyacá no son nuevos. Sus hermanos, Jhon y Elena Ortiz fueron alcaldes de los municipios de Tutazá y Paz de Río, ambos por el Partido Verde. Su cercanía con Carlos Amaya, el gobernador de ese departamento, tampoco es desconocida.