El Gobierno de Colombia pide explicaciones al Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU por declarar que en Bogotá hay un hangar con 20.000 cuerpos sin identificar

La visita del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas a Colombia esta semana ha tocado una fibra sensible en un país que aún busca esclarecer los crímenes de guerra de su largo conflicto armado. El comunicado del cierre sorprendió el jueves a la opinión pública al señalar la supuesta existencia de un hangar con 20.000 cuerpos en el aeropuerto de Bogotá, lo que ha provocado una avalancha de cuestionamientos. Poco después, la fuente citada por el Comité, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, desmintió conocer esos hechos y aumentó la confusión ante una denuncia tan sensible, de la que los expertos no revelaron pruebas. Ante la ausencia de respuestas, la Cancillería ha elevado el tono en la tarde de este viernes: ha presentado una nota verbal al Comité para exigir “explicaciones claras y precisas” y ha emitido un comunicado en el que “rechaza categóricamente” las afirmaciones.

El Ministerio de Relaciones Exteriores ha enfatizado que la declaración sobre el supuesto hangar “carece de respaldo y compromete la rigurosidad y credibilidad” del Comité. “El Gobierno nacional subraya que la verificación rigurosa de la información es indispensable para preservar la confianza y la efectividad de los mecanismos de Naciones Unidas”, ha considerado. Aunque ha recordado la importante labor que ha realizado la ONU para acompañar el proceso de paz y la agenda de derechos humanos, el Ejecutivo no ha escatimado críticas. “Esta declaración, carente de sustento, ha generado confusión y controversia en el país”, ha subrayado.

El pronunciamiento se suma al que formuló el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, en la mañana de este viernes. El funcionario le exigió “claridad” al relator del Comité, Juan Pablo Albán: “Es una afirmación muy grave y no verificada frente a la cual la opinión pública merece transparencia”. Horas después, insistió con que es urgente tener explicaciones. “Hace mucho daño a Colombia la información que han dado por la gravedad y magnitud del hecho denunciado”, enfatizó.

El señalamiento sobre el hangar es solo una pequeña parte de un comunicado que resume las conclusiones de la visita del Comité, que duró dos semanas e incluyó decenas de entrevistas con autoridades y víctimas del conflicto armado. En un apartado sobre la falta de recursos de Medicina Legal, la delegación de expertos hace referencia al supuesto hangar como un ejemplo de los lugares que han tenido que habilitarse por la falta de espacios adecuados para conservar tantos cuerpos no identificados que existen en el país. Según explicó la vocera Carmen Rosa Villa, el Comité no visitó las instalaciones, pero recibió información al respecto de parte de Medicina Legal. Horas después, la propia entidad forense afirmó que ni siquiera había recibido reportes sobre la supuesta existencia de ese hangar.

La primera reacción fue de sorpresa y cautela. El concesionario encargado del Aeropuerto Internacional de El Dorado emitió un escueto comunicado en el que afirmó que “no tiene conocimiento alguno” de estos hechos y que las autoridades deben esclarecerlos. La Alcaldía de Bogotá aseguró que tampoco tiene “conocimiento ni indicios” de que exista el hangar y pidió explicaciones a Medicina Legal, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, la Fiscalía y la Cancillería. La Procuraduría, por su parte, envío una delegación a inspeccionar El Dorado el mismo jueves, y no encontró cuerpos tras revisar 27 hangares.

La molestia se acentuó con el correr de las horas, ante la falta de explicaciones por parte del Comité. Sandra Borda, consejera de Relaciones Internacionales de la Alcaldía, señaló este viernes que los colombianos esperan más de la ONU por el trabajo que ha realizado durante años para acompañar el proceso de paz. “El trabajo que ha hecho nos debe generar a los colombianos la mayor gratitud y un gran respeto. Por esa misma razón, bogotanos y colombianos esperamos que el informe del Comité contra la Desaparición Forzada que registra información que varias instituciones del orden nacional han desmentido, sea públicamente corregido. El Comité debe explicar las circunstancias que indujeron a este error y proceder a enmendarlo lo más pronto posible”, comentó en X.

La declaración del ministro Cristo, minutos después de la de Borda, tiene además un fuerte peso simbólico. El funcionario es víctima del conflicto armado —su padre fue asesinado por el ELN en 1997— y ha acompañado el proceso de paz desde varias posiciones: fue negociador con la extinta guerrilla de las FARC y autor de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. En su mensaje en X, recuerda que la ONU “ha sido fundamental en la construcción de paz”. Al igual que Borda, deja entrever que justamente por eso la vara es mayor. “No obstante, frente a la denuncia del Comité de Desaparición Forzada (...) pedimos claridad a su relator para Colombia”, remarcó.

La respuesta de otras entidades

Varias entidades de la ONU han buscado este miércoles desvincular al organismo internacional de las responsabilidades, pese a que el Comité fue creado por la ONU, sus expertos actúan bajo la sombrilla de Naciones Unidas y la rueda de prensa la organizó ONU Derechos Humanos. Un portavoz del secretario general señaló que los miembros del Comité son expertos independientes del resto de la organización y que supervisan el cumplimiento de la Convención de Desaparición Forzada. “No estamos en posición de comentar estas conclusiones preliminares. Le corresponde al Comité hacerlo”, dijo el vocero en declaraciones que recoge EFE tras una rueda de prensa en Nueva York.

El Equipo de País de las Naciones Unidas en Colombia, que agrupa a las diferentes entidades de la ONU en el país, declaró en un comunicado que “respeta la autonomía” del Comité y que los expertos “no reflejan los puntos de vista” de las agencias, fondos y programas de la organización. Asimismo, insinuó que el Gobierno colombiano debe dirigir los reclamos a ellos y no a las entidades: “El Equipo de País confía en que las autoridades nacionales estarán usando los canales de comunicación correspondientes para comunicar al Comité cualquier inquietud sobre sus hallazgos preliminares y espera que el Comité precise sus alegaciones y, si ha habido errores, ofrezca una rectificación”.

Los expertos continúan sin pronunciarse, pese a las presiones del Gobierno y de las otras entidades de la ONU. El relator para Colombia, Juan Pablo Albán, se limitó en la tarde del jueves a publicar un mensaje en X en el que afirma que el supuesto hangar no debe desviar la atención mediática: “De verdad esperamos que los varios hallazgos de la delegación expuestos ayer en presencia de las autoridades del Estado, incluidas las del Instituto de Medicina Legal, y hoy de manera pública, no se diluyan a partir de la impresión que genera la situación forense”.