Juan Pablo Barrientos y Miguel Ángel Estupiñán, investigadores de la pederastia en la iglesia: “El miedo del Vaticano es quedar en bancarrota”

La iglesia católica de Colombia vuelve a estar bajo el foco por un caso de pederastia. El sacerdote Francisco de Roux, uno de los religiosos más conocidos del país, fue denunciado penalmente a finales de octubre por no haber denunciado a un padre que aceptó ante él haber abusado sexualmente, cuarenta años antes, de ocho hermanos menores de edad. La acusación ocurre precisamente cuando el Vaticano publica un informe que advierte de la opacidad que aún persiste en la iglesia.

Juan Pablo Barrientos (Medellín, 42 años) y Miguel Ángel Estupiñán (Bogotá, 38), son dos de los periodistas más activos en la investigación de los casos de pederastia en la iglesia en el país. En su libro El archivo secreto (Planeta, 2023) recogen las acusaciones contra casi 600 sacerdotes en todo el país, una gota en un mar de denuncias que, sostienen, la iglesia mantiene ocultas. En una entrevista con EL PAÍS en Bogotá, los investigadores critican las excusas De Roux, quien ha indicado que los familiares no quisieron llevar el caso a la justicia y que los hechos ya estaban prescritos. Aseguran que el padre estaba en la obligación de denunciar el caso ante la Fiscalía.

Pregunta. El Vaticano pide garantizar las indemnizaciones a las víctimas de abuso y acelerar las dimisiones de los sacerdotes pederastas. ¿Qué opinan de estas medidas?

Juan Pablo Barrientos (J.P.B.). Los anuncios del Vaticano siempre quedan en el papel y las medidas que propone nunca trascienden a la realidad. Mientras siga habiendo encubridores en los cargos de poder, jamás se va a erradicar la pederastia en la iglesia católica. Si de verdad quieren hacer algo, deben entregar a las autoridades de cada país todos los archivos de las denuncias que reposan en un dicasterio de la curia romana.

P. El informe estudia el caso específico de Colombia y propone crear un grupo para acompañar a las víctimas. ¿Es suficiente?

Miguel Ángel Estupiñán (M.A.E.). Las víctimas, como lo vemos en el caso de De Roux, quieren una reparación integral. El Código de Derecho Canónico, la legislación interna de la iglesia, no es una garantía de justicia. El único ente competente para llevar a cabo una investigación de abuso en Colombia es la Fiscalía General de la Nación. Hay cientos de denuncias que reposan en los archivos eclesiásticos. De los 600 padres que hemos registrado que tienen una acusación, al menos 150 siguen ejerciendo el sacerdocio.

P. El último caso que ha sacudido a la iglesia es el de De Roux. Él se justifica en que cuando supo del delito, este había prescrito y que entonces regía el secreto pontificio.

M.A.E. No justifica mantener en secreto a un pederasta protegido por la institución eclesiástica, en este caso a Darío Chavarriaga, que ahora sabemos que salió libremente durante año y medio del sitio en el que estaba recluido. Y si la excusa es el secreto pontificio, que el Papa derogó en 2019, sabemos del caso de Hugo Alexis Moreno, exrector del Colegio Mayor de San Bartolomé, que fue expulsado de los jesuitas ese mismo año por una denuncia de abuso, pero no consta que la orden haya notificado el caso a la Fiscalía. Los hermanos Llano [los denunciantes] están convencidos de que estamos ante un crimen de lesa humanidad, que no prescribe.

J.P.B. El Código Penal colombiano dice que cuando cualquier ciudadano sabe de la comisión de algún delito está en el deber de denunciar. El derecho canónico no está por encima de las leyes ni de la Constitución. Es solo un manual de convivencia y de funcionamiento, como el cumplimiento del celibato u otras cosas. Frente a temas penales, no hay derecho canónico que valga.

P. Hermann Rodríguez, líder actual de los jesuitas en Colombia, defiende el actuar de De Roux. ¿Ha colaborado con ustedes?

J.P.B. Él se niega a entregar la lista de curas acusados por abuso. Además, nos ha admitido solo una denuncia de pederastia, la de Víctor Manuel Torres González, condenado a 13 años de prisión, pero hemos descubierto los nombres de al menos otros ocho sacerdotes jesuitas denunciados, incluido Chavarriaga. Está cometiendo un delito de falsedad ideológica en documento privado por habernos mentido en la respuesta a un derecho de petición.

P. Ustedes tienen contacto con decenas de víctimas ¿Qué piden?

J.P.B. La mayoría quiere que se sepa la verdad. Mucha gente los ataca diciendo que buscan plata; si así fuera, están en todo su derecho. Cuando denuncian, los animo a que pidan una reparación, pero es un proceso difícil porque para que llegue a un proceso civil tiene que haber primero una acción penal y en gran medida esto no ocurre. Lo que hace la iglesia es intentar callarlas, precisamente ofreciéndoles dinero. Eso no es reparación, es un silenciamiento ilegal.

[La iglesia] no quiere que vuelva ocurrir algo como lo que pasó en la Arquidiócesis de Los Ángeles, en Estados Unidos, que acordó pagar 880 millones de dólares [unos 4 billones de pesos] a más de 1.000 víctimas. El gran miedo de la iglesia de revelar los archivos secretos es el dinero: reconocer la responsabilidad en los casos de pederastia la obligaría a pagar reparaciones millonarias que la podrían llevar a la bancarrota.

P. En El archivo secreto (Planeta, 2023) recogen casi 600 casos de sacerdotes acusados de abuso. ¿Cómo llegaron a esa cifra?

M.A.E. Descubrimos en paralelo el método de investigación que usó el Boston Globe cuando acudió ante un juez para defender su derecho a acceder a la información: elevando derechos de petición en todo el país y defendiéndolos ante los jueces cuando las autoridades eclesiásticas no querían entregar la información. Tuvimos que radicar 120 tutelas ante la falta de respuestas. Así, compilamos 569 casos con acusados con nombre propio, aunque recoge solo el 13% de la información que hemos solicitado.

En Medellín ha habido al menos 70 sacerdotes denunciados; en Villaviencio, 50; en Manizales; 23; en Armenia, 12. Estas cifras llaman la atención cuando se comparan con las que se han entregado en Bogotá, donde nos están dando información de apenas nueve sacerdotes, aunque es una de las arquidiócesis más grandes. Un dato interesante es que el 94% de las denuncias publicadas en este libro corresponden a los últimos 20 años. Son casos que han venido ocurriendo cuando ya esta era una conversación pública.

P. Hace un año, el defensor del Pueblo de España cifraba en un 1,13% la población que había sufrido abusos en el ámbito religioso, equivalente a unos 400.000 españoles. ¿Es una cifra extrapolable a Colombia?

J.P.B. En España, 200.000 fueron víctimas directas de sacerdotes, una cifra similar a la de Francia, que entre 1950 y 2020, registró 216.000 casos. Estoy absolutamente seguro que la cifra de Colombia es similar. En la mayoría de casos no se trata de que cada cura viole a un niño, sino de depredadores sexuales que violan a decenas, tenemos casos de hasta 60 niños. El mismo Chavarriaga abusó de ocho menores, todos hermanos. Si el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el Estado se apersonaran e hicieran una gran investigación, nos sorprenderíamos con las cifras.

P. La iglesia católica ha tenido un rol muy importante en Colombia en la construcción de paz. ¿Sigue siendo muy estrecha su relación con el Estado?

M.A.E. Hay un asunto de cultura política. El peso que tiene la iglesia en todo el país, la idea del sacerdote como una autoridad civil, aunque falsa, permite que el abuso de poder sea muy extendido. Es evidente la influencia sobre la ciudadanía en el aspecto moral. Más allá de nuestra progresista Constitución de 1991, la cultura política es heredera de los pactos entre la Iglesia y el Estado.

P. ¿Cómo ha sido la acción del Gobierno Petro para registrar y reparar estos delitos?

J.P.B. Absolutamente nula. Todos los gobiernos son cercanos a la iglesia católica, pero este especialmente. El presidente, por ejemplo, se ha referido al cardenal Luis José Rueda como un “hombre de paz”, cuando tiene una acusación por encubrimiento. Lo mismo sucede con Darío Monsalve [anterior arzobispo de Cali]. Petro es muy amigo de la iglesia. No se va a ir en su contra, ni va a reclamar que repare a las víctimas. Ojalá ocurriera como en Bélgica, donde el primer ministro exigió medidas concretas en la visita del Papa.

Si conoce algún caso de abusos sexuales en la Iglesia en América Latina que no haya visto la luz, escríbanos con su denuncia a abusosamerica@elpais.es. Si es un caso en España, escríbanos a abusos@elpais.es.

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