Petro vuelve a subir el tono contra las cortes

El presidente Gustavo Petro ha convocado a una marcha el próximo jueves que inicialmente era para mostrar el apoyo popular que mantiene ante un supuesto golpe de Estado en su contra. Pero se ha convertido, cada vez más, en una prueba para mostrar el mismo músculo popular ante uno de los de tribunales más importantes del país, la Corte Constitucional, que ha recibido un centenar de demandas contra la reforma pensional del Gobierno, el principal logro legislativo de Petro en dos años.

“Tenemos conocimiento de la presión que se está gestando, entre algunos sectores, poderes políticos, económicos, para llevar a una decisión a la corte de tumbar la reforma pensional que se aprobó en el Congreso de la República el semestre pasado”, dijo este martes David Racero, representante del movimiento oficialista Pacto Histórico. En la misma rueda de prensa, el líder político explicó que, por eso, su bancada acompañará “la gran marcha por las canas”, una en la que los adultos mayores pedirían mantener vigente la reforma de pensiones. Eso pese a que lo que debe revisar la Corte no es la pertinencia o importancia de los cambios al sistema pensional, sino si el trámite en el Legislativo fue adecuado, o si la ley viola la Constitución.

El mismo presidente, en un discurso que dio el sábado pasado, dijo que esperaba que los nueve magistrados de la Corte Constitucional tuvieran la valentía de apoyar las pensiones: “Ojalá sea capaz, esa Corte, de abrir el camino de una posibilidad entre la maleza horrible de la política tradicional que se está configurando ahora, sea capaz, como he visto otras cortes, las que llevaron el 30% del Senado a la cárcel por ser asesinos parapolíticos”. Se refiere a otro alto tribunal, la Corte Suprema de Justicia, que hace dos décadas, se enfrentó al Gobierno de Álvaro Uribe al investigar políticos aliados suyos, quienes habían recibido apoyo de grupos paramilitares. “Ojalá otra Corte levante esa misma luz para abrir ahora las posibilidades de una democracia, que quieren cerrar”, dijo el presidente Petro.

Si bien todos los mandatarios buscan defender sus reformas ante el tribunal constitucional, como lo hace Petro con la pensional, usualmente lo hacen con los abogados de Presidencia, que defienden el caso, como lo ha hecho el actual jefe de Estado con su reforma tributaria. Lo inusual es el llamado a defender con marchas una reforma ante un tribunal, y ocurre en un momento particularmente sensible en la relación del Ejecutivo con las altas cortes, sobre todo con el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia.

Desde hace más de dos semanas, el presidente viene criticando una decisión del Consejo de Estado, el tribunal más alto entre los jueces, que zanja las disputas que tienen que ver con el Estado tales como demandas contra una entidad, la legalidad de los decretos del Gobierno, o las elecciones. Se trata de una decisión tomada en agosto, por su Sala de Consulta, que indica que el Consejo Nacional Electoral (CNE) puede investigar la campaña del presidente en caso de que esta haya superado los topes financieros de campaña, e incluso al presidente mismo. Pero ha aclarado que esa investigación máximo podría derivar en una multa, no en una destitución del mandatario, pues esa potestad solo la tiene el Congreso. Sin embargo, Petro ha martillado que tener al CNE investigándolo es parte de un golpe de Estado en su contra. “Es insólito hablar de golpe de Estado”, le ha replicado el presidente del tribunal, el magistrado Milton Chaves.

Antes de ser presidente, Petro mantuvo un tono elogioso ante las Cortes. Apreció el respaldo que le dio el Consejo de Estado cuando este tribunal falló contra la decisión del exprocurador Alejandro Ordóñez de destituirlo de su cargo como alcalde de Bogotá. También, como lo dijo en su discurso del sábado, habló con admiración de las investigaciones que hizo la Corte Suprema de Justicia contra la parapolítica. De hecho, su ministro de Defensa, Iván Velásquez, era el magistrado auxiliar de esa corte encargado de coordinar ese enorme expediente.

Sin embargo, como presidente, sus relaciones han sido difíciles. Ha dejado plantados a los magistrados, la última vez en Quibdó, cuando dijo que no pudo asistir por estar devastado ante la partida del país de su hija menor (Antonella, se supo días después, ya decidió regresar). Gerson Chaverra, chocoano y presidente de la alta corte, manifestó sutilmente su molestia. “Había un espacio para él en este momento de reflexión”, dijo. Una silla que quedó vacía, a pesar de que el tribunal le había pedido confirmar con mucho tiempo de anticipación. El presidente también dijo ese día que no entendía por qué Chaverra podía ser de una tendencia política diferente a la suya, sobre todo por su raza. “Poco entiendo de por qué los hombres negros puedan ser conservadores”, dijo. El magistrado, cuya posición política no es pública, no le respondió.

La mala relación de Petro con la Corte Suprema tuvo otro momento agrio en febrero, cuando presionaba en sus discursos al tribunal para que eligiera a una de las abogadas que había postulado para ser fiscal general. Sus simpatizantes protestaron entonces contra los magistrados y en las puertas del Palacio de Justicia de Bogotá, bandeando banderas del M-19, el movimiento guerrillero del que hizo parte Petro —y que fue responsable de la toma violenta de ese mismo edificio en 1985, que se saldó con una retoma militar a sangre y fuego y la muerte de decenas de personas, incluyendo varios magistrados―. En ese entonces, el presidente dijo que la única amenaza venía de la extrema derecha y pidió a la Policía proteger la movilidad de los magistrados.

Estos últimos pidieron mesura, para poder tomar decisiones sin la presión de una marcha en la puerta del tribunal. “La democracia queda en vilo cuando cualquier sector o actor de un país pretende presionar política, física o moralmente decisiones de la justicia”, dijo entonces Chaverra, de la Corte Suprema. “Los jueces en todos los niveles requieren de tiempo, espacio y condiciones aptas para una adecuada deliberación y decisión de los asuntos y encargos propios”, dijo la presidenta de la Corte Constitucional, Diana Fajardo. Será ella, y sus ocho compañeros, quienes ahora enfrentan la discusión jurídica por el trámite y el contenido de la reforma pensional, y tendrán que hacerlo en medio de marchas oficialistas cerca a la puerta del tribunal.

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