La frontera colombiana aguarda con nerviosismo el desenlace de la crisis poselectoral de Venezuela

Los puentes fronterizos siguen plenamente abiertos. Ni siquiera el paro camionero, con el que lidió el Gobierno de Gustavo Petro esta semana, detuvo el flujo de personas y vehículos por el Simón Bolívar, el más tradicional de los cruces que conectan a Colombia con la vecina Venezuela, sacudida por una crisis poselectoral que ya cumple más de un mes sin salidas a la vista. Es jueves al mediodía en La Parada, el asentamiento que ha crecido en la boca del puente del lado colombiano, y las personas que van y vienen bajo un sol abrasador que rebota contra el asfalto no se detienen, como de costumbre.

Los cruces binacionales han sido el embudo de uno de los mayores flujos de personas en el mundo. Casi tres millones de venezolanos se han asentado en Colombia, por mucho el principal país de acogida de la diáspora. El Simón Bolívar, que comunica la zona metropolitana de Cúcuta con San Antonio del Táchira, se ha visto en varios momentos desbordado por las sucesivas oleadas de migrantes que han salido empujados por la hiperinflación, la inseguridad o la escasez de alimentos y medicinas en los años que lleva Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores. Sin embargo, ha estado menos concurrido de lo habitual a lo largo de esta inusual semana, marcada por los bloqueos de camioneros y transportadores –hasta 21 en el departamento de Norte de Santander–, que no llegaron a paralizar a la mayor urbe colombiana sobre la frontera y se levantaron el viernes.

Aunque todavía se asoma uno que otro carruchero, jóvenes desposeídos que cargan paquetes por unos pocos billetes, y persiste algún trochero que se ofrece a llevar personas por los caminos informales, el Simón Bolívar ha vuelto a ser un puente esencialmente vehicular después del restablecimiento de relaciones con la llegada de Petro al poder. Los días en que miles de peatones transitaban sin descanso se antojan lejanos. Aunque siempre habrá trochas activas en una frontera tan porosa, con más de 2.200 kilómetros, los carrucheros han cedido su lugar a los carros y los mototaxistas, que parecen omnipresentes y ofrecen viajes a las poblaciones cercanas a lado y lado. Ya no están las carpas ni las vallas, y los pitos han relevado aquel sonido de las ruedas de maletas y carritos que transportaban todo tipo de mercancía, la banda sonora que caracterizó el lugar durante los largos años de diferencias irreconciliables entre Bogotá y Caracas.

Con Maduro atrincherado en proclamarse ganador de las elecciones del 28 de julio sin mostrar ninguna prueba de ese resultado, Petro persiste en un intento de mediación para desbloquear la situación. El presidente de Colombia insiste en pedirle a Maduro que muestre las actas electorales y evite la represión de la oposición, que defiende el triunfo de Edmundo González luego de haber recolectado y publicado la casi totalidad de las famosas actas. “De nuestra parte las poblaciones fronterizas pueden sentirse tranquilas”, declaró Petro a mediados de agosto, cuando postuló su fórmula para una salida negociada que incluía “nuevas elecciones libres”, una idea rechazada desde ambas orillas. “Las fronteras seguirán abiertas para mejorar la prosperidad común de nuestros pueblos”, prometió entonces.

Por aquí han pasado también decenas de perseguidos políticos que huyen de la represión desatada por el chavismo, que incluye a dirigentes opositores, líderes estudiantiles, defensores de derechos humanos, periodistas o testigos electorales. Su presencia, sin embargo, no es palpable en Cúcuta, pues tienden a seguir su camino hacia otros lugares de Colombia. Sitiada por un archipiélago de bandas y grupos armados, no les inspira confianza. “Este ha sido un año dramático para nosotros en términos de violencia; Cúcuta hoy no es una ciudad segura para nadie”, apunta Wilfredo Cañizares, defensor de derechos humanos y director de la fundación Progresar. “El Gobierno se equivocó al pensar que solo el restablecimiento de las relaciones y el intercambio comercial iban a solucionar los problemas de la ciudad”, se lamenta.

Las restricciones hoy son mínimas en todos los puentes que comunican el departamento de Norte de Santander con el estado Táchira. Al Simón Bolívar y el Francisco de Paula Santander, estructuras obsoletas tras más de medio siglo de servicio en un eje que llegó a ser en mejores tiempos el paso comercial más activo de América Latina, se suma ahora el de Tienditas, rebautizado como puente Atanasio Girardot, una moderna infraestructura que por fin entró en servicio en 2023 como parte del deshielo. El esperado repunte del intercambio comercial también queda en el aire a la espera del desenlace de la crisis.

Jonás Garrido, un venezolano de 42 años que sobrevive en medio de la informalidad ayudando a las personas que cruzan, bien sea con las maletas o con los trámites, vivió el proceso electoral con la expectativa de un cambio que le permitiera regresar. Viajó hasta su natal Puerto Cabello, en el estado Carabobo, a más de 700 kilómetros, para el día de elecciones. “Fui para allá a votar con el pensamiento de quedarme, pero si la cosa seguía igual me volvía a venir para acá. No mejoró nada”, se lamenta. Solo estuvo dos semanas. “No aguanté. Está demasiado rudo para comer, trabajar…aquí por lo menos se consigue algo”, relata.

Las autoridades regionales se mantienen expectantes ante la posibilidad de una nueva oleada migratoria, que hasta ahora no se ha producido. “Después de las elecciones hemos visto unos flujos que han disminuido”, dice sobre el propio puente Kimberly Labarca, la secretaria de fronteras de Norte de Santander. El flujo de los llamados migrantes pendulares, que van y regresan, es de unas 35.000 personas diarias, señala. “Este flujo ha disminuido aproximadamente un 13%, a unas 30.000 personas, e incluso varios comerciantes nos han comentado que sus ventas han bajado hasta un 30% o 40%”, detalla la funcionaria. Migración Colombia tiene un plan de contingencia con unos semáforos de alertas, pero de momento no se han activado.

“Está flojo, flojo”, corroboran los cambiabolivares este caluroso jueves detrás de las ventanillas de seguridad de las abundantes casas de intercambio de divisas en La Parada, aunque atribuyen la escasa actividad al paro de camioneros. Les siguen llamando así a pesar de que, ante la dolarización de facto de Venezuela, ahora solo cambian pesos y dólares, ya no bolívares.

La frontera vive “una tensión” ante el imprevisible desenlace del proceso electoral en Venezuela, apunta William Villamizar, el gobernador del Norte de Santander, sin ocultar su preocupación. “Ese desenlace nosotros esperamos que no sea una migración masiva, que ya la hemos tenido en el departamento en épocas anteriores”, dice. Villamizar, en su tercer periodo, también era gobernador en otras crisis como la de 2015, cuando Maduro cerró la frontera y expulsó a miles de colombianos que cruzaron el río Táchira con sus enseres al hombro. En esos momentos críticos que parecían superados, con bastante más de 100.000 entradas diarias, los migrantes se han quedado en las plazas, los parques y las calles de la ciudad, e incluso se ha producido el fenómeno de los caminantes, que se internan a pie por las carreteras para llegar al centro del país, o incluso hasta la frontera con Ecuador.

“Esta migración masiva, cuando se da, nos obliga a generar una atención al migrante en salud, con la alerta amarilla en los hospitales; en educación, en donde toca atender los niños en el sistema escolar; y también en los temas de seguridad”, detalla Villamizar. Cuando ha ocurrido, el flujo rebasa la capacidad institucional de respuesta, advierte. “Por eso nosotros esperamos que el desenlace final se acepte en el pueblo venezolano, que de alguna manera no tenga que volver a darse ese éxodo tan grande”, añade. Admite que los temas en los que estaba trabajando con el gobernador del Táchira, el chavista Freddy Bernal, están “relativamente paralizados”. Los gobernadores de los departamentos fronterizos no están autorizados a opinar sobre la forma en que se desarrollen los procesos electorales en el país vecino, “es una definición que debe hacer el canciller [Luis Gilberto Murillo]”, apunta para evitar pronunciarse. La postura diplomática de Bogotá no parece una prioridad entre sus preocupaciones.

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