Cotorra, Carmen de Bolívar y Saravena: los tres exalcaldes desconocidos que están en el centro del escándalo de la UNGRD

El escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) es transversal al poder político colombiano: se han señalado a altos funcionarios de la presidencia, ministros, congresistas, pero también a alcaldes de pequeños municipios, personas desconocidas hasta la semana pasada. Se trata de pueblos con poco presupuesto, que dependen del Gobierno Nacional, y que han sido vulnerables a las lluvias y sequías de los últimos dos años, por lo que necesitan de la UNGRD para atender calamidades. Aunque la atención se ha enfocado sobre todo en la cabeza del escándalo, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, tres exalcaldes desconocidos fueron acusados de participar en el esquema corrupto para conseguir un contrato de emergencia, ya sea porque la urgencia no existía o porque cobraban más dinero del que necesitaban para atenderla. Esto se sabe hasta hora de cada uno de ellos.

La acusación

El señalamiento fue hecho por el exdirector de la institución Olmedo López, quien ha aceptado haber hecho parte de un entramado de corrupción que definió como “una cadena que va de los más altos, desde la orden de un ministro, hasta pasar por las manos del alcalde; e inclusive hasta el nombre del contratista que iba a ejecutar la obra”. El objetivo, según comentó López ante la Corte Suprema de Justicia, era que una porción de esos dineros terminaran en los bolsillos de dirigentes políticos y organizaciones —entre los que mencionó al Ejército de Liberación Nacional (ELN), una de las guerrillas más antiguas del país— para que no se interpusieran ante los intereses del Gobierno. Buena parte de lo que se sabe gira alrededor de seis contratos que se desarrollarían en tres pequeños municipios afectados por calamidades climáticas.

Quien fuera el subdirector de López en la UNGRD, Sneyder Pinilla, reforzó el señalamiento. En diciembre de 2023, dice quien también ha aceptado haber hecho parte del circuito de corrupción, solicitó 92.632 millones de pesos (23,1 millones de dólares) del presupuesto de la entidad para llevar a cabo proyectos en los municipios de Cotorra, Córdoba; Carmen de Bolívar, Bolívar; y Saravena, Arauca. Meses más tarde, a partir de las investigaciones periodísticas y los testimonios López y Pinilla, se pudo confirmar que el verdadero propósito del desembolso de este monto —que no alcanzó a realizarse— no era paliar afectaciones generadas por el invierno, sino lograr que las iniciativas del Gobierno tuvieran éxito en el Congreso. Se trata de un esquema conocido en Colombia: dineros nacionales se dirigen a contratistas que son aliados de políticos locales, que a su vez aseguran votos en el Legislativo para apoyar al Gobierno Nacional. Con el cambio de liderazgo en la UNGRD, ahora presidida por Carlos Carrillo, la transferencia de esos recursos permanece frenada.

En la búsqueda judicial de responsables no está todavía claro si los alcaldes de los municipios involucrados jugaron un papel activo en la asignación irregular de los dineros. Los tres salieron de sus cargos el 31 de diciembre de 2023, cuando terminó su mandato. Un reportaje de Noticias Caracol reveló que en Cotorra, Carmen de Bolívar y Saravena había personas encargadas de garantizar la forma en que se gestionarían los contratos.

En Cotorra (Córdoba) es señalado el exalcalde conservador Guillermo Llorente

Ubicada a 35 kilómetros de la capital departamental, Montería, Cotorra iba a recibir cerca de 47.000 millones de pesos (10,5 millones de dólares), el 43% del monto aprobado por la UNGRD y gestionado por el entonces subdirector Pinilla. La liberal María Eugenia López es la actual alcaldesa de esta población, luego de triunfar en las elecciones con 7.857 votos, equivalentes al 61,9% del total escrutado. Después de que se conocieran las declaraciones de Olmedo López, la mandataria explicó los detalles del proyecto que supuestamente adelantaría “la recuperación del sistema integral de drenaje de aguas lluvias” del municipio. En caso de existir responsabilidad penal en el caso de corrupción, dijo, no se le puede atribuir a su gestión en el cargo. “El contrato fue por 25.000 millones y lo presentó la Administración anterior. Lo retiran y lo vuelven a montar por 47.000 millones con unos ajustes; con el mismo objeto, que era la limpieza del canal, drenar y poner unas compuertas”, aseguró ante los micrófonos del noticiero CM&. Dejó en el aire la duda de por qué se duplicó el presupuesto.

Su antecesor en la Alcaldía fue Guillermo Llorente, del Partido Conservador. Tan pronto tomó posesión, en 2021, Llorente pidió 25.000 millones de pesos (5,1 millones de dólares) al Gobierno Nacional para construir un drenaje de aguas lluvias. A pesar de que un año más tarde recibió el visto bueno, en diciembre de 2023, retiró el proyecto. Sorpresivamente, a las dos semanas volvió a presentar la iniciativa, pero con una variación: el costo de la obra casi se duplicó, 47.000 millones. En esa oportunidad, en vez de un año, la aprobación del dinero se demoró pocos días. Ahí es cuando, de acuerdo a Pinilla y López, la aprobación se aceleró por los congresistas que presionaban al ministro de Hacienda, quien a su vez presionaba a la UNGRD.

Blu Radio identificó inconsistencias en los documentos presentados por el entonces alcalde para viabilizar los contratos, como la entrega de un calendario de obra con fechas del 2021, el mismo que había suministrado tres años atrás. La actual alcaldesa, interpelada sobre esos hechos, sostiene que Llorente no le informó de esta obra durante el proceso de empalme y negó cualquier vínculo con los exfuncionarios involucrados. “Nunca me he reunido con Pinilla ni con Olmedo. No los conozco, no sé de dónde sacaron esa información, pero eso no ha ocurrido”, afirmó y dejó claro que ese dinero jamás llegó al erario municipal. En otra entrevista a la emisora La FM, además, insistió que aún requiere de esos recursos para que se ejecute “la limpieza de los drenajes que pasan por Cotorra”, calificando el proyecto como “muy importante”.

En Carmen de Bolívar (Bolívar) apuntan al uribista Carlos Torres

Una situación similar se presenta en Carmen de Bolívar, en donde la UNGRD planeaba transferir 11.695 millones de pesos (2,9 millones de dólares) con la excusa de construir un canal de aguas para el corregimiento de El Salado, localizado a una hora de distancia del casco urbano. Las frecuentes lluvias que inundan la zona serían empleadas para justificar y dar apariencia de legalidad al desembolso. Pedro Vásquez, actual alcalde, cuenta que no recibió dineros del Gobierno para la puesta en marcha del proyecto, que fue aprobado durante el cuatrienio anterior. “Nos quedamos con el pecado pero sin el género. Creen que nos robamos una plata que ni siquiera llegó”, fueron las palabras del político conservador al periódico El Tiempo.

Antes de Vásquez, el alcalde era Carlos Torres, quien contaba con el aval del uribista Centro Democrático. Luego de que su nombre se hiciera público, le confirmó a La Silla Vacía que fue contactado en diciembre por Sneyder Pinilla, quien le manifestó su interés por ejecutar los proyectos en El Salado, que cumplían cerca de dos años de trámites. Torres lo escuchó y, según se comprueba en los pantallazos de WhatsApp que aportó al medio de comunicación, se limitó a remitirlo con uno de los miembros de su gabinete. “Fue una llamada de dos minutos. No hablé más, no lo conozco, no sé quién es”, aseveró.

En Saravena (Arauca) acusan a Wilfredo Gómez del partido Colombia Renaciente

Lo que acontece en Saravena tiene una arista particular, el control que ejerce el ELN en esa zona del departamento de Arauca. Olmedo López, frente a los magistrados de la Corte Suprema, indicó que los casi 34.000 millones de pesos (8,5 millones de dólares) aprobados por la UNGRD también —además de algunos políticos— irían a parar a esta guerrilla, que adelanta un accidentado proceso de diálogos con el Gobierno Nacional. “Emitieron un comunicado hace unos meses diciendo que volvían a los secuestros porque no les han garantizado la manutención de los hombres, mientras hablábamos de paz. ¿Y cómo se lo iban a garantizar? Pues con contratos, señora magistrada”, dijo el exdirector.

El anterior alcalde, Wilfredo Gómez, ni el actual, Juan Cifuentes, han emitido un pronunciamiento sobre los hechos. Este último, hace un mes, agradeció en redes sociales a la UNGRD por destinar recursos para el mantenimiento de maquinaria amarilla que pertenece al municipio. En cambio, las obras de protección de riesgo y prevención de inundaciones en el río Bojaba, que era la destinación del dinero del escándalo, no se han llevado a cabo.

EL PAÍS charló con Eduardo Cedeño, politólogo y analista de Arauca, quien explicó que el nivel de influencia del ELN en la administración pública es alto debido a la ausencia de las autoridades gubernamentales. “La guerrilla lleva años cooptando y suplantando al Estado, no solo en el control de las armas, sino resolviendo los problemas de fincas, de linderos, impartiendo justicia entre vecinos, interviniendo en discusiones familiares”, explicó. “¿Qué el ELN accede a contratos del estado?, todo el tiempo lo ha hecho. Lo hace con una firma contratista, gana una licitación pública y cobra comisiones”, concluye.

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