Salvatore Mancuso, exjefe paramilitar, queda en libertad

El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso Gómez salió este miércoles de la cárcel La Picota, en Bogotá, después de haber permanecido casi dos décadas en una cárcel: primero en Itagüí, Antioquia, y luego en Estados Unidos. La noticia la anunció el mismo Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec), quienes confirmaron que, después de haber verificado con la Fiscalía, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), y el sistema de Justicia y Paz, Mancuso no tenía órdenes de captura vigentes que le impidieran quedar en libertad. El exjefe para estaba recluido en la capital desde febrero pasado, a donde llegó tras ser extraditado de Estados Unidos, luego de pagar una condena por narcotráfico desde 2008. Salió de La Picota escoltado por miembros de la Unidad Nacional de Protección. Por ser un testigo clave en varios procesos judiciales abiertos, además de los enemigos que tiene por su pasado en las armas y sus revelaciones ante la justicia, Mancuso salió de la cárcel en una camioneta blanca blindada. El gobierno le escolta para protegerlo, ahora en libertad.

“Hay que respetar esa decisión. Lo que he escuchado en las declaraciones del señor Mancuso es su compromiso con la construcción de la reconciliación en Colombia, y creo que todo eso ayuda”, dijo el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo.

La decisión del Inpec de dejarlo en libertad ocurrió justo un día después de que el excomandante de las AUC denunciara penalmente al Instituto Penitenciario por los delitos de de prevaricato por omisión y prolongación ilícita de la privación de la libertad. En los últimos días, Mancuso había reclamado que su detención en La Picota era ilícita porque, desde el 5 de julio pasado, una jueza ordenó que su libertad debía hacerse efectiva en, máximo, 36 horas, tiempo que se cumplió el domingo pasado. Sin embargo, el 6 de julio el Inpec contestó que estaba esperando los “paz y salvo” de la Fiscalía, la JEP y Justicia y Paz para cumplir con la orden judicial.

Mancuso Gómez fue nombrado como gestor de paz en agosto de 2023 por el presidente Gustavo Petro, rol que solo puede cumplir en libertad. La designación busca que el máximo jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) pueda colaborar en las mesas de negociación que gestiona el Gobierno con los grupos armados activos. Pero su salida de prisión se ha dilatado desde el 4 de marzo, cuando recibió su primera boleta de libertad pero, desde entonces, cada dos o tres semanas, un tribunal controvertía la decisión hasta que el caso llegó a la Corte Constitucional.

Su caso es icónico, entre otras cosas, porque es el único exintegrante de un grupo armado que participa en dos jurisdicciones transicionales en Colombia. Primero, en Justicia y Paz, un tribunal que nació de la desmovilización de los paramilitares hace dos décadas y cuyos expedientes no se han cerrado. Y, segundo, en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la justicia que nació de la negociación con las FARC en 2016, y al que logró entrar en una forma excepcional: como “bisagra” entre los hechos delictivos cometidos entre las AUC y la Fuerza Pública.

El presidente Petro, que buscó que Mancuso fuera gestor de paz, aún no se ha pronunciado. Pero sí lo ha hecho el expresidente Álvaro Uribe, quien ha dicho en varias ocasiones que Mancuso miente en sus declaraciones—varias de estas señalan al expresidente y a su círculo cercano. “No sorprende la finalidad de la libertad de Mancuso, pero los otros, con 19 años de cárcel, que no se prestan para hacer el juego de “bisagras”, los discriminan y no los reconocen como gestores de paz”, dijo el presidente en referencia a otros jefes paramilitares que han pedido ser juzgados ante la JEP además de sus procesos en Justicia y Paz.

Desde febrero pasado, cuando Mancuso volvió a Colombia, reclamó que tenía derecho a la libertad condicional porque había cumplido sus sentencias de Justicia y Paz mientras estuvo recluido en Estados Unidos. Sin embargo, su aterrizaje en la JEP generó un conflicto de competencias porque ninguno de los dos tribunales con expedientes abiertos tenía la competencia completa para definir su futuro. Desde el 16 de abril pasado, la Corte Constitucional comenzó a analizar su caso y, hasta ahora, no ha emitido un fallo definitivo.

Para el politólogo Juan Carlos Villamizar, asesor del equipo jurídico de Salvatore Mancuso, la decisión sobre su libertad va más allá de un asunto particular. En diálogo con EL PAÍS, dijo que lo que estaba en riesgo era “el futuro de los dos sistemas de justicia transicional que tiene Colombia”. Aunque la Corte Constitucional todavía no ha tomado una decisión de fondo sobre qué tribunal debe quedarse con los expedientes, sus pendientes con la justicia lo continuará, por ahora, fuera de las rejas.

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