El Ministerio de Educación ordena el nombramiento de un rector encargado en la Universidad Nacional de Colombia

La disputa por la Rectoría de la Universidad Nacional de Colombia sumó el miércoles un capítulo más a su larga serie de enredos. En una resolución difundida este jueves, el Ministerio de Educación le ordenó al Consejo Superior Universitario (CSU) que nombre a un rector encargado ante actuaciones “contrarias al ordenamiento jurídico y a los estatutos de la Universidad”. Con la firma de ...

La disputa por la Rectoría de la Universidad Nacional de Colombia sumó el miércoles un capítulo más a su larga serie de enredos. En una resolución difundida este jueves, el Ministerio de Educación le ordenó al Consejo Superior Universitario (CSU) que nombre a un rector encargado ante actuaciones “contrarias al ordenamiento jurídico y a los estatutos de la Universidad”. Con la firma de Juan David Correa, jefe de la cartera de Cultura que actuó en calidad de ministro de Educación ad-hoc para esta resolución, el Gobierno de Gustavo Petro reiteró que no reconoce la posesión de José Ismael Peña en una notaría y sin el aval del Ministerio.

El enfrentamiento comenzó en marzo. El Consejo, en el que el Gobierno tiene presencia pero no hace mayoría, eligió a Peña con cinco de los ocho votos, pese a que el entonces candidato había salido tercero en una consulta a la comunidad universitaria realizada en febrero. El presidente Petro y la ministra de Educación, Aurora Vergara, se apresuraron entonces a aclarar que ellos habían cumplido con la promesa de respetar el resultado de la consulta —la Casa de Nariño tiene dos votos y el Ministerio otro más—. Fueron otros, incluidos los representantes del estudiantado y de los profesores, los que habían garantizado la elección de Peña. Desde entonces, los estudiantes entraron en un paro para reclamar la renuncia del rector designado.

La tensión escaló a principios de mayo, cuando culminó el mandato de la rectora saliente. La ministra Vergara, que preside el Consejo, no firmó el nombramiento de Peña a tiempo por considerar que antes debía revelarse en las actas de la sesión de marzo cómo había sido la posición de cada miembro. El rector designado, por su parte, redobló la apuesta: acudió a una notaría con siete testigos para posesionarse, pese a no tener el aval de la ministra. “Al cumplirse la fecha 2 de mayo es mi obligación, según la ley, posesionarme para no dejar a la universidad sin un representante legal”, justificó en Caracol Radio. “Si algún miembro del Consejo o algún ciudadano colombiano tiene alguna duda con respecto a la legalidad del acto, puede acudir a los tribunales”, añadió.

La más icónica universidad pública de Colombia está, una vez más, en ebullición. En el centro de la disputa han quedado interpretaciones contrastantes sobre qué es la autonomía universitaria, la cual ambas partes dicen defender. Peña, según explicó en una entrevista con EL PAÍS, cree que “dar un paso al costado sería entregar la autonomía”, ya que el Consejo es quien elige a los rectores. Los estudiantes, por su parte, insisten en que honrar estos principios es respetar el resultado de la consulta de febrero. “El único sujeto de autonomía es la comunidad”, comentaron hace dos semanas en una asamblea. Saben que el Ejecutivo de izquierdas es ahora su mejor aliado para resistir el nombramiento del nuevo rector, según reseñó hace dos semanas un artículo en este periódico.

El Gobierno, en tanto, no los ha decepcionado y este miércoles apretó el acelerador para quitar a Peña del cargo. “Ordénese (...) encargar a un rector(a) de manera transitoria hasta tanto se adopte una decisión definitiva por parte del Consejo respecto a la conducta de autoposesión del señor Ismael Peña”, se lee en el texto que firma Correa. La resolución, además, ordena que se tomen medidas para designar a un nuevo representante estudiantil tras la renuncia de Sara Jiménez, que había votado por Peña. En caso de que la instrucción no sea acatada en 24 horas, Correa ha ordenado que se penalice a los responsables con multas de hasta cien salarios mínimos (unos 130 millones de pesos, o 34.000 dólares).

El ministro ad hoc, designado para evitar un conflicto de interés de Vergara en tanto miembro del Consejo Superior, justifica la decisión en que el artículo 67 de la Constitución le otorga al Estado “la facultad de ejercer la inspección y vigilancia de la educación superior”. Asimismo, menciona que el artículo 189 asigna estas funciones al presidente, que a su vez las delega en el Ministerio. Según la resolución, la designación de un rector encargado es necesaria “para reestablecer la continuidad de la prestación del servicio público de educación superior”, en referencia a que no hay clases desde marzo en la mayoría de las unidades académicas.

La respuesta de Peña

Ismael Peña ha expresado su “profunda preocupación” por la decisión y ha enfatizado que él fue “debidamente designado como rector” por el Consejo. Según él, la resolución de Correa “viola flagrantemente la autonomía universitaria, desconociendo principios fundamentales del derecho como el principio de legalidad y el debido proceso”. “Invito a estudiantes, profesores y al personal administrativo a mantener la defensa de la Universidad en el marco de la Constitución, de la Ley y de los estatutos de la universidad”, ha declarado en un comunicado que firma como “rector”.

El representante de los profesores en el Consejo Superior, Diego Torres, también ha rechazado la decisión del Ministerio con un mensaje en la red social X. “Tal y como lo había predicho, hoy comienza la toma de la Universidad Nacional y la muerte a la autonomía universitaria. Todo por la ambigüedad sostenida de la ministra”, ha remarcado. Algo similar ha opinado el exrector Moisés Wasserman, que también apoya a Peña: “Esto es el fin de la autonomía universitaria”. La senadora opositora Paloma Valencia, por su parte, ha asegurado que el presidente quiere “que los estudiantes que hacen política puedan destruir la institución”. “Este es uno de los atropellos más grandes a la autonomía universitaria que se haya visto en la historia de Colombia”, ha subrayado.

La senadora María José Pizarro, del gobiernista Pacto Histórico, ha respaldado la decisión de Correa. “Ante las evidencias de posibles irregularidades en la elección de la rectoría en la Universidad Nacional, no puede mantenerse la situación de desgobierno”, escribió en X. Según ella, el objetivo es “que se surta el debido proceso en las instancias legales correspondientes y la universidad pueda seguir su funcionamiento”. Rodrigo Uprimny, abogado constitucionalista y profesor de la Universidad Nacional, ha comentado que la posesión de Peña “fue tan arbitraria que jurídicamente no existe”. “No hay hoy entonces rector en la UNAL. Por eso pedir al CSU que nombre un rector encargado no es violar la autonomía de la UNAL, sino que es el primer paso para superar esta crisis”, ha remarcado

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