Los timos financieros siguen cautivando a los más ricos en Colombia

Los casos de estafas piramidales, esquemas Ponzi u otros fraudes financieros similares que no se hayan derrumbado o terminado con sus responsables en la cárcel son apenas contados. El ganadero bogotano Felipe Rocha, autor de uno de los timos millonarios más recientes en Colombia, se entregó el martes a la Fiscalía, tras la decisión de un juez de dictar medida de aseguramiento contra el empresario por el delito de estafa agravada en masa. Ahora uno de...

Los casos de estafas piramidales, esquemas Ponzi u otros fraudes financieros similares que no se hayan derrumbado o terminado con sus responsables en la cárcel son apenas contados. El ganadero bogotano Felipe Rocha, autor de uno de los timos millonarios más recientes en Colombia, se entregó el martes a la Fiscalía, tras la decisión de un juez de dictar medida de aseguramiento contra el empresario por el delito de estafa agravada en masa. Ahora uno de los interrogantes en el caso del ganado falso del hierro de Achury Viejo es cómo fue posible que tantos inversores de la alta sociedad, con estudios financieros e información suficiente, hayan caído sin apenas pestañear.

Para la unidad encargada de inspeccionar los casos de captación ilegal de la Superintendencia Financiera (SFC), 2023 supuso uno de los cursos más agitados. El ente regulador intervino con medidas cautelares 13 negocios que alcanzaron a afectar a unas 604 personas que creyeron estar depositando su dinero en algún invento mágico que les aportaría un retorno monetario permanente de dos dígitos. A medida que la publicidad en las redes sociales se difunde con más celeridad, el trabajo de los reguladores se complica.

Aunque a primera vista el número de damnificados parece marginal, José Camilo Torres, director de control y ejercicio ilegal de la actividad financiera en la SFC, completa el retrato: “El año pasado fue muy fuerte. El valor captado fue de 21.300 millones de pesos (unos cinco millones de euros). Esas son cifras de los casos donde ha habido proceso de intervención. Pero sabemos que en esos negocios se han presentado más de 4.000 personas a reclamar montos cercanos a los 100.000 millones de pesos”. La dimensión de los negocios como los de Rocha o el sonado DMG, añade, es mucho mayor.

El esquema piramidal clásico promete unas rentabilidades altas a los precursores de la estructura y a los inversores que se apuntan temprano al proyecto. El sostenimiento de la pirámide, en teoría, depende de los depósitos de nuevos clientes que entran para tapar las posibles retiradas de fondos precedentes. En el caso de Felipe Rocha, los beneficios excepcionales estaban mediados por la cría y venta de un lote con ganado inexistente. En este caso se ha llegado a hablar de un agujero financiero que ha basculado entre los 70.000 y los 16.500 millones de pesos, y que ha afectado a 85 personas, entre las que se contaban varios miembros de su círculo más íntimo.

“El colombiano por naturaleza, y especialmente la clase alta”, explica Fabio Humar, abogado de una treintena de las víctimas, “tiene la mentalidad del golden ticket”. Lo dice en referencia a los cupones dorados del cuento infantil Charlie y la fábrica de chocolate: “La clase alta cree, por alguna razón, que han descubierto un negocio rentable que nadie más ha hallado, y que los inversores son unos pocos elegidos”.

El problema no se circunscribe solo a Colombia. En el caso estadounidense salta a la vista la estafa de Bernard L. Madoff, quien embaucó a 40.000 personas por unos 65.000 millones de dólares desde los años ochenta. Entre ellos se hallaban decenas de inversionistas acreditados y bien conectados a nivel mundial que, según Marie Springer, la autora de The politics of Ponzi Schemes: History, Theory and Policy, habrían apostado su dinero sin tener mayor tiempo para dudar o hacerle auditoría al sistema. La mayor estafa reciente en Colombia fue bautizada con las iniciales de su diseñador: DMG (David Murcia Guzmán). Su historia obligó al presidente Álvaro Uribe a decretar el estado de emergencia para responder a más de 500.000 personas afectadas por un fraude de más de 2.000 millones de dólares de entonces.

Entre ellos se contaban dos familiares del profesor de Economía de la Universidad de los Andes Daniel Mejía. “Dos profesionales de la Universidad Nacional. Profesores universitarios que no eran ni economistas ni expertos en administración de empresas, pero tampoco personas de ingresos bajos en una zona remota”, aclara Mejía. El académico, que publicó junto a otros tres investigadores un estudio sobre DMG, recuerda que el 80% de los inversores en Colombia perdieron toda su plata: “Muchos de los montos que la gente invertía eran de miles de millones de pesos. No eran personas de bajos recursos que uno pudiera imaginar que tuvieron poco acceso a la banca formal”.

Se trata de otro factor que Humar enlista, a falta de mayor literatura sobre el tema en Colombia, para tratar de comprender el fenómeno social: “El mercado financiero no es robusto, ni ofrece opciones interesantes de inversión. Cualquier persona con excedentes de liquidez, que quiera invertir, tiene pocas posibilidades, muy poco atractivas”. Detalla que los CDT (Certificado de Depósito a Término), los fondos de inversión o cuentas de ahorro no son canales con un menú amplio de buenos rendimientos. “Por eso, en parte, cuando aparecen estos esquemas que a primera vista son novedosos y ofrecen beneficios atractivos, es normal que la gente caiga”, remata.

La psicóloga jurídica Mayerly Estrada, sin embargo, llama la atención sobre la necesidad de evitar generalizaciones a la hora de caracterizar tanto a los estafadores como a sus víctimas. “Los medios ponen, a veces, el foco sobre los casos que involucran a personas con mayores recursos económicos. Como han recibido más educación, más instrucción financiera y universitaria, se espera de ellos una conducta más responsable o cauta. Pero en realidad lo mismo sucede con los políticos, que a pesar de sus privilegios, son los más proclives a la corrupción”.

En todo caso la explicación fundamental para que miles de colombianos de la élite sigan cayendo en estos fraudes cada vez descansa menos en la ignorancia. En consecuencia, cuando casos como el de Rocha vuelven a saltar, siempre aflora un rasgo congénito de la condición humana: la codicia. La académica Marie Springer se pregunta en su libro: “Si [Madoff] recibió 150 años de prisión, ¿por qué alguien habría de emprender un esquema Ponzi y pensar que se puede salir con la suya? Pero los hay. Ellos creen que son más listos”. Fabio Humar hila más fino y pone sobre la mesa un rasgo local: “En Colombia el narco, con su ética y estética, nos dejó la impronta mortal de que el dinero fácil es posible. Con ser vivo basta”.

Karina Cruz, directora de iniciativas empresariales y sector privado en la oenegé Transparencia por Colombia, argumenta que cualquier nivel de alfabetización financiera se desvanece frente al influjo de ciertos rasgos culturales. Para la investigadora el tejido social en Colombia está permeado por “bajos niveles de principios éticos y morales”: “La complicidad entre niveles éticos bajos y la idea de la vida fácil proveniente de la cultura del narcotráfico. Eso, sumado a la ausencia del Estado en algunas zonas del país, son el caldo de cultivo para que estas pirámides cobren importancia en la vida económica y social”.

Para José Camilo Torres las explicaciones de corte socioeconómico no pesan en su labor de sabueso financiero. Por su discurso desfilan todas las preocupaciones que han surgido a raíz de las nuevas estafas digitales y la complejidad para desenmascarar esquemas cada vez más sofisticados: “Como norma básica siempre hay que tener mucho cuidado con los ofrecimientos de tasas altas en los negocios. Pero incluso para la gente más educada, hay negocios montados sobre estructuras que no permiten identificar fácilmente lo que hay en el fondo. Hay contratos de cuentas en apariencia legales, gestores ocultos y gente que realmente se ha profesionalizado en engañar y estafar”.

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