La Corte Suprema eleva el tono por el bloqueo del Palacio de Justicia: “La democracia queda en vilo”

La expectativa estaba puesta en la votación de la Corte Suprema de Justicia para elegir una nueva fiscal general. En paralelo, desde las ocho de la mañana organizaciones sindicales llevaron a cabo manifestaciones en las principales ciudades del país. El objetivo era exigir que los magistrados de ese tribunal seleccionaran este mismo jueves a una de las abogadas ternadas por el presidente Gustavo Petro —Amelia Pérez, Ángela María Buitrago ...

La expectativa estaba puesta en la votación de la Corte Suprema de Justicia para elegir una nueva fiscal general. En paralelo, desde las ocho de la mañana organizaciones sindicales llevaron a cabo manifestaciones en las principales ciudades del país. El objetivo era exigir que los magistrados de ese tribunal seleccionaran este mismo jueves a una de las abogadas ternadas por el presidente Gustavo Petro —Amelia Pérez, Ángela María Buitrago o Luz Adriana Camargo— e impedir que la Fiscalía quedara interinamente en manos de la vicefiscal Martha Mancera, mano derecha del saliente Francisco Barbosa, un declarado opositor del Gobierno Nacional. El desenlace no les resultó favorable. Por cerca de dos semanas, como mínimo, Mancera relevará a su jefe, ya que ninguna de las candidatas obtuvo los 16 votos requeridos para ganar la elección.

La Federación Colombiana de Educadores (Fecode) inicialmente convocó un plantón al frente del Palacio de Justicia en Bogotá, en donde opera la Corte. Posteriormente, trasladó el lugar de la citación un par de kilómetros al occidente, a la sede principal de la Fiscalía. Otros sindicatos se unieron. La indignación tenía un origen común: la inspección judicial que funcionarios de la Fiscalía adelantaron en las instalaciones de Fecode el pasado 22 de enero, a raíz de su investigación sobre la donación de 500 millones de pesos (125.000 dólares) que la organización realizó al partido del presidente Gustavo Petro y que posiblemente fue destinada bajo la mesa a su campaña. La diligencia fue calificada de “allanamiento” por el presidente y recibió el rechazo de buena parte de la izquierda.

En la mañana del jueves, al frente de la Fiscalía, desde una tarima, diferentes voceros lanzaban arengas en contra de Barbosa y Mancera. Cientos de trabajadores respondían airadamente. Un helicóptero de la Policía sobrevolaba la escena y recibía rechiflas e insultos. Abundaban banderas de Palestina y de la guerrilla M-19, que se desmovilizó hace más de tres décadas y en la que militó Petro, así como pancartas alusivas a diferentes partidos y movimientos de izquierda. Un grupo musical de jóvenes del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) acompañaba la aglomeración con tambores y otros instrumentos de percusión. La multitud aumentó con el paso de las horas.

Francisco Maltés, dirigente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), explicó que el propósito era “exigir a los magistrados que cumplan su función” y eligieran una nueva fiscal general. “Venimos a despedir al fiscal Barbosa, que va a terminar su gestión plagado de corrupción en todos los niveles”, comentó a EL PAÍS. Ante la pregunta de si consideraba que su exigencia a los miembros de la Corte contrariaba la petición del presidente Petro, quien dijo días atrás que “el progresismo no ataca la justicia”, aseguró que la ciudadanía tiene derecho a pedirles resultados pronto, debido a que son “empleados públicos, cuyos sueldos los paga el pueblo”.

Figuras políticas también participaron. Heidy Sánchez, concejal del Pacto Histórico, repartió afiches de un estarcido del rostro del presidente. “Estamos pidiéndole a la señora Mancera que dé un paso al costado después de todos los escándalos que han salido en los últimos días”, dijo en relación con las investigaciones periodísticas sobre un presunto encubrimiento al exdirector del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de Buenaventura, vinculado con redes de narcotráfico y tráfico de armas. A pocos metros estaba Carlos Carrillo, exconcejal del Polo Democrático, quien criticó la tardanza de los magistrados. “La Corte Suprema, al demorarse, va a premiar a Francisco Barbosa, que usó la Fiscalía para favorecer a un sector político, su sector, el Centro Democrático”.

Cerca de las once de la mañana, el plantón se convirtió en caminata y se dirigió al centro de la ciudad. En la Plaza de Bolívar, al frente del simbólico Palacio de Justicia de Bogotá, otro puñado de manifestantes —considerablemente inferior a los de otras ocasiones— los esperaba. Edgar Flórez estaba rodeado de sus “antiguos camaradas del M-19″. Hizo énfasis en que todos “eran compañeros de Gustavo [Petro]”. Llevaba una bandera de la extinta guerrilla, que tuvo entre sus acciones más famosas una sangrienta toma de ese mismo Palacio —respondida a sangre y fuego por las Fuerzas Armadas— amarrada a su cuello. Allí se enteró de la noticia. No hubo elección de la nueva fiscal. “Estamos preparados para la crisis. Sabíamos que esto podía extenderse”.

Poco antes del mediodía, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra, anunció ante los micrófonos que los magistrados habían votado dos veces, pero que, como era previsible por la historia de elecciones pausadas, demoradas, no habían logrado la mayoría de 16 votos. Quedaba entonces claro que Mancera asumiría el liderazgo de la Fiscalía este lunes 12 de febrero, cuando termine el período de quien ha sido su jefe desde 2020.

Tras conocerse el resultado, la protesta no se diluyó hacia la hora del almuerzo bogotano, como suele ocurrir. Más manifestantes fueron arribando, los coros sonaban más duro y la tensión, por momentos, se incrementaba. El plan de algunos era no dejar a los togados salir del edificio. Un hombre así lo explicaba en un megáfono. “No sean de los que vienen, se toman una foto y se van. Los magistrados van a tener que salir y es nuestro deber esperarlos, hacerles sentir que aquí estamos”. Hacia las dos y media de la tarde, varios medios anunciaron que entre los magistrados había molestia, al sentirse rodeados y limitados en su movilidad.

El costado norte del edificio, por donde ingresan las camionetas blindadas de los magistrados, estaba repleto de personas indignadas. Una reja de hierro separaba a policías, que estaban listos para una eventual confrontación con escudos y cascos, de decenas de manifestantes que gritaban en contra de los magistrados. El sonido de las hélices de helicópteros de la Policía volvió a aparecer. El pavimento se llenó de pintura negra, luego de que un pequeño grupo de manifestantes encapuchados escribiera consignas. “Fuera fiscal”, se leía. Paradas sobre la reja, personas con pañoletas golpeaban el metal con palos de madera.

Hugo Mariño tenía la mirada fija al edificio, irritado. Advirtió que la camiseta de la reserva del Ejército Nacional que estaba vistiendo era “un regalo”, y que hizo parte del M-19. “Después de tantos años, por fin hay una posibilidad de cambiar esto. ¿Cómo es posible que los magistrados prefieran mantener el estatus de siempre? Eso no es una Corte, es un cartel”, aseveró. Cruzando la acera, en una de las barreras de acero que impedía a la multitud acercarse a las escaleras del Palacio de Justicia, un hombre se amarraba y anunciaba que iniciaba una huelga de hambre hasta que se eligiera una nueva fiscal. “No voy a tomar nada ni comer nada”, apuntaba.

Dentro del edificio, el nerviosismo aumentaba. Varios periodistas hicieron pública su preocupación a través del grupo de WhatsApp de la oficina de comunicaciones de la Corte. “Auxilio”, escribió una de las comunicadoras. Por orden de los encargados de la seguridad del recinto, nadie debía intentar salir. El director nacional de la Policía, William Salamanca, llegó para conversar con los magistrados, y señaló que no tenía reportes de actos violentos. Horas después, con la concentración volcada hacia la entrada del parqueadero, los periodistas lograron evacuar.

El presidente Petro, ante la tensión, se pronunció en su cuenta de X. “Aquí la única que ataca la justicia es la extrema derecha que teme una fiscal decente. Por tanto, le ordeno a la Policía Nacional actuar sobre las personas que impiden la libre movilidad de magistrados y presentar un informe público de quienes se tratan”, dijo, señalando la posibilidad de que el bloqueo a los magistrados lo realizaran infiltrados. Posteriormente, en la misma plataforma, instó a la gente a permitir la salida de las camionetas y avisó que había ordenado “despejar las puertas con respeto pero con contundencia”.

Minutos más tarde, el magistrado Chaverra se pronunció por segunda vez. leyó un comunicado de la Corte que calificaba lo acontecido como “un bloqueo violento e ilegal”. Sus palabras cargaban una reprobación a quienes impulsaron las manifestaciones en contra del tribunal. “La democracia queda en vilo cuando cualquier sector o actor de un país pretende presionar política, física o moralmente decisiones de la justicia”. La Corte Constitucional, que también funciona el Palacio de Justicia, lo respaldó. “Los jueces en todos los niveles requieren de tiempo, espacio y condiciones aptas para una adecuada deliberación y decisión de los asuntos y encargos propios”, indica el comunicado publicado en redes sociales y que leyó en un video su presidenta, Diana Fajardo.

Las bombas aturdidoras de la Policía sonaron alrededor de las cinco de la tarde. Los comercios aledaños, que operaban con normalidad hasta entonces, cerraron rápidamente y albergaron a algunos de los manifestantes. Los demás corrieron lejos, y el plantón se disipó. La protesta, que el presidente no quería que fuera percibida como una presión sobre la Corte, termino siendo justamente eso. Las consecuencias se verán en las próximas semanas. De momento, está claro que Martha Mancera será fiscal general de la Nación desde el próximo 12 de febrero.

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