Day Vásquez pacta con la Fiscalía una inmunidad a cambio de colaborar en la investigación contra Nicolás Petro

La investigación del hijo mayor del presidente, Nicolás Petro, por lavado de activos, ha vuelto a aparecer este miércoles en los titulares. Su exesposa, Day Vásquez, también imputada en el caso, ha firmado un principio de oportunidad para colaborar con la Fiscalía, que le daría inmunidad total por dos años. El acuerdo se pactó con el jefe de fiscales delegados ante la Corte, Gabriel Jaimes, y se ha radicado ante un juez de garantías de Barranquilla. A...

La investigación del hijo mayor del presidente, Nicolás Petro, por lavado de activos, ha vuelto a aparecer este miércoles en los titulares. Su exesposa, Day Vásquez, también imputada en el caso, ha firmado un principio de oportunidad para colaborar con la Fiscalía, que le daría inmunidad total por dos años. El acuerdo se pactó con el jefe de fiscales delegados ante la Corte, Gabriel Jaimes, y se ha radicado ante un juez de garantías de Barranquilla. Ahora, ese juez decidirá si acepta lo pactado. El juicio de Nicolás Petro está programado para iniciar el próximo 11 en esa misma ciudad.

El principio de oportunidad suspende la persecución penal en contra de Vásquez por los cuatro delitos que ya ha aceptado haber cometido: peculado por apropiación, interés indebido en celebración de contratos, lavado de activos y uso de datos personales. En cambio, se comprometió a ser testigo de cargo contra Nicolás Petro ―acusado de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y falsedad en documento privado― y otras personas más. Según la revista Semana, que suele tener primicias de la Fiscalía, se trata de César Emilio Vásquez; Blanca Isabel Gutiérrez; Jonathan Cabrales; Gustavo de la Ossa; Raúl Lacouture; su expareja Pedro Name y Pura Varela.

Horas después de que se revelara el acuerdo de Vásquez, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes abrió una investigación previa contra el presidente, Gustavo Petro, con el fin de determinar si ingresaron dineros ilícitos a su campaña presidencial de 2022. Esta comisión se encarga de procesar al presidente de la República, al fiscal general y a los magistrados de las altas cortes. Desde 1972, de los más de 3.000 procesos que han abierto sus miembros, congresistas de diversos partidos, solo uno ha terminado en una condena.

Con la firma de este pacto, Vásquez se consolida como la figura central en la investigación del hijo mayor del presidente. De hecho, ella misma fue quien destapó el caso. En marzo de este año, después de que Nicolás terminara su relación para irse con la mejor amiga de ella, Vásquez dio una entrevista impactante a Semana, un medio muy crítico del Gobierno de Petro. En ella, acusó a Nicolás de haber recibido pagos de empresarios que pensaban estar contribuyendo a la campaña electoral de Gustavo Petro, y de no reportarlos. Según Vásquez, Nicolás se quedaba con el dinero; sumas de cientos de millones de pesos (decenas de miles de dólares). Vásquez también relacionó a su exesposo con personajes del mundo del contrabando y el narcotráfico, y aseguró que todo esto lo hacía a espaldas de su padre.

Tras la entrevista, la Fiscalía abrió rápidamente una investigación. Meses más tarde, a finales de julio, las autoridades capturaron a Vásquez y Petro Burgos en Barranquilla y los trasladaron a Bogotá, donde permanecieron varios días detenidos. Un juez los dejó en libertad una semana más tarde, pero el escándalo, digno de una telenovela, ya se había apoderado de Colombia.

Durante meses, Nicolás colaboró con la Justicia e incluso logró un principio de acuerdo con la Fiscalía. Sin embargo, cambió radicalmente de estrategias a finales de septiembre, y decidió dejar de colaborar e ir a juicio. “Hoy inicia la lucha de mi vida, sabía que la Fiscalía de Barbosa no era de fiar y hoy lo demostraron. Me han presionado hasta el límite con la única intención de convertirme en un arma contra mi padre. Decidí levantarme y no arrodillarme ante el verdugo”, escribió entonces en X. Este miércoles, la telenovela más real de Colombia ofreció otro capítulo.

Los Petro versus la Fiscalía

El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, se ha erigido en rival político de Petro padre, Gustavo. La Justicia no acusa al presidente en este caso, pero el asunto ha tensado una relación ya de por sí tirante, marcada por choques, críticas y acusaciones. Barbosa, el mejor amigo de la universidad del expresidente Iván Duque ―el mandatario de derechas que lo nominó al cargo en 2019― ya ha investigado a dos miembros de la familia del presidente por corrupción.

Además de las acusaciones a Nicolás, ha señalado a Juan Fernando Petro, el hermano menor del presidente de izquierda, de haber cobrado a presos para asegurarles un hueco en las negociaciones entre el Gobierno y el crimen organizado. También es un fuerte crítico de la paz total, el proyecto insignia Petro que busca sacar adelante acuerdos de paz con todos los grupos armados del país a la vez. Ha cargado contra ella innumerables veces y hasta ha llegado a tildarla de política fallida. “La paz total se convirtió en una paz criminal”, dijo recientemente.

El presidente y sus aliados tampoco se han mordido la lengua al discutir la gestión de Barbosa. Iván Cepeda, un senador cercano al mandatario, ha acusado al fiscal de utilizar su cargo “con fines políticos y electorales, en un intento por desequilibrar al Gobierno”. Petro no ha sido así de claro en sus críticas, pero durante una visita a España, recordó que él era el jefe de Estado y, por lo tanto, “jefe de él”, en referencia a Barbosa. El fiscal respondió diciendo que eran unas manifestaciones gravísimas contra la independencia judicial en Colombia y la división de poderes. Incluso fue más allá: “Estas declaraciones ponen en riesgo la existencia del Estado de Derecho”. Petro luego debió aclarar que, efectivamente, el fiscal general es independiente del Ejecutivo.

Petro ha asegurado que no entorpecerá la investigación de su hijo, y no lo ha hecho. Sin embargo, al presentar en agosto una terna de mujeres a la Corte Suprema para el reemplazo de Barbosa, quien termina su mandato en febrero, incluyó una carta en la que hizo referencia al asunto. “En cuanto a las indagaciones o procesos penales que involucren a miembros de mi familia, les solicito que consideren la posibilidad de designar un fiscal ad-hoc para que no haya dudas respecto de la transparencia de estas”, escribió. La Corte Suprema debate actualmente quién seguirá a Barbosa en el cargo. Eligirá entre las juristas Luz Adriana Camargo Garzón, Ángela María Buitrago Ruiz y Amelia Pérez Parra.

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