“Trabajo sexual es trabajo”: la bancada de Comunes radica un proyecto de ley para regular la prostitución en Colombia

Difícilmente otro tema divide tanto al movimiento social de mujeres como la legitimidad del trabajo sexual. En un mar de discusiones pueden identificarse dos grandes posiciones. Mientras unos grupos feministas piden prohibir la prostitución por considerarla una práctica patriarcal en la que se esclaviza el cuerpo de las mujeres, otros exigen regularla para evitar la violación de los derechos humanos de quienes la ejercen, en el entendido de que es un trabajo elegido de manera consciente por mujeres adultas, diferen...

Difícilmente otro tema divide tanto al movimiento social de mujeres como la legitimidad del trabajo sexual. En un mar de discusiones pueden identificarse dos grandes posiciones. Mientras unos grupos feministas piden prohibir la prostitución por considerarla una práctica patriarcal en la que se esclaviza el cuerpo de las mujeres, otros exigen regularla para evitar la violación de los derechos humanos de quienes la ejercen, en el entendido de que es un trabajo elegido de manera consciente por mujeres adultas, diferente a la explotación sexual. La bancada del partido de excombatientes de las FARC, Comunes, se alinea con la segunda postura a través de un proyecto de ley que radicó este martes para que el trabajo sexual sea una actividad laboral formal.

El objetivo es cobijar todas las formas de trabajo sexual, desde el modelaje webcam hasta la pornografía, pasando por los servicios sexuales en espacios comerciales y el escort. La regulación propuesta es que los establecimientos que ofrezcan ese tipo de servicios sean los patronos en una relación laboral con quienes ejercen la prostitución. Eso implica que se entienda que ofrecer esos servicios es totalmente legal.

Los congresistas construyeron la propuesta con organizaciones de mujeres que ejercen labores sexuales como Astrasex, Putamente Poderosas o Calle Siete. Carolina Calle, hace parte Astrasex, un sindicato de trabajadoras sexuales con más de 50 integrantes, y es vicepresidenta de Calle Siete, oenegé también compuesta por trabajadoras sexuales. Le explica a EL PAÍS cómo participaron: “Fue un trabajo de meses, horas de hablar con la bancada para que el proyecto fuera garante de derechos humanos, y sobre todo que estuvieran presentes nuestras voces”.

Producto de ese diálogo se incorporaron varias exigencias de las trabajadoras. Para quienes trabajan de manera independiente, el proyecto plantea diseñar una política pública para atenderlas, que debería estar lista en un año. Para quienes trabajan de forma dependiente de un burdel u otro lugar similar, propone que haya una vinculación laboral con contratos a término indefinido. Eso implica que el empleador les debe remunerar por lo menos un salario mínimo, y afiliar y pagar la seguridad social. Tendrían derecho, como cualquier otro trabajador formal, a vacaciones, licencias de maternidad o por luto y primas de servicios.

La senadora Sandra Ramírez ha sido la principal interlocutora con las trabajadoras sexuales sindicalizadas. En medio de una audiencia, Ramírez le explicó a EL PAIS que ven el proyecto como parte de la defensa de los derechos de la clase trabajadora: “Como cualquier otro trabajador y trabajadora, quienes ejercen este trabajo tienen derecho a ser tratados con dignidad y respeto”. Por esa idea, en el artículo 16 se establecen una series de obligaciones para los usuarios de estos servicios. Entre ellos, que los clientes se responsabilicen de su cuidado en salud, realizándose controles médicos periódicos de infecciones de transmisión sexual y que deban usar condón. De negarse, cometerían una infracción al Código de Policía.

Las críticas a la propuesta no tardaron en llegar, y no solo por el debate sobre abolición o regulación. La bancada que lo impulsa está compuesta mayoritariamente por antiguos comandantes de la extinta guerrilla, que según la el tribunal creado en el Acuerdo de Paz en 2016, podrían ser responsables de violencia de género, incluyendo violencia sexual. En ese sentido, hace algunas semanas la Jurisdicción Especial para la Paz anunció la apertura de esperado macrocaso, que investigará a detalle la violencia contras las mujeres y población LGBTIQ+ en el conflicto armado.

Justamente, una de las detractoras más vocales del proyecto es María Luz López Henao, a quien la JEP aceptó como víctima de las FARC en el macrocaso de secuestro. La mujer, que no solo fue secuestrada, sino que cuenta llegó a la prostitución luego de ser víctima de las FARC, habló en varios medios de comunicación. “Para mí es revictimizante ver que se esté lanzando o tratando de que se apruebe un proyecto que me mató en vida, es como una cachetada a mi historia, a lo que viví”, expresó en la emisora Blu Radio.

En sintonía con el Gobierno Nacional

El Gobierno que encabeza Gustavo Petro avanza en una línea similar a la del proyecto de Comunes. Para ello, una de las 20 direcciones del nuevo Ministerio de Igualdad y Equidad, encabezado por la vicepresidente Francia Márquez, estará encargada del asunto. Tiene por nombre Dirección de mujeres en actividades sexuales pagas, y sus funciones principales son implementar lineamientos y rutas de atención para la garantía de los derechos de las mujeres en actividades sexuales pagas; generarles oportunidades laborales y de autonomía económica; y promover atención primaria en salud para ellas, entre otras.

La oficina encaja en varias declaraciones que ha hecho la vicepresidenta. En una entrevista con este diario, sostuvo: “es apenas obvio que mujeres que han vivido violencia sexual, trata de personas, prostitución forzada, tengan argumentos para pedir erradicar ese sistema. Yo también creo en eso. Sin embargo, hay una realidad y es que otras mujeres consideran la prostitución como su trabajo y no tienen atención en salud, son estigmatizadas, nadie las mira ni las protege. El Estado tiene la responsabilidad de proteger a todas las mujeres”. Justamente, la cartera que ella maneja quiere avanzar en garantías laborales para el trabajo sexual, y al mismo tiempo, en oportunidades para quienes lo ejercen, pero buscan otras opciones para sostenerse.

Esa sintonía muestra un terreno más fértil que el de otros proyectos de ley que tenían el mismo objetivo, como el que presentó el ex embajador en Venezuela y entonces congresista por el Partido de la U, Armando Benedetti en 2013.

Para Carolina Calle, el proyecto “abre la oportunidad de materializar nuestros derechos y la lucha que por años hemos dado para que estos se respeten”. La activista enfatiza en que esta propuesta se distingue de otras porque fue creada directamente con las trabajadoras y no con los dueños de grandes estudios o prostíbulos, respetando la agencia de estas mujeres sobre sus cuerpos y la existencia de necesidades que solo ellas conocen.

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